27/09/2021 / 18:52
E.H.


Imagenes

Derecho a la propiedad vs. vivienda digna, a causa de la ola de 'okupaciones'

Aumenta el número de las mismas y, con ellas, los problemas de convivencia vecinal


Parece la omertà. Por lo del silencio. Todos hablan y todos callan. Es comprensible. En varios municipios de la provincia de Guadalajara los okupas campan a sus anchas y, en algunos de ellos, tienen amedrentada a buena parte de la población. 
Éste es el caso de Alovera, una localidad que, con sus poco más de 12.000 habitantes ha visto rota su tranquilidad habitual desde hace un tiempo. A poca distancia de su casco histórico, la confluencia entre la calle Valbueno y el camino de Valmores es una zona a evitar por vecinos y vecinas del pueblo. Y no es para menos. De las cerca de “25 viviendas ocupadas” que calcula la alcaldesa, Purificación Tortuero, la mayoría están concentradas en el único edificio que hace esquina; enfrentado por sus dos caras con varios chalets y cuyo propietario ahora es una entidad bancaria.
 Varios establecimientos de Alovera cuyos trabajadores prefieren evitar dar sus nombres para este reportaje aseguran que el ambiente está cargado y los problemas se han convertido en algo más cotidiano de lo que les gustaría. Algunos se ven obligados a tenerlos como clientes, aún a sabiendas de los comportamientos delictivos de muchos de ellos. Esto ha llevado al Ayuntamiento a instalar cámaras de seguridad, tanto en algunos locales como en la propia vía pública, para intentar velar por la tranquilidad de sus conciudadanos. Pero no es suficiente. Junto a los contenedores que hay al final de Valbueno, aparecen depositados colchones y basuras, como si de un vertedero se tratara; lo que no ayuda a la imagen de la zona.

Alguien que se acerque por las inmediaciones, en especial, hacia el portal que da al camino de Valmores, no podrá evitar sentirse observado. Algún misterioso código de señales tras las ventanas del edificio –casi todas ellas con las persianas y estores a medio bajar-parece dar paso a una patrulla de vigilancia. Y no es de la policía. Dos varones con una actitud poco amigable controlan los accesos en todo momento.
No son pocos los que se quejan de la sensación de inseguridad e intranquilidad que reina en el pueblo, especialmente en esta zona a causa de los okupas, según cuentan, que controlan mafias regentadas por uno o dos clanes familiares. Prefieren evitar dar sus datos pero reconocen que la situación puede llegar a ser “insostenible”. Pedradas, bolsas de basura con excrementos, insultos, peleas y algún que otro robo se han convertido en una estampa más habitual de lo que hubieran querido los aloveranos y aloveranas. 

Cuenta su alcaldesa que la mayoría de los okupas “no son por necesidad”, aunque hace algún tiempo la mayoría de esas viviendas estaban destinadas a alquileres sociales que ahora prácticamente han desaparecido para dar paso a “otras familias que tienen otras aspiraciones”. Lamenta que, “como Ayuntamiento no tenemos competencias” para poner remedio a una situación que mantiene preocupada a casi toda la población, de la que recibe quejas con frecuencia al respecto. No obstante, asegura que”estamos en permanente contacto con la Subdelegación del Gobierno y Guardia Civil para coordinarnos y buscar actuaciones conjuntas para que Alovera sea seguro”.      

Una situación muy similar -e incluso más agravada si cabe- es la que vive el pequeño municipio de Horche; ya que cuenta apenas con 3.000 habitantes y “cerca de 60 viviendas ocupadas”, tal y como indica su alcalde, Juan Manuel Moral. “Han roto la paz social”, afirma tajante. “No es el único municipio de España que lo tiene pero aquí hay una concentración que al ser un pueblo más pequeño se nota más”, determina. 

