Page pide que el acceso a Internet sea protegido como un derecho reclamable ante los Tribunales

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en su discurso, añadió un aspecto en el que los presentes al acto, entre otros, el alcalde de Hita, Ignacio Ayuso Blas; la presidente de Redeia, Beatriz Corredor; el presidente de El Hueco, Joaquín Alcalde; la edil de Turismo de Sigüenza, Arantxa Pérez; y el gerente de deSpelta, Carlos Moreno, han coincidido: se ha puesto fin a la brecha digital, gracias al Programa UNICO ‘Demanda Rural. Conéctate35’.  Se trata de un sistema de Internet por satélite, liderado por Redeia, un  grupo de empresas a la que pertenece Hispasat, que va a llegar a todo el territorio de Castilla-La Mancha.

Tal y como detallan en Redeia este programa contribuye a cerrar la brecha de conectividad entre zonas rurales y urbanas, al facilitar el acceso a la banda ancha de al menos 100 Mbps en todos los rincones del territorio español, especialmente en los municipios con baja densidad de población, dispersos y remotos, mediante una solución tecnológica satelital.

Gracias al mismo, afirma Page, “se va a garantizar la instalación de empresas y la creación de empleo, sin que Internet sea la excusa para no hacerlo”. Además, gracias a este sistema vía satélite, “se podrá gestionar de forma cercana los grandes servicios públicos, de tal forma que, aunque se viva  en un pueblo, la atención va a tener la misma calidad que si es presencial en una gran urbe”, asegura. Y pone un ejemplo: “dentro de 4  años  las citas médicas se van a dar por móvil; estés donde estés el acceso a todos los servicios públicos será posible, tendrá la misma calidad”.

Se trata, remarca, de “un instrumento determinante  para igualdad”. Sin embargo, apunta, hay que garantizar “que se preste de forma asequible el acceso las redes, porque, más alla hay que empezar a pensar que debe ser protegido como un derecho reclamable ante tribunales si no se produce.

García-Page destacó que esta medida va en consonancia con la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, que recoge, con el objetivo de romper la brecha entre el mundo rural y el urbano, atraer y fijar población, un paquete de descuentos fiscales en zonas despobladas.

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