Ley Nacional del Pequeño Municipio y Ley Estatal frente a la Despoblación, entre las reivindicaciones del II Foro de Desarrollo Rural

Con ellas se pretende seguir avanzando en la lucha contra la despoblación y favorecer las posibilidades de desarrollo de los pequeños municipios.

Las reivindicaciones y acuerdos, que serán trasladados a las diferentes instituciones, fueron extraídos de los distintos debates celebrados durante este Foro, que reunió a alrededor de 900 personas procedentes de municipios de doce comunidades autónomas y 34 provincias de toda España.

El manifiesto reclamó al Gobierno de España la aprobación de una Ley Estatal frente a la Despoblación que permitiera extender al conjunto del país las políticas desarrolladas en Castilla-La Mancha, combinando medidas económicas, sociales, fiscales, territoriales y de planificación destinadas a garantizar que las personas que residieran en el medio rural pudieran acceder a servicios y oportunidades en condiciones de igualdad.

Tal y como se recoge en el preámbulo del Manifiesto, en España existían 6.807 municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, que representaban el 83,7% del total de municipios y ocupaban aproximadamente el 71% de la superficie nacional. En ellos residían 5,72 millones de personas, equivalentes al 11,6% de la población española. Según estos datos, aproximadamente una de cada nueve personas en España residía en municipios pequeños, “una realidad que requiere políticas coordinadas, estables y adaptadas a cada territorio”.

Por este motivo, también se instó al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover una Ley Nacional del Pequeño Municipio de España que reconociera expresamente la singularidad administrativa, financiera, competencial y organizativa de los municipios de menos de 5.000 habitantes y estableciera un régimen jurídico adaptado a sus especiales circunstancias.

Otro de los puntos del Manifiesto consideró prioritario reforzar el papel de los Grupos de Desarrollo Rural y garantizar y blindar presupuestariamente el programa LEADER, manteniendo una reserva mínima obligatoria del 5% de los recursos financieros destinados al desarrollo rural.

Entre los acuerdos también se recogió la petición al Gobierno de España de establecer un régimen fiscal específico para los pueblos afectados por la despoblación, que incluyera bonificaciones fiscales reforzadas y medidas tributarias específicas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y determinadas tasas municipales.

Además, se reclamó la aplicación de un IVA del 0% a los productos de primera necesidad y del 7% al resto, así como un complemento económico del 25% del salario para los empleados públicos que fijaran su residencia en municipios rurales. También se propuso que esta residencia fuera valorada como mérito en los concursos-oposición.

El Manifiesto también reclamó un sistema de financiación local y autonómica adecuado al coste efectivo de los servicios públicos que debían prestar los pequeños municipios y las comunidades autónomas, incorporando factores como la dispersión territorial, la baja densidad de población o la distancia respecto a los principales núcleos urbanos.

Asimismo, se planteó revisar el modelo de organización y asistencia administrativa de los municipios de menos de 5.000 habitantes, establecer procedimientos de contratación pública proporcionados a la capacidad de las pequeñas entidades locales y habilitar mecanismos de financiación y asistencia técnica específicos para sufragar los costes administrativos y profesionales. El objetivo era facilitar también la participación de pequeñas empresas y autónomos del territorio.

Otra de las propuestas reclamó una normativa urbanística y territorial adaptada al medio rural, con procedimientos administrativos ágiles, proporcionados y adecuados a la dimensión de los proyectos, además de una política específica de vivienda rural que permitiera movilizar vivienda vacía, rehabilitar el parque residencial existente y facilitar la disponibilidad de suelo para construir nuevas viviendas.

El Manifiesto también solicitó la aplicación de bonificaciones del 50% en las cuotas de autónomos y pymes de entornos rurales para hacer frente a los gastos adicionales que soportan. Asimismo, se reclamaron medidas para favorecer el relevo generacional y la modernización y competitividad de las explotaciones agrícolas y las empresas.

Agua y energía
El agua y la energía fueron otros dos de los asuntos incluidos en el Manifiesto. En primer lugar, se solicitó al Gobierno de España que priorizara políticas hidráulicas que permitieran mantener agua almacenada y garantizaran su disponibilidad y abastecimiento en el medio rural.

Además, se recordó que el medio rural es generador de energía y que esta circunstancia debía traducirse en retornos económicos, sociales y territoriales efectivos para los municipios productores y sus vecinos. Como medida de justicia, también se planteó un bono del 25% sobre la potencia instalada y la energía consumida, que se aplicara igualmente a los operadores de telefonía.

El documento reclamó, asimismo, que se garantizara una conectividad digital de calidad y una red de movilidad adecuada, al tiempo que se defendió que la digitalización no sustituyera aquellos servicios presenciales que resultaran necesarios.

Del mismo modo, se pidió que se reconociera jurídicamente a la población vinculada —personas que emigraron, descendientes y familias que regresan durante las vacaciones o los fines de semana a sus pueblos— y que esta población se incorporara a los modelos de financiación regional y estatal.

Por último, el Manifiesto incluyó el acuerdo de impulsar la creación de una Federación de Pequeños Municipios (FEPM), con el objetivo de defender sus intereses ante las diferentes administraciones e instituciones públicas.

Clausura del II Foro de Desarrollo Rural
Durante la clausura, el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, resaltó que “mantener vivos nuestros pueblos no es solamente una cuestión rural, sino que es una cuestión de país” y añadió que “ahora tenemos que conseguir que estas propuestas no se queden en un documento, sino que se conviertan en realidad”.

En este sentido, apuntó que “el futuro rural no depende de una única medida, depende de muchas piezas que tienen que encajar, y los Grupos de Desarrollo Rural son el engranaje perfecto”.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, señaló que tanto la ley como la estrategia contra la despoblación “son un verdadero éxito desde el inicio”. Por ello, afirmó que una de cada cuatro personas que han llegado a Castilla-La Mancha lo han hecho al medio rural y que se está creciendo en todas las comarcas.

“Castilla-La Mancha va a hacer sus deberes y confiamos en que el Gobierno de España y los grandes partidos políticos que tienen representación también lo hagan”, apuntó.

Respecto a la financiación, Bellido indicó que “si queremos mantener servicios es esencial una financiación justa” y recordó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas peor tratadas en este sentido. Además, añadió que no es justo que “quien más aporte, reciba más”, porque, a su juicio, es lo contrario lo que garantiza la igualdad.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, animó a todos a seguir trabajando por los pueblos y señaló que este Foro representaba “la foto del compromiso compartido” de todos los territorios para conseguir un futuro mejor para las personas que residen en el medio rural. Del mismo modo, recordó la importancia de los fondos LEADER y de los Grupos de Desarrollo Rural.

Por último, el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega, agradeció la presencia de todos los asistentes y resaltó la importancia del evento y de los acuerdos recogidos en el Manifiesto.

El ‘Manifiesto por los pequeños municipios y el futuro del medio rural’ fue rubricado por el presidente de RECAMDER y de FADETA, Jesús Ortega; el presidente de ADAC, Vicente Hita; la presidenta de ADASUR, Esperanza Magán; y el presidente de Molina de Aragón-Alto Tajo, Jesús Alba. Además, hicieron entrega de una copia del documento a las autoridades presentes en la clausura.