La ocupación aquí se encuentra en torno a dos focos, situados en la calle Cristóbal Pérez Pastor y en las conocidas como Las 3.000, un bloque de viviendas dúplex situado entre la travesía de las Canteras y el camino de Lupiana; llamado así en alusión al considerado como uno de los barrios más desfavorecidos de Sevilla. Su ubicación, a pocos metros del centro urbano hace que no pasen desapercibidas para los vecinos. Cerca de este último bloque una horchana lamenta la “inseguridad” que reina a día de hoy en el pueblo. “Antes dejaba las puertas abiertas de mi casa y de mi coche sin ningún problema”, señala, “ahora eso es imposible”.
 

Lo cierto es que la mirada suspicaz de varios vecinos al atravesar la plaza Mayor de Horche se deja notar en cuanto ven pasar a alguien desconocido.Y no es para menos. Anuncios en aplicaciones como Wallapop de venta de inmuebles con agua y luz por más de mil euros, robos de cableado de cobre por un valor superior a los 12.000 euros, continuos intentos de ocupación en algunas viviendas, robos en comercios y bares, de coches o de teléfonos y bicis a niños son algunas de las pinceladas que esconde la realidad horchana y que ponen de relieve tanto su alcalde como el presidente de la asociación vecinal Defiende Horche, Fernando García; constituida a raíz de las ocupaciones el pasado mes de mayo. 
En esta plataforma cuentan con socios no sólo del propio pueblo sino que también se les ha unido gente de otros municipios de la provincia que sufren situaciones similares como el caso de una persona que ha llegado a sufrir “seis intentos de ocupación” y “nos pide consejo”, cuenta García.

El alcalde destaca que “una cosa es el que llega a ese extremo por necesidad pero no es el caso de aquí; son mafias de lo que estamos hablando”. Desde el Consistorio aseguran echar en falta “preocupación” por esas viviendas por parte de los propietarios, también en manos de otra entidad bancaria a la que reprochan no haber tenido en cuenta ni a las administraciones públicas ni a los servicios sociales a la hora de ofrecerlas como alquiler social. “Ahora están empezando a inutilizar algún piso pero esto no va a la velocidad a la que debería”, denuncia, reclamando “un cambio en la legislación y que la propiedad vigile sus pisos”.

La plataforma Defiende Horche acudió el pasado 18 de septiembre a la manifestación convocada en Madrid por la plataforma nacional de afectados por la ocupación frente a las puertas del Congreso de los Diputados. 
Algo ha debido surtir efecto; ya que cuenta García que “esto y la presión vecinal ha hecho que algunos se hayan ido”durante los últimos días, aunque siguen siendo esfuerzos insuficientes. “Este verano ha sido bastante intenso porque han pasado muchas cosas, el ambiente está muy crispado”, advierte. La situación lleva así ya cerca de ocho años aunque es en los últimos cuando está cada vez más agravada. “Al principio todo estaba más tranquilo, cada uno iba por su lado pero desde hace un par de años está afectando a la convivencia vecinal”, explica, añadiendo que, tras el desconfinamiento, el pasado mes de mayo fue cuando crearon la asociación. “Era la única solución para dar a conocer el problema”, observa.

El presidente de Defiende Horche asegura que “la pandemia ha facilitado las ocupaciones”, opinión que también corrobora el regidor de la localidad. “Nos hemos dado cuenta al salir, que es cuando hemos podido ver la situación real”, aduce Moral. Esta sensación de inseguridad e intranquilidad que reina en Horche ha derivado en una tensión constante, motivada, por ejemplo, por la aparición de “testigos en las puertas, celo o hilos”, detalla García. Todo con objeto de comprobar si las viviendas objeto de ser ocupadas se encuentran deshabitadas. 

Desde la plataforma Defiende Horche reconocen que también existen varios casos de personas en situación de exclusión social que se han podido ver obligadas a ocupar y que no ocasionan problemas de convivencia con el resto de vecinos. “Habrá gente que lo necesite. Hay quien lleva toda la vida con alquiler social y no ha habido problemas. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, por supuesto, pero esto no es forma. Hay mecanismos en la administración para dar cobertura o ayudas”, valora.

