25/04/2018 / 13:20
Redacción


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“La situación económica del Ayuntamiento de Guadalajara es hoy, probablemente, la mejor de su historia”

El superávit asciende a 7.650.000 euros y parte de él será destinado a la realización de nuevas inversiones en la ciudad.


El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado la liquidación del ejercicio presupuestario de 2017, cuyos datos muestran una destacada mejoría en la ejecución de los gastos (que se sitúa en un 93%), la ejecución de ingresos (de un 104%) y de la recaudación (un 88%).

Asimismo, al final del ejercicio había menor cantidad pendiente de cobro y más capacidad de la tesorería, aspectos que, tal y como ha subrayado el teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, están permitiendo abordar el ejercicio 2018 desde un escenario muy positivo. “La situación económica del Ayuntamiento de Guadalajara es hoy, muy posiblemente, la mejor de su historia”, ha señalado Esteban.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha arrojado un remanente de tesorería para gastos generales de 11.638.271,38 euros; el Patronato Municipal de Cultura, de 1.028.000 euros; y el Patronato Municipal de Deportes, de 28.000 euros.

 

Superávit

Por otro lado, el superávit asciende a 7.650.000 euros, una cantidad que será destinada por el equipo de Gobierno a la realización de inversiones financieramente sostenibles. Se hará a través de una modificación de crédito en la que ya se trabaja. Tal y como ha avanzado el teniente de alcalde, a través de ella, se realizarán inversiones en centros docentes, centros sociales, mejoras de la pavimentación, vías pecuarias, vehículos de policía, bomberos y protección civil, zonas verdes, juegos infantiles, instalaciones deportivas y otras de carácter patrimonial.

Alfonso Esteban ha destacado la estructura económica saneada del Ayuntamiento de Guadalajara, el rigor en la gestión y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. Además, el consistorio está cumpliendo con los plazos de pago a sus proveedores y, por lo tanto, con la Ley de Morosidad. Todo ello -ha señalado- supone que la prestación, por parte del consistorio, de unos servicios públicos de calidad, está garantizada.

 

 


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