La Fiscalía presenta ante el TS la demanda de ilegalización de ANV
01/10/2010 - 09:45
Ya están las cuatro. Dos contra ANV y dos contra el PCTV; dos presentadas por la Abogacía del Estado y dos por la Fiscalía. La sala del 61 del Tribunal Supremo tiene sobre la mesa las cuatro demandas de ilegalización contra el PCTV y ANV, la última en llegar fue la que presentó la Fiscalía ayer contra ANV, una formación a la que acusa de ceder, paulatinamente, "a favor de la organización ilegal Batasuna los derechos y prerrogativas que le concede la normativa electoral".
Este proceso gradual es el que ha hecho que sea ahora, y no antes de las elecciones municipales cuando el Ministerio Público decida instar su ilegalización. La demanda destaca la ausencia de condena por parte de los dirigentes de ANV de los últimos atentados y su estrategia, idéntica a la de ETA y Batasuna, sobre a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco, como elementos claves para la ilegalización.
Fue sobre las 11.00 horas cuando el fiscal jefe ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, presentó ante la Sala del 61 la demanda de 109 páginas acompañada de seis tomos con los informes de Policía y Guardia Civil que avalan las tesis del Ministerio Público. Además, también se incluye el auto de juez Baltasar Garzón referido al registro de la sede del partido Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) realizado el pasado 5 de octubre de 2007 y el acta del Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya) referida a la Junta de Portavoces celebrada el pasado 3 de diciembre de 2007.
En dicha Junta, ANV se negó a suscribir un comunicado conjunto de repulsa tras los asesinatos de dos guardias civiles por ETA en Capbreton (Francia). Precisamente esta la ausencia de condena por parte de los integrantes de ANV a los últimos atentados de ETA es una de las pruebas claves para justificar ahora, según la Fiscalía, una demanda de ilegalización contra esta formación política. Además también se incluyen las declaraciones de la alcaldesa de Hernani en las que pide un aplauso para Igor Portu y Martín Sarasola, los dos presuntos autores del atentado de la T-4 de Barajas y la negativa del representante de ANV en el Ayuntamiento de Barakaldo a condenar esta acción en la que banda terrorista mató a dos personas e hizo saltar por los aires el alto el fuego.
La otra prueba determinante --amén de las ya consabidas vinculaciones económicas que evidencian la existencia de "un sistema de tesorería común o caja única" de las tres formaciones de la izquierda abertzale que sus dirigentes utilizaban para "sufragar gastos, no sólo de los dos partidos legales, sino también de la formación ilegalizada"-- es su estrategia política respecto a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco. La postura de ANV en esta materia era totalmente coincidente con los postulados de la organización terrorista, basados en la amenaza y la intimidación.
Estas pruebas constituyen "elementos de juicio nuevos" que hacen que la Fiscalía entienda que en este momento sí procede la ilegalización de ANV, en contra de lo que se pensaba antes de los comicios electorales de mayo de 2007, cuando tan solo fueron impugnadas 133 listas electorales de esta formación. Y es que, argumenta la demanda, desde entonces "se ha producido una paulatina cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que concede la normativa electoral a ANV".
Así, la actuación de ANV antes de las elecciones municipales, según la Fiscalía, "no satisfacía entonces la exigencia de reiteración o acumulación" que exige la Ley de Partidos para establecer que una formación está sirviendo a los intereses de organizaciones terroristas. Pero "tras una inicial ambigüedad" totalmente "calculada", respecto a temas fundamentales como la condena de los atentados, ANV ha terminado, una vez que consiguieron entrar en los ayuntamientos, "asimilando el discurso clásico de Batasuna".
Y al igual que las otras tres demandas que han llegado hasta el Supremo, la de hoy también pide al tribunal que adopte medidas cautelares con el objetivo de asegurar que ANV no podrá presentarse a las elecciones generales mientras se decide sobre la ilegalización, un proceso que puede durar meses, el de Batasuna se demoró por espacio de medio año. La Fiscalía pide a la Sala del 61 que cierre la sede de ANV y todos sus locales, embargue sus cuentas y bloquee sus ingresos por subvenciones públicas y, finalmente, la suspensión del derecho a presentar candidaturas en los comicios del 9-M.