 En este momento hay varias viviendas cerradas, con las medidas de seguridad pertinentes para evitar cualquier intento de ocupación, de propietarios que no quieren hacer uso de ellas. Otras muchas están “inservibles”, debido a los destrozos ocasionados por sus inquilinos. Basuras, buzones deformados, cables cortados o tabiques rotos en el interior de Las 3.000 contrastan con la imagen de la que, en su momento fue, una cuidada fachada de unas amplias y confortables viviendas que eran, hace ocho años, prácticamente nuevas.



Ha habido quien se ha visto obligado a marcharse de la zona. Dicen en el pueblo que la presión psicológica, sobre todo, para los escasos propietarios que allí quedan, es “inhumana”. Familias con niños pequeños que no querían vivir con semejante foco de tensión y han comenzado una nueva vida en otro sitio, alejados de allí. Algunos ya lo han hecho y hasta lo celebran.


    
Una larga lista
Los casos de Alovera y Horche no son únicos. La lista es larga. Menos Guadalajara capital -según indican desde Defiende Horche, valoración que también parece coincidir con la de la Dirección General de la Policía de Guadalajara- el número de casos de ocupación en el resto de localidades de la provincia no parece ir en descenso sino todo lo contrario. “De Guadalajara capital ahora se han ido a los alrededores, a Pioz, Taracena, Horche, Yunquera, etc”, reseña García. 
A través del departamento de Relaciones con Prensa de la Comisaría Provincial de Guadajara, el subinspector Sergio Reyero asegura que, según los datos de que disponen de la capital, “en Guadalajara la incidencia ha disminuido bastante y zonas donde había bloques enteros okupados ahora están deshauciados”. Sobre los motivos en el descenso del número de ocupaciones en Guadalajara, el subinspector de Policía considera que “el efecto llamada” de los okupas de otros municipios como el vecino Horche -recientemente de rabiosa actualidad a causa del cerca de medio centenar de viviendas ocupadas- ha podido influir en esta reducción. “Imaginamos que se están desplazando a otras localidades cercanas a la capital”, señala Reyero. 

En lo que respecta a las actuaciones de la Guardia Civil en la provincia, fuentes consultadas del cuerpo han declinado ofrecer información al respecto. 
Sin embargo queda constancia de varias intervenciones y patrullas de vigilancia que recorren las calles de estos pueblos cada vez con mayor frecuencia, a causa de los conflictos ocasionados. 
En Cabanillas del Campo sus vecinos también sufren las consecuencias del incremento de okupas en la zona, concentrados en torno a las inmediaciones del campo de fútbol Ramiro Almendros, en concreto, en los chalés  de la calle Morales, y, por otro lado, en la zona del campo de golf, en torno a las calles Carramonte y Valdehondillo; según indican fuentes municipales.

Especialmente desapercibidas pasan las viviendas ocupadas en la zona residencial del campo de golf. Carteles de venta y alquiler salpican con frecuencia las tranquilas -y empinadas- calles de la urbanización. Cuesta encontrarse con vecinos a los que preguntar. No obstante, un par de ellos confirman la existencia de okupas en chalets y viviendas unifamiliares de los alrededores; algunas de ellas con impresionantes vistas al Green Sire Golf Cabanillas.

“Conocen muy bien el perfil de las viviendas, normalmente de alta gama” cuenta el alcalde de Cabanillas, José García, remarcando que “ninguna es precisamente pequeñita, son todo chalets”. Denuncia que “la situación se está complicando por momentos”. En la localidad cuantifica en 50 el total de viviendas ocupadas actualmente. “Vehículos circulando a gran velocidad, robos, conductores sin carné que se han llegado a estampar contra el muro de una vivienda, problemas de salubridad y amenazas” son algunos de los hechos que viven los cabanilleros con asiduidad, especialmente los residentes por la zona del Recinto Ferial. 

