Trabajadores de los juzgados se movilizan contra el nuevo modelo organizativo de la Justicia

Personal de la Administración de Justicia se ha concentrado este viernes a las puertas del Palacio de Justicia de Guadalajara sumándose a las movilizaciones nacionales convocadas por los sindicatos para reclamar al Ministerio de Justicia negociar las modificaciones de las condiciones de trabajo que se contienen en el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que se está tramitando en el Congreso y que implicará modificaciones en cuanto a traslados y retribuciones, horarios, funciones, etc.
    La aprobación de esta Ley en los términos del proyecto presentado por el Gobierno pone en juego, según indican los sindicatos, miles de puestos de trabajo de los juzgados y tribunales, instaura la movilidad forzosa y permite rebajar sin negociación las retribuciones del personal de justicia. Así lo han señalado los representantes sindicales en la concentración de Guadalajara: Pablo Moya, de CSIF;  Almudena Asturillo, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ); y Nicolás Exojo, de CCOO, que insisten en que el ministerio quiere imponer estas nuevas condiciones sin negociarlas con el sector.
    El articulado de la Ley de Eficiencia Organizativa permite ampliar la competencia territorial de los nuevos tribunales de instancia (que sustituirán a los actuales juzgados) a dos o más partidos judiciales limítrofes o a dos o más provincias, sin estar previsto que en las oficinas que asuman las competencias de otro partido judicial o provincia se vea incrementado el número de trabajadores y trabajadoras. Muy al contrario, los sindicatos apuntan a una reducción drástica del número de puestos de trabajo en las oficinas que dejan de tener esas competencias.
    En Guadalajara afecta a unos 280 trabajadores de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en la provincia.
    A ello se suma que esta medida causará un evidente perjuicio a la ciudadanía que verá como los juzgados se ubicarán, en muchos casos, a centenares de kilómetros de su domicilio; una justicia alejada de la ciudadanía, frente al principio de cercanía.
    En las movilizaciones convocadas, los trabajadores de la Administración de Justicia reclaman garantías de que no habrá pérdida de puestos de trabajo, ni rebajas en las retribuciones, ni procesos forzosos de movilidad funcional o geográfica.
    Exigen asimismo la negociación de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo de las oficinas judiciales y del Registro Civil y el mantenimiento de centros de destino concretos a los que se pueda optar en los concursos de traslado, frente al modelo que se plantea consistente en que ese puesto de trabajo concreto sea asignado de forma discrecional y forzosa por los y las responsables funcionales de las nuevas oficinas.
    Por último, los sindicatos exigen al Ministerio de Justicia que en esta nueva Ley se incorporen modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que mejoren las expectativas de promoción interna y carrera profesional del personal y que todos los puestos de trabajo sean provistos por personal titular mediante concursos de traslado y ofertas de empleo público que contengan todas las plazas vacantes.