Serranía Celtibérica pide que se refuerce el papel de las comarcas en la gestión de recursos
Los miembros de las secciones temáticas y de la Junta Directiva de la sección en Guadalajara de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica (ADSC) se han reunido por videoconferencia para analizar la situación de las zonas rurales en la provincia y valorar el impacto de la situación por pandemia por el COVID19.
Desde Serranía Celtibérica creen que, aun en esta situación de crisis, se ha de entender la apuesta por las zonas rurales en términos de derechos de la ciudadanía a la igualdad de oportunidades y a su propia tierra. Es, pues, una inversión en cohesión social y territorial que quiere sobre todo hacer evolucionar en fortaleza y sostenibilidad el actual modelo económico y social.
La sección en Guadalajara de la ADSC, sigue subrayando la necesidad urgente de recibir los servicios e infraestructuras públicas en estas zonas rurales en unas condiciones dignas y similares a las de las zonas urbana.
En estos momentos, en que la conectividad y las posibilidades del tele-trabajo aparecen como una oportunidad para las zonas rurales, no se debe olvidar desde las Administraciones, estatal y autonómica sobre todo, que si no se acompaña de inversiones en los servicios públicos básicos, se perderá esta oportunidad de re-equilibrar el territorio de nuestro país y una oportunidad para revitalizar a las zonas rurales. La Secretaria General de ADSC de Guadalajara, Natalia Díaz, señala que “cuando nuestros pueblos estén, como las ciudades, dotados de las nuevas tecnologías, habrá más oportunidades de nuevas aplicaciones ocupacionales y crecerá la población. Ahora, en este momento, lo que falta es hasta la prestación de servicios públicos básicos (Sanidad, Educación, arreglo de carreteras, transporte público...) que hacen muy complicada la pura subsistencia y pervivencia de las personas que quieren vivir en estos sitios. Y este es también el panorama con el que se encontrarán aquellos ciudadanos de las urbes que deseen venir a los pueblos a iniciar un proyecto o una nueva vida”.
Unos servicios públicos, recuerdan desde ADSC, que no se prestan de igual modo en las diferentes zonas rurales de nuestro país y que deben ser reforzados donde los problemas de la despoblación rural se manifiestan de manera más devastadora, sobre todo en el centro peninsular (territorio de la Serranía Celtibérica) y zonas limítrofes españolas (Franja con Portugal).
Para la sección en Guadalajara de la ADSC, hoy los riesgos demográficos se acumulan en función de la ruralidad de las provincias y comarcas, y de su exposición al efecto de atracción y concentración de las capitales de provincia o de comunidad y a las áreas metropolitanas. En este sentido, se ha visto necesario reforzar el papel de las Comarcas como entidades de referencia y liderazgo en las políticas de sostenimiento de municipios y entidades locales menores y de atención a la población rural.
Desde ADSC se cree que hay que intensificar la orientación de las políticas de las Comarcas hacia la corrección de desequilibrios demográficos en su ámbito territorial, mediante la garantía de los servicios públicos de competencia local y el fomento del desarrollo económico, social y cultural de carácter endógeno, dado que una comarca contiene un número de habitantes lo bastante elevado como para poder ir integrando todos los servicios (y alguno más de los de la cartera de competencias de las Comunidades Autónomas) y gestionar sus residuos, su agua, sus tributos y su mantenimiento de servicios comunes como valores básicos.
A la par, se ha puesto de relieve que hay que dotar presupuestariamente, de forma efectiva y suficiente, la Ley de Desarrollo Sostenible –aprobada en el año 2007 y sin asignaciones presupuestarias desde entonces- por su impacto en las políticas de apoyo al medio rural, así como recuperar los planes de zona de la Ley de Desarrollo Sostenible que pueden servir de escala de análisis y de intervención adecuada (estadísticas, agencias de desarrollo…) para aquellos territorios en los que no exista una delimitación supramunicipal previa que funcione de forma operativa.