En relación a esta última medida el Ministerio Público alerta al tribunal de la cercanía del proceso electoral y le pide que tome esta determinación sin escuchar a ANV. En este sentido, la Fiscalía ruega al tribunal una respuesta en el menor plazo de tiempo posible y siempre antes del 11 de febrero, fecha fijada para la proclamación de candidaturas, para asegurar la "efectividad" de las medidas cautelares. Consciente de la celeridad que exige la proximidad de la cita electoral, la Sala Especial del 61, presidida por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, se reunirá a partir de hoy, para examinar las demandas y pronunciarse.
Fue sobre las 11.00 horas cuando el fiscal jefe ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, presentó ante la Sala del 61 la demanda de 109 páginas acompañada de seis tomos con los informes de Policía y Guardia Civil que avalan las tesis del Ministerio Público. Además, también se incluye el auto de juez Baltasar Garzón referido al registro de la sede del partido Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) realizado el pasado 5 de octubre de 2007 y el acta del Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya) referida a la Junta de Portavoces celebrada el pasado 3 de diciembre de 2007.
En dicha Junta, ANV se negó a suscribir un comunicado conjunto de repulsa tras los asesinatos de dos guardias civiles por ETA en Capbreton (Francia). Precisamente esta la ausencia de condena por parte de los integrantes de ANV a los últimos atentados de ETA es una de las pruebas claves para justificar ahora, según la Fiscalía, una demanda de ilegalización contra esta formación política. Además también se incluyen las declaraciones de la alcaldesa de Hernani en las que pide un aplauso para Igor Portu y Martín Sarasola, los dos presuntos autores del atentado de la T-4 de Barajas y la negativa del representante de ANV en el Ayuntamiento de Barakaldo a condenar esta acción en la que banda terrorista mató a dos personas e hizo saltar por los aires el alto el fuego.
La otra prueba determinante --amén de las ya consabidas vinculaciones económicas que evidencian la existencia de "un sistema de tesorería común o caja única" de las tres formaciones de la izquierda abertzale que sus dirigentes utilizaban para "sufragar gastos, no sólo de los dos partidos legales, sino también de la formación ilegalizada"-- es su estrategia política respecto a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco. La postura de ANV en esta materia era totalmente coincidente con los postulados de la organización terrorista, basados en la amenaza y la intimidación.
Estas pruebas constituyen "elementos de juicio nuevos" que hacen que la Fiscalía entienda que en este momento sí procede la ilegalización de ANV, en contra de lo que se pensaba antes de los comicios electorales de mayo de 2007, cuando tan solo fueron impugnadas 133 listas electorales de esta formación. Y es que, argumenta la demanda, desde entonces "se ha producido una paulatina cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que concede la normativa electoral a ANV".
Así, la actuación de ANV antes de las elecciones municipales, según la Fiscalía, "no satisfacía entonces la exigencia de reiteración o acumulación" que exige la Ley de Partidos para establecer que una formación está sirviendo a los intereses de organizaciones terroristas. Pero "tras una inicial ambigüedad" totalmente "calculada", respecto a temas fundamentales como la condena de los atentados, ANV ha terminado, una vez que consiguieron entrar en los ayuntamientos, "asimilando el discurso clásico de Batasuna".
Y al igual que las otras tres demandas que han llegado hasta el Supremo, la de hoy también pide al tribunal que adopte medidas cautelares con el objetivo de asegurar que ANV no podrá presentarse a las elecciones generales mientras se decide sobre la ilegalización, un proceso que puede durar meses, el de Batasuna se demoró por espacio de medio año. La Fiscalía pide a la Sala del 61 que cierre la sede de ANV y todos sus locales, embargue sus cuentas y bloquee sus ingresos por subvenciones públicas y, finalmente, la suspensión del derecho a presentar candidaturas en los comicios del 9-M.
En relación a esta última medida el Ministerio Público alerta al tribunal de la cercanía del proceso electoral y le pide que tome esta determinación sin escuchar a ANV. En este sentido, la Fiscalía ruega al tribunal una respuesta en el menor plazo de tiempo posible y siempre antes del 11 de febrero, fecha fijada para la proclamación de candidaturas, para asegurar la "efectividad" de las medidas cautelares. Consciente de la celeridad que exige la proximidad de la cita electoral, la Sala Especial del 61, presidida por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, se reunirá a partir de hoy, para examinar las demandas y pronunciarse.