Sanidad CLM contará con criterios homogéneos para valorar, tratar y derivar a víctimas de violencia sexual

03/07/2025 - 11:13 FCV

Castilla-La Mancha ha aprobado un Protocolo y una Guía de Actuación ante la Violencia Sexual en el ámbito sanitario con el objetivo de ofrecer una atención integral, homogénea y de calidad a las personas que han sufrido agresiones sexuales. Este documento ha sido elaborado por la Dirección General de Cuidados y Calidad del SESCAM, en coordinación con profesionales del sistema sanitario público, los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Ciudad Real y Toledo, y el Instituto de la Mujer.

Se trata de una herramienta dirigida a todo el personal sanitario y sociosanitario de la región, especialmente en Atención Primaria, Puntos de Atención Continuada y Servicios de Urgencias Hospitalarios. A través de este protocolo, se establecen criterios comunes y detallados para la actuación profesional, centrados en la acogida, valoración clínica, recogida de pruebas, tratamiento, registro, derivación y seguimiento de cada caso.

“Sin duda, esta herramienta contribuirá de manera decisiva a mejorar la respuesta del sistema sanitario ante estas situaciones, asegurando una intervención adecuada, sensible y basada en la evidencia”, ha declarado Montserrat Hernández Luengo, directora general de Cuidados y Calidad, quien ha anunciado una formación especializada para facilitar la implantación del protocolo entre los profesionales.

Atención homogénea y basada en la evidencia

El Protocolo parte de un principio rector claro: garantizar una atención sanitaria confidencial, segura, respetuosa e integral a las víctimas, con especial énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes. Reconoce que la violencia sexual es una grave vulneración de los derechos humanos y un problema de salud pública con profundas consecuencias físicas, emocionales y sociales, más aún en personas en situación de vulnerabilidad.

El documento refuerza el papel del personal sanitario en la prevención, detección precoz, atención y derivación de estos casos. Para ello, proporciona pautas específicas de actuación clínica, que incluyen:

  • Acogida de la víctima y valoración de su estado físico y emocional.

  • Exploración médica y toma de muestras forenses, siguiendo criterios científicos y legales.

  • Administración del tratamiento adecuado, incluyendo profilaxis postexposición y anticoncepción de urgencia si procede.

  • Emisión del parte de lesiones con criterios normalizados.

  • Registro específico en la Historia Clínica Electrónica.

  • Derivación coordinada con otros servicios sanitarios y recursos externos (centros de crisis, servicios sociales, cuerpos de seguridad, fiscalía…).

  • Seguimiento sanitario posterior adaptado a las necesidades de cada paciente.

Coordinación interinstitucional y atención a la vulnerabilidad

El Protocolo busca también fortalecer los circuitos de derivación y coordinación entre los distintos niveles asistenciales y con otros dispositivos sociales y jurídicos. Incorpora además herramientas para detectar y abordar situaciones de especial vulnerabilidad, como pueden ser:

  • Personas con discapacidad física o intelectual.

  • Víctimas con problemas de salud mental o adicciones.

  • Mujeres migrantes en situación administrativa irregular o con barreras idiomáticas.

  • Personas sin red de apoyo o con dificultades de acceso a los servicios públicos.

Urgencias: respuesta inmediata y eficaz

En el caso de las agresiones sexuales recientes, el documento proporciona indicaciones concretas para que el personal sanitario de Urgencias actúe de forma inmediata, integral y coordinada. El objetivo es evitar revictimizar a la persona agredida y garantizar que reciba toda la atención física, emocional, legal y social necesaria desde el primer momento.

El Protocolo y la Guía de Actuación ya se encuentran disponibles tanto en la intranet del SESCAM como en la web de la Consejería de Sanidad. Su aplicación irá acompañada de formación continuada y evaluación de su efectividad en la práctica clínica. Según Hernández Luengo, se trata de “un compromiso firme de la sanidad pública regional con la dignidad, la protección y el respeto a las víctimas de violencia sexual”.