AIKE lleva al Pleno el contrato de la zona azul tras caer la ZBE y exige retirar las tarjetas VIP de aparcamiento
El grupo municipalista AIKE llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara una moción clave para exigir la revisión y reajuste integral del contrato de la zona azul. La formación defiende que, tras la sentencia judicial que ha hecho decaer la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), las condiciones del servicio y las obligaciones de la empresa adjudicataria, Dornier, han cambiado de forma sustancial.
Al anularse la ZBE, la empresa ya no tendrá que asumir funciones de control y vigilancia como la gestión de cámaras, sensores, señalización específica, aplicaciones o la plataforma digital. AIKE recuerda que se trata de un contrato de 13 millones de euros para los próximos 10 años, por lo que resulta indispensable adaptar las condiciones económicas y operativas a la realidad actual.
Recorte del canon a la mitad y repintado de plazas
Como contraestrategia, el equipo de Gobierno (PP y Vox) ha convocado con carácter urgente una Junta de Gobierno Local Extraordinaria para este mismo viernes —coincidiendo con la sesión plenaria— con el fin de aprobar una modificación menor del contrato.
Esta variación contempla:
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Reducción del canon: El canon fijo anual que recibe la empresa pasará de los 489.000 euros iniciales a 254.176 euros (casi la mitad).
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Escasa reducción de plazas: El número de plazas reguladas apenas disminuye en 310 (menos de un 14%), pasando a repintarse de blanco, sobre un total inicial de 2.297 plazas.
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Fecha de inicio: Tras tres aplazamientos previos, está previsto que la nueva gestión de la zona azul entre en vigor de forma definitiva el próximo 1 de junio.
Malestar vecinal y críticas al afán recaudatorio
El portavoz de AIKE, Jorge Riendas, ha lamentado que esta modificación exprés no resuelva los problemas de fondo ni el malestar vecinal que el partido ya denunció en sus 28 enmiendas. Entre los principales conflictos sin resolver destacan el doble uso de la zona roja para los residentes y el elevado coste del aparcamiento de la estación de autobuses (Fernández Galiano), que afecta diariamente a trabajadores y estudiantes que se desplazan a Madrid.
"Desde el primer momento advertimos que esta ordenanza nacía con un claro afán recaudatorio y sin tener en cuenta las consecuencias reales para la ciudadanía", ha subrayado Riendas.
Fin a los privilegios de los concejales
Por su parte, la concejala Susana Martínez defenderá en el Pleno otro de los puntos calientes de la moción: la retirada inmediata de las tarjetas especiales de aparcamiento de las que disfrutan los miembros de la corporación municipal para estacionar gratis en cualquier lugar.
Desde la formación critican la falta de empatía del equipo de Gobierno, cuyos 13 concejales votaron en bloque a favor de ampliar plazas y tarifas. "Cuando las personas que deciden ampliar plazas y tarifas son inmunes porque ni tienen que dar tres vueltas más ni pagar más caro, quizás no sean conscientes de la repercusión y el malestar que generan", ha zanjado el portavoz, recordando que ni él ni Susana Martínez han hecho uso jamás de dicha autorización especial.