Aquí se pueden ver casas sin ventanas, jerséis tirados de mala manera sobre vallas, trozos de rejas sujetos con bridas, planchas metálicas puestas para cubrir ventanas o cuadros de la luz con cables rotos. De éstas asegura el alcalde “tienen que tapiar esas viviendas o lo que sea, pero tienen que hacer algo”. Pone de manifiesto la existencia de mafias o grupos organizados que controlan las ocupaciones. “Algunos dicen que pagan hasta 1.800 euros por llave en mano”, alerta, añadiendo que “incluso hay financieras que les pagan para que se marchen pero no se dan cuenta que luego vienen otros okupas”. 
Lamenta el problema de discriminación que se genera, por ejemplo, con los enganches a suministros como el agua y la luz que suelen efectuar los okupas en detrimento del resto de inquilinos que paga religiosamente su comunidad. “Esto genera una discriminación; a todos nos cuesta ganar el pan de cada día”, observa García.


Del perfil del okupa que reside de forma ilegal en las viviendas el alcalde pone de manifiesto que “hay de todo, desde madres solteras, con hijos, personas mayores, pero suele ser un perfil joven de entre 30 y 33 años”. “He tenido reuniones con entidades financieras y los jóvenes para pagar un alquiler simbólico; ha habido casos en que se les ha ofrecido hasta 60 euros y nada, se han negado por completo”, señala. Y para mayor inri, “si  se presentan a un plan de empleo, al día siguiente se dan de baja”, comenta con indignación. Dice que esta problemática comenzó  hace 10 o 12 años en esta zona y ha tendido a “acrecentarse”. García lamenta que “los ayuntamientos estamos atados de pies y manos”. 

A pesar de la situación de descontento general, el regidor afirma que “hay gente que no genera problemas, a algunos okupas hasta les puedo comprender; por ejemplo, puede haber gente que haya tenido que cerrar su negocio y ya no ha podido pagar, y son okupas dentro de su propia casa. Son familias normales y corrientes”. Reconoce también que “esto le puede pasar a cualquiera” y que “aunque no es lógico es entendible”. 
La otra cara de la moneda también se encuentra en quienes se han visto obligados a recibir ayuda médica o atención psicológica debido a la tensión y sufrimiento originados por toda esta situación, sobre todo, quienes viven, legalmente, en el corazón de las zonas de ocupación.

García se solidariza con localidades como Horche, donde lamenta las amenazas sufridas por algunos vecinos a los que “les han llegado a amenazar con un machete”. Denuncia una situación, a su juicio, lamentable, en la que “hay vecinos que se han tenido que ir de allí, de sus propias casas, que han tenido que pagar con tanto esfuerzo”. En la misma línea que otros regidores pide “un cambio de legislación” de manera urgente. 
            
Precisamente el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su disposición a respaldar la propuesta legislativa contra la okupación ilegal aprobada en las Cortes Regionales el pasado diciembre de 2020, al exigir respuesta del Ejecutivo central a esta cuestión, con fecha límite el próximo mes diciembre de 2021, es decir, un año más tarde.
Mientras tanto, varias localidades como Quer, Alovera, Yebes, Pioz, Galápagos, Fontanar, Azuqueca, Yunquera, El Casar, Cabanillas y Horche -afectados en mayor o menor medida por la okupación- se reunieron  el pasado mes de junio, para diseñar estrategias conjuntas y unitarias frente al incremento de ocupaciones ilegales en varios pueblos de la provincia.
Así lo confirman también desde Azuqueca.El concejal de Derechos y Libertades, David Pinillos, indica que “se ha detectado un ligero aumento en el último año” en distintas zonas del municipio. En estos momentos son alrededor de “70 viviendas ocupadas por 150 personas: 60 hombres, 40 mujeres y 50 niños”, que pertenecen tanto a particulares, como a entidades bancarias y a fondos buitre.
    
