Alcaldes y representantes del medio rural piden una legislación, financiación y capacidad administrativa acordes a la realidad de los pueblos

La necesidad de contar con un Estatuto del Pequeño Municipio que tenga en cuenta las particularidades de los pueblos ha centrado la tercera mesa del II Foro de Desarrollo Rural de Sigüenza. Bajo el título ‘El Estatuto del pequeño municipio, una necesidad imperiosa’, alcaldes, representantes de Grupos de Desarrollo Rural y profesionales de la Administración han puesto sobre la mesa las dificultades que afrontan los pequeños ayuntamientos para prestar servicios y cumplir con unas obligaciones administrativas que, en muchos casos, son similares a las de municipios con una capacidad de gestión muy superior.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega Pérez, ha defendido la necesidad de que los pequeños municipios alcen su voz para reivindicar sus necesidades. Ha recordado que, aunque en los pueblos vive menos población, desde ellos se proporcionan recursos fundamentales como el agua y se contribuye al cuidado del territorio.

Vega ha puesto el foco en la situación de los alcaldes y alcaldesas, que en muchas ocasiones carecen de capacidad de gestión suficiente para afrontar todas las obligaciones que tienen encomendadas. Ha reclamado que los ayuntamientos puedan disponer de las herramientas necesarias para atender cuestiones básicas como el abastecimiento, el alumbrado y las necesidades de sus vecinos.

En este sentido, ha defendido que estas reivindicaciones deben trasladarse a la legislación nacional y ha señalado que modificar las normas “no va de dinero, es un compromiso político”.

Más núcleos y menos capacidad de gestión
La alcaldesa de Sigüenza y presidenta del GDR ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, ha explicado que la realidad de Sigüenza presenta además diferencias respecto a otros territorios de la Sierra Norte, y ha destacado una de las características del medio rural: menos habitantes, pero muchos más núcleos de población.

Merino ha defendido la necesidad de que los municipios rurales se hagan valer y trasladen su capacidad y sus necesidades a las administraciones superiores.

La alcaldesa ha señalado que en ocasiones los ayuntamientos cuentan con disponibilidad económica o remanentes, pero encuentran dificultades por la falta de personal, herramientas y por una legislación que complica la gestión y la justificación de los proyectos.

En este contexto, ha reclamado que los recursos disponibles puedan ejecutarse en los propios pueblos y ha defendido también la necesidad de hacer atractivo vivir y trasladarse a los municipios rurales.

Normas que requieren un criterio individualizado
La concejala de Mondéjar y presidenta del GDR ADASUR, Esperanza Magán Bronchalo, ha puesto como ejemplo las dificultades que genera la legislación de contratos para los pequeños ayuntamientos.

Según ha explicado, los procedimientos de contratación pueden resultar especialmente complejos para municipios que no disponen de grandes equipos técnicos y administrativos, frente a la capacidad con la que cuentan las ciudades de mayor tamaño.

Magán ha reclamado que se tenga en cuenta esta realidad y que exista una visión positiva hacia las zonas rurales desde el ámbito nacional, defendiendo la necesidad de contar con el apoyo de Europa y del Gobierno de España para conseguir que la población pueda permanecer en los pueblos.

El secretario-interventor en Porzuna y Piedrabuena y expresidente de COSITAL Castilla-La Mancha, Carlos Cardosa Zurita, ha coincidido en la necesidad de adaptar las normas a las características de los pequeños municipios.

Cardosa ha defendido además que el sistema de financiación no puede basarse únicamente en el número de habitantes, sino que debe incorporar otros criterios como la dispersión de la población, la existencia de aldeas, las distancias y las características territoriales.

A su juicio, estos elementos deben tenerse en cuenta para que la financiación sea realmente igualitaria. También ha señalado el papel que deben desempeñar las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas en el apoyo a los pequeños municipios.

Una “mirada rural” en todas las leyes
La alcaldesa de Esplús (Huesca) y presidenta de la Comisión de Municipios de Menor Población de la FEMP, Tania Solans Raluy, ha defendido que los pueblos no pueden crecer si no cuentan con servicios de calidad.

Ha considerado fundamentales las políticas destinadas a mejorar los servicios municipales para todas las edades y ha reivindicado un Estatuto que permita mantenerlos.

Solans ha reclamado además que todas las normas incorporen una “mirada rural” y que la financiación se pueda legislar también con una perspectiva adaptada a estos territorios: “Somos pocos habitantes pero somos muchos de los municipios”.

Por su parte, el alcalde de Paredes de Nava (Palencia), Luis Calderón Nájera, ha situado el reto demográfico como una cuestión que requiere políticas activas. Ha defendido la necesidad de detectar las necesidades laborales que existen en los territorios y movilizar el mercado inmobiliario para dinamizar la vivienda, generar emprendimiento y conseguir que esta dinamización sea efectiva.

El alcalde de Talavera, en Lleida, Ramón Trullols Bergadá, ha incidido igualmente en el incremento de las exigencias y trámites administrativos que deben afrontar los pequeños ayuntamientos.

Ha señalado que estos municipios tienen que cumplir obligaciones similares a las de otras administraciones, pero cuentan con recursos humanos mucho más limitados, por lo que ha reclamado que las exigencias sean proporcionales a sus recursos y capacidad de gestión.

En definitiva, ha defendido que quien decide vivir en un pequeño pueblo debe poder hacerlo en condiciones dignas y que para ello es necesario contar con apoyo técnico, administrativo y económico.

“Los pueblos no son ciudades de vacaciones”
En el tramo final de la mesa, José Luis Vega ha insistido en que el primer paso para abordar las necesidades del medio rural es definir qué se entiende por pequeño municipio y qué por muy pequeño municipio, ya que las realidades son diferentes.

El presidente de la Diputación ha advertido además de que los pueblos no pueden entenderse únicamente como lugares de segunda residencia o de vacaciones. Ha defendido que quienes viven en ellos de forma permanente necesitan que los servicios puedan prestarse con garantías y que las obligaciones administrativas sean acordes con las posibilidades reales de cada ayuntamiento.

La mesa ha concluido con una reivindicación compartida: avanzar hacia un marco específico que tenga en cuenta la realidad territorial, administrativa y económica de los pequeños municipios. Una demanda que forma parte de los objetivos centrales del II Foro de Desarrollo Rural y que plantea la necesidad de adaptar las leyes nacionales a la realidad rural y avanzar hacia un Estatuto del Pequeño Municipio de ámbito nacional. 

Además, durante el tramo final del debate también se han abordado otras cuestiones directamente relacionadas con el futuro de estos municipios, como la protección y puesta en valor del patrimonio, la necesidad de impulsar la construcción y disponibilidad de vivienda, la inmigración y su papel en el territorio y el crecimiento de población, aspectos determinantes para garantizar la vitalidad y el futuro de los pueblos.