La huelga de los letrados de la Administración de Justicia paraliza ya el pago de más de 30.000 euros en Guadalajara

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguos secretarios judiciales, continúan una huelga. Y así seguirán “hasta que el Ministerio quiera” y atienda sus reivindicaciones, afirma Luis Gómez Loeches, delegado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) en Castilla-La Mancha. 
El pasado 24 de enero, este colectivo comenzó una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales, como son el derecho a la negociación colectiva propia y separada del resto de funcionarios de justicia y la adecuación salarial por las numerosas funciones que han ido asumiendo en los últimos años. 
En Guadalajara, el seguimiento está siendo mayoritario, según UPSJ, una de las organizaciones convocantes. El miércoles 8, por ejemplo, después de varias jornadas de movilización, esta organización lo cifraba en el 89 por ciento, por encima del 67 por ciento de la media regional. 
Esta situación está teniendo serias consecuencias entre la ciudadanía. Solo el miércoles, la huelga supuso que se dejaran de realizar un total de 84 actos programados en Guadalajara; de ellos, 67 eran juicios, 14 otro tipo de actuaciones como declaraciones, comparecencias, juntas, etc., y tres desahucios, según la información ofrecida por el delegado en Castilla La Mancha de la UPSJ. 
Esas cifras hay que multiplicarlas por tres semanas de huelga que están a punto de cumplirse para hacerse una idea de los efectos que está teniendo este conflicto colectivo sobre la población. Hay días que se han suspendido menos actuaciones y otros han llegado hasta las 100 o 110, porque hay juzgados que celebran juicios todos los días, pero otros solo dos o tres días a la semana. 
“En Guadalajara hay ocho juzgados de Primera Instancia, a día 6 de febrero tenían 884 demandas y 2.008 escritos de trámite sin aceptar y el Juzgado de Familia había recibido desde el 24 de enero casi 30.000 euros, y en este juzgado muchos de los pagos que están bloqueados son manutenciones”, ilustra Gómez Loeches. 
Precisamente, una de las consecuencias más grave es la paralización de pagos, indemnizaciones, pensiones de alimentos, reclamaciones dinerarias... porque solo los LAJ los pueden tramitar.
En la provincia de Guadalajara hay una veintena de letrados de la Administración de Justicia (uno en la zona de Sigüenza, otro en la de Molina y el resto en la capital). 

Reivindicaciones

Sus reivindicaciones no son nuevas. El año pasado ya llevaron a cabo algunas movilizaciones y convocatorias de huelga pero las suspendieron al haber alcanzado un acuerdo de mínimos con el Ministerio. Sin embargo, afirman que el Ministerio no ha cumplido sus compromisos y “no solo no ha cumplido, sino que ha cerrado el diálogo”, lo que ha provocado esta medida extrema sin fecha de finalización. 
Hay dos puntos clave en las demandas de los LAJ, que pasan por reivindicaciones salariales y estatutarias. En cuanto a las primeras, Gómez explica que no piden una subida, sino una adecuación retributiva. Y es que en los últimos años, estos profesionales han ido asumiendo nuevas y mayores funciones. 
 “Llevamos contribuyendo al ahorro presupuestario desde el año 2009, en el que para no crear más plazas de jueces, lo que se hizo es descargarles de cientos de competencias y buscaron nuestras espaldas para descargarlas, pero no hubo una correlación salarial; nos atribuyeron mayor volumen, mayores competencias y mayor responsabilidad; todo eso a coste cero. Por tanto, no es una subida”, explica el representante de la UPSJ en Guadalajara.
  En segundo lugar, reclaman una negociación colectiva propia porque no se sienten representados en los sindicatos generalistas que están sentados en las mesas de negociación. Además, “queremos un estatuto nuevo; estaba listo ya en verano del año pasado pero se ha guardado en un cajón”.

Servicios mínimos

Como en todo conflicto colectivo, se han establecido unos servicios mínimos para garantizar que se atiendan casos urgentes. Unos servicios que UPJS considera “excesivos” y que responden a la estrategia del ministerio para mitigar el seguimiento de la huelga.

El Colegio de Abogados de Guadalajara insta al diálogo

El Colegio de Abogados de Guadalajara alerta también sobre las consecuencias de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. En un comunicado señala que  “esta situación está generando un grave perjuicio a la actividad judicial con la suspensión de juicios o vistas programadas, además de otras actuaciones que no están atendidas por los servicios mínimos decretados”. 
Señala en concreto los perjuicios a todos los colectivos relacionados con la Justicia, entre los que se encuentran los abogados, “y cuyas consecuencias se extienden al resto de la ciudadanía”.
Por ello, “solicita al Ministerio de Justicia y a las tres organizaciones convocantes del paro indefinido que abran todas las vías de diálogo posibles de cara a una negociación que acabe con la situación de huelga indefinida actual que mantienen estos funcionarios”.
Por otro lado, el Colegio, que no entra a cuestionar el derecho a la huelga, ni las razones que han llevado a este cuerpo de funcionarios, solicita a las partes implicadas, principalmente al Ministerio de Justicia, que trabaje en la medida de lo posible en mejorar los tiempos de comunicación e información de los procesos relacionados con la huelga para conocer lo antes posible las actuaciones que están afectadas por los servicios que no se entienden como mínimos y, de esta manera, paliar los efectos de la huelga para abogados y toda la ciudadanía en general”.