Pisos ocupados de particulares
Aunque el número de propietarios particulares afectados por la ocupación suele ser minoritario también se dan casos de vez en cuando. Así sucede con una vecina de la localidad, encargada de velar por el piso de su hermana y, el pasado uno de mayo, se encontraron con que la cerradura de la terraza estaba rota. “Era nuestro y no podíamos entrar”, recuerda. Afortunadamente y gracias también a una eficaz intervención de sus abogados el juicio pronto quedó resuelto a su favor. Esta azudense lamenta que, en su momento, no contó con mucha ayuda por parte de la Policía Local y la Guardia Civil.

Por parte del Consistorio azudense “se está actuando por todas las vías posibles. Por un lado, con todas las medidas de prevención y seguridad y judicializando procesos. Por otro lado, desde el plano de atención social, desde los Servicios Sociales se buscan soluciones habitacionales y de inclusión; y desde el Ayuntamiento, a través del PECS, se ha impulsado el Programa de Vivienda”.
Pinillos asegura que, en Azuqueca no se ha detectado “un perfil tipo” de okupa, sino que “hay representación de todos los perfiles posibles”; donde existen personas “con dificultades para conseguir un alquiler por la temporalidad laboral pero con solvencia económica para poder pagarlo” pero, también, “hay casos de personas en situación de exclusión social”. 
    
Empresas de ‘desokupación’
Sin embargo, el gerente de la empresa de desokupación Serviokupa, Alberto Cuesta, asegura que “aunque hay de todo, hay una gran mayoría de caraduras”, en alusión a aquellas personas que, con una serie de ingresos pueden permitirse pagar un alquiler y no lo hacen.
Serviokupa, que también ofrece sus servicios en Guadalajara, cuenta con mas de 60 operativos mensuales a lo largo de toda la geografía española. El gerente apunta “al Covid-19 y a las leyes que están fomentando esta situación” como agravantes de la okupación. 

Okupa por necesidad 
El desalojo es, precisamente, lo que más teme una persona okupa a la que este periódico ha consultado en un pueblo de Guadalajara. Prefiere guardar sus datos personales en el anonimato, por el miedo y las amenazas que se ve obligada a soportar día tras día. 
En su caso, señala haber sido okupa por necesidad. En el piso donde ahora reside entró pagando “mucho dinero” para hacerse con un lugar donde vivir, tras haber sido desahuciada de su antigua casa. Asegura encontrarse en una situación verdaderamente “crítica”, sin ayudas sociales ni familiares, con problemas de salud, agravados por los problemas de convivencia con otros okupas con los que cohabita en el mismo bloque y que le hacen la vida prácticamente imposible. “No estoy aquí por gusto, es por necesidad”, lamenta. Mientras tanto, ruega a las administraciones públicas valorar cada caso de forma individual -no todos los okupas son iguales- y más seguridad para todos. 
Son pocos los casos que se conocen de quienes okupan por motivos como el anteriormente mencionado. Éstos deberían ser valorados con otro rasero por parte de ciudadanos, instituciones y administraciones; no así con los señalados como okupas por sus vecinos, que niegan cualquier tipo de usurpación y que casualmente habitan en lo que llaman “casas”, unas viviendas desvencijadas, sucias y literalmente destrozadas.

El falso mito de las 48 horas

“Pasadas 48 horas ya no se les puede echar”. Ésta es una frase de lo más recurrente entre la población y que, desde la misma Policía Nacional, intentan aclarar, al igual que otros muchos mitos en torno a la okupación. Para ello, el subinspector de la Comisaría Provincial de Guadalajara, Sergio Reyero, explica la diferencia entre allanamiento de morada y usurpación. El primero se refiere a “cuando intentan entrar en tu casa; ya sea en tu vivienda habitual o, ahora también, en tu segunda residencia; porque están invadiendo tu intimidad y es un delito grave”, explica el subinspector. Una sentencia el pasado año del Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia a la hora de determinar el mismo nivel de protección a nivel penal de la vivienda habitual y la segunda residencia.

