Los Ribereños acusan a López Miras de despreciar al Supremo y de anunciar que pondrá "todas las trabas posibles" al nuevo marco del trasvase
La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha acusado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de actuar con "irresponsabilidad institucional" tras anunciar que pondrá "todas las trabas posibles" al cumplimiento de las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura mientras espera un cambio de Gobierno que permita retirarlas.
En un comunicado, la Asociación considera "impropio de un gobernante y terriblemente peligroso para la opinión pública" presentar esta cuestión "como una batalla contra el Gobierno de España" cuando, a su juicio, supone enfrentarse "a un marco jurídico construido durante años por los tribunales, la legislación española y el Derecho europeo". Asimismo, afirma que "es cuanto menos sorprendente que un presidente regional anuncie que se va a saltar la ley y las sentencias del Supremo para defender a sus amigos".
Los Ribereños señalan que un presidente autonómico "puede recurrir, puede discrepar y puede defender los intereses de Murcia", pero recuerdan que "un presidente autonómico debería saber que las sentencias no desaparecen porque cambie el Gobierno". En este sentido, sostienen que anunciar que se pondrán "todas las trabas posibles" hasta que gobiernen "los suyos" supone "una forma de insubordinación institucional impropia de quien representa a una comunidad autónoma". Además, añaden que "no puede aceptarse que un presidente convierta el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales en algo provisional, pendiente de que cambie el color político de La Moncloa".
La Asociación recuerda que los intentos de revertir judicialmente los caudales ecológicos del Tajo han sido rechazados por el Tribunal Supremo. En junio de 2024, el Alto Tribunal desestimó el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Plan Hidrológico del Tajo; en enero de 2025 hizo lo mismo con el presentado por la Junta de Andalucía; y el pasado 13 de mayo rechazó íntegramente el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), imponiéndole además las costas del procedimiento.
Según la Asociación, la última sentencia del Tribunal Supremo recuerda que la implantación de caudales ecológicos en el eje del Tajo "constituye una exigencia normativa" y que la legislación del trasvase "no garantiza al Segura un determinado volumen". Asimismo, señala que los métodos empleados para fijar esos caudales siguieron los procedimientos técnicos establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica.
En el comunicado, los Ribereños afirman que "es difícil entender qué pretende exactamente saltarse López Miras" y añaden que "tendría que saltarse las sentencias que obligaron a establecer los caudales ecológicos, las que después han rechazado los recursos contra ellos, el propio Plan Hidrológico del Tajo y también la legislación europea". A su juicio, resulta "intolerable y ajeno a la responsabilidad que debe exigirse a un gobernante" anunciar públicamente la intención de actuar al margen de ese marco jurídico.
La Asociación recuerda también que la Directiva Marco del Agua obliga a los Estados miembros a proteger las masas de agua, evitar su deterioro y alcanzar un buen estado ecológico, y sostiene que el Tribunal Supremo vincula expresamente los caudales ecológicos del Tajo con esos objetivos ambientales.
Los Ribereños concluyen que Fernando López Miras "tiene todo el derecho a pedir un cambio en las reglas o a recurrirlas por las vías previstas en el Estado de Derecho", pero añaden que "lo que no puede hacer es instalarse en una posición de insubordinación institucional y prometer que bastará con que gobiernen los suyos para hacer desaparecer sentencias, obligaciones ambientales y legislación europea. Un cambio de Gobierno no deroga al Tribunal Supremo".
