Los españoles de la Flotilla se querellan contra Netanyahu
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
En el escrito piden que se interrogue al primer ministro israelí y a seis de sus ministros
Los tres activistas españoles que participaron en la Flotilla de la Libertad, Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, presentaron ayer una querella en la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis miembros de su gabinete y un alto cargo militar por el asalto al convoy humanitario ocurrido el pasado 31 de mayo, en el que murieron nueve personas.
Les acusan de un delito de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura. La querella ha recaído por turno de reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, actualmente en manos del juez Pablo Ruz, que sustituye a Baltasar Garzón, y que ahora deberá decidir si la admite a trámite en la que se pide que se tome declaración a los querellados. En concreto, se pide que se interrogue al jefe del Ejecutivo israelí, a los ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; al ministro sin cartera Benny Begin, y al vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Chiney Maron.
Los tres activistas, como acusación particular, y las asociaciones Cultura, Paz y Solidaridad y Comité de solidaridad con la causa árabe, como acusaciones populares, consideran que los hechos denunciados pueden ser también constitutivos de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, concretado en maltrato, puesta en peligro de la vida, torturas y otros tratos inhumanos y utilización de medios de combate prohibidos o considerados desproporcionados.
Los activistas defienden que en el caso concurren los requisitos necesarios para la competencia de la jurisdicción española, ya que hay víctimas españolas, son delitos comprendidos en los tratados internacionales suscritos por España y los hechos denunciados no están siendo objeto de investigación judicial por parte de un tercer país.
Denuncian que los españoles fueron detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco, al margen de lo estipulado en el derecho internacional y sin perjuicio del despojo sufrido de sus pertenencias, documentación y material.
Los tres activistas, como acusación particular, y las asociaciones Cultura, Paz y Solidaridad y Comité de solidaridad con la causa árabe, como acusaciones populares, consideran que los hechos denunciados pueden ser también constitutivos de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, concretado en maltrato, puesta en peligro de la vida, torturas y otros tratos inhumanos y utilización de medios de combate prohibidos o considerados desproporcionados.
Los activistas defienden que en el caso concurren los requisitos necesarios para la competencia de la jurisdicción española, ya que hay víctimas españolas, son delitos comprendidos en los tratados internacionales suscritos por España y los hechos denunciados no están siendo objeto de investigación judicial por parte de un tercer país.
Denuncian que los españoles fueron detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco, al margen de lo estipulado en el derecho internacional y sin perjuicio del despojo sufrido de sus pertenencias, documentación y material.