Por otro lado, la usurpación se produce sobre un bien inmueble que no constituye morada. “Son viviendas vacías, pisos en alquiler o embargados por los bancos”, ejemplifica Reyero. La usurpación constituye un delito leve, que no conlleva detención. En este caso, la clave para poder echar a los okupas de una vivienda es “que no hayan constituido morada”, aclaran desde la Comisaría de Guadalajara, es decir, que la persona no haya desarrollado su intimidad en ese mismo espacio, por ejemplo, con objetos personales. “Si esas personas empiezan a hacer su vida ahí es más difícil echarles”, reconoce el subinspector. Para aclarar conceptos, Reyero recomienda leer la entrevista al inspector Borja Luendo del Cuerpo Nacional de Policía Nacional en Baleares, realizada por ‘Mallorcadiario.com’: ‘https://www.mallorcadiario.com/entrevista-policia-nacional-okupas-palma-mallorca-baleares’.

Entidades bancarias, las grandes señaladas

Pese a que buena parte de la opinión pública se echa encima de las entidades bancarias a las que acusan de pasividad ante las crecientes situaciones de ocupación que viven numerosos municipios de la provincia -en el caso de la localidad de Fontanar, por ejemplo, su alcalde, Víctor San Vidal ha informado que elevará la presión fiscal sobre las viviendas permanentemente vacías- desde algunas entidades bancarias recuerdan también la buena voluntad para tomar medidas para ayudar a cada cliente. 

El director de una conocida sucursal bancaria explica cómo todo el tema relativo a la ocupación y los problemas ocasionados para solucionarla derivan de la legislación vigente. 
Abordar una situación de impago por parte de un banco comienza por saber el tipo de cliente que ha dejado de pagar la vivienda. “Hay gente que voluntariamente la deja”, concede este banquero. “El banco comienza por presentar una propuesta que, quizás, lo mejor puede ser vender”, comenta. En caso de que el cliente acceda, será lo que se conoce como “cliente colaborativo”, observa.
El problema vendrá cuando no lo sea y, fruto del impago, pueda dar lugar a una futura ocupación, que pueda provenir tanto de los propios propietarios como de terceros. Desde esta entidad bancaria recuerdan todos los plazos que conlleva la presentación de una demanda y luego, “que la demanda prospere”, además del factor clave de la “casuística”.
Desde el momento en que una entidad bancaria interpone una demanda contra el moroso hasta que el juzgado la admita a trámite y comunique a los propietarios que hay una legítima demanda también pasa un tiempo que muchos avispados okupas no dudan en aprovechar.  “Utilizan muchas artimañas: desde decir que tienen contrato con el anterior propietario, que no lo tienen disponible en ese mismo momento, etc”, cuenta el director. Una vez que el juzgado levanta acta de que una vivienda está ocupada “vuelves a tener las manos atadas con la vivienda en cuestión y poder hacer con ella lo que sea”, afirma. 

En el caso de los particulares, este banquero asegura que “la legislación da prioridad a esas viviendas antes que si son de un banco”. Especialmente delicada será la situación con personas que se declaren -o se puedan declarar- en situación de vulnerabilidad, bien por familia numerosa, desempleo u otros motivos. “Cuando alguien quiere paralizar una demanda que ha presentado un banco aludiendo a esto la legislación entiende que los bancos son empresas con capacidad para aguantar, por lo que les dejan estar más tiempo”, observa. Especialmente, en aquellos casos en los que pueda haber, por ejemplo, menores de por medio. 
La “imagen corporativa” del banco desempeña también un papel fundamental a la hora de dejar “en suspenso” esa demanda, aseguran desde la entidad. “Se dan distintos escenarios en los que el banco demanda al cliente porque no ha pagado pero luego el propio banco paraliza la demanda o bien el cliente se presenta en el juzgado y es el juez el que dice que esa demanda se paraliza durante un tiempo”, señala, en referencia a posibles desahucios.

