CONCLUSIÓN VII: Un estatuto para que los pequeños ayuntamientos actúen en condiciones de equidad
Los ayuntamientos son actores determinantes en la lucha contra la despoblación, de ahí que se considere necesaria la puesta en marcha de acciones y medidas que refuercen la capacidad de actuación de los consistorios de los pequeños municipios rurales, que eliminen trabas administrativas y que tengan en cuenta las dificultades añadidas que encuentran los representantes institucionales de ayuntamientos que, en ocasiones, no cuentan con trabajadores públicos que puedan encargarse de la gestión del día a día. Por esta razón, se estima necesario realizar una revisión de la legislación nacional relacionada con la financiación local para incluir en la misma medidas que faciliten la contratación pública en los municipios más pequeños y refuercen la capacidad de los ayuntamientos de ofrecer servicios a sus vecinos.
El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, abogó durante el foro por la elaboración de un estatuto para los pequeños municipios, que conlleve cambios en normas como la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Haciendas Locales para las zonas despobladas, ya que “no es razonable que se exija en pueblos de 100 habitantes los mismos requisitos que en las grandes ciudades para la apertura de negocios, las licitaciones de contratos públicos, la obtención de licencias o la gestión de recursos municipales”. En ello se trabaja precisamente desde el Gobierno central. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que estuvo en el foro, ya anunció en enero que el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población se integrará en la reforma de las Bases del Régimen Local “para reforzar el funcionamiento democrático y la modernización de los gobiernos locales, con medidas dirigidas a fomentar la digitalización de los servicios públicos locales, mejorar la participación ciudadana y establecer una regulación básica para los municipios de menor población o en riesgo de despoblamiento”.
El Estatuto afectará a los municipios hasta 5.000 habitantes, que son el 84 por ciento del total de municipios pero en los que reside solo el 12,12 por ciento de la población española y para los que la nueva Ley fija como objetivos contribuir a fijar la población en el territorio, establecer mecanismos que garanticen el funcionamiento democrático de sus instituciones y facilitar la prestación de servicios públicos de calidad.