Por otro lado, el director denuncia también la existencia de las mafias organizadas que se encargan de vender o alquilar inmuebles de forma ilegal a okupas. “Hay casos en los que la gente va en contra del banco y esas mismas personas lo alquilan o contactan con las mafias y dejan que un okupa se meta en la vivienda”, lamenta. “Incluso tienen ojeadores para saber qué viviendas están libres a cada momento”, puntualiza. Una vez la entidad bancaria correspondiente recibe la notificación o el aviso de que uno de sus inmuebles ha sido ocupado el banco tiene que hacerlo constar en el expediente de cada vivienda de cara a posibles problemas a la hora de poder venderla en un futuro. Llegado este punto, son dos las opciones para deshacerse de los indeseados inquilinos. “Se puede hacer por los juzgados o  por lo que diríamos prácticas no ortodoxas, dándoles dinero para que se vayan y los okupas se aprovechan de ello”, asegura, destacando incluso que algunos reciben instrucción para saber cómo actuar a la hora de enfrentarse a un banco o a un juzgado, lo que supone una dificultad añadida al proceso.

La unión hace la fuerza,lema de los Consistorios de la provincia

Hay quien piensa que es mejor prevenir que curar. Para ello, algunos de los municipios que apoyan la unión entre quienes sufren en sus carnes la ocupación ilegal y todos los problemas de ella derivados no han dudado en sumarse a estas reuniones a pesar de contar con un número más reducido de casos en comparación con otras localidades como Cabanillas u Horche. En Quer, donde su alcalde, José Miguel Benítez, comenta tener constancia de una sola vivienda ocupada en este momento, explica su adhesión a esta línea de trabajo “porque te puede pasar en cualquier momento”. La familia señalada como okupa rechaza hacer declaraciones a este periódico, desde el chalet en el que residen. “En los municipios que hemos estado en esa reunión nadie pondrá las cosas fáciles  a los okupas”, asegura el alcalde. En el caso concreto de esta familia, Benítez reconoce que “no dan problemas” aunque asegura no tener intención de empadronarles; ya que es necesario “un contrato de alquiler o unas escrituras de propiedad”.  “Se va a intentar luchar con la idea de sentarnos delante del Congreso para que se cambie la ley”, advierte.

Yebes, por contra, cuenta ahora mismo con una situación “óptima”, en palabras de su regidor, Miguel Cócera. “Afortunadamente, ahora mismo tenemos cero casos”, destaca, sobre la ocupación.  Cuenta que su adhesión a esta junta municipal se debe a “nuestra cercanía a Horche” y que “a veces los ayuntamientos también se encuentran solos y hay que unirse”. Pioz también es de los que cuenta con una “problemática puntual” con respecto a este tema, que su regidor, Juan Antonio Pendas, achaca, en parte, a “la configuración un poco más diseminada del pueblo”, con el casco urbano y 14 urbanizaciones. Yunquera, otro de los municipios partícipes de este encuentro también sufre de la ocupación de varias viviendas que, “aunque no es comparable a la de Horche”, indica su alcalde, Lucas Castillo, “se da la circunstancia de que además no tenemos Policía local”. No llegan a la decena pero su Consistorio sufre igualmente la problemática que genera esta situación. “Por ejemplo, se provocan circunstancias dañinas, que un ciudadano normal entienda que un okupa tenga opción de trabajar en un Plan de Empleo, pues, imagínate, se tiran de los pelos”, remarca.  “Pensamos que es gente que está pasando necesidad y no es la generalidad que hay. Si fuera así, entraría en juego la Administración”, advierte. Recuerda además “la solidaridad” que caracteriza a los españoles, siempre dispuestos a echar una mano a quien la  necesite para salir adelante, eso sí, honradamente. 


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