COSITAL valora positivamente el nuevo modelo de colaboración para reforzar la capacidad técnica de los ayuntamientos
Castilla-La Mancha publica el Decreto 43/2026 que regula las entidades colaboradoras de la Administración para reforzar el apoyo técnico a los ayuntamientos, especialmente en el medio rural.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado el Decreto 43/2026, de 28 de julio, que regula el régimen jurídico de las Entidades Colaboradoras de la Administración regional, una figura prevista en la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa destinada a reforzar la capacidad técnica de las administraciones públicas mediante fórmulas de colaboración especializada.
La nueva norma fija el marco jurídico para la actuación de estas entidades en áreas como el urbanismo, la gestión forestal, la evaluación ambiental, la economía circular, el patrimonio cultural, los servicios sociales, el turismo, el comercio, la artesanía o la agricultura, entre otras.
En la elaboración del decreto ha participado COSITAL Castilla-La Mancha, el Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, que presentó observaciones y propuestas de carácter técnico durante la tramitación de la norma.
Apoyo para los municipios con menos recursos
Desde COSITAL Castilla-La Mancha consideran que la principal aportación del decreto será facilitar que las administraciones, especialmente los ayuntamientos del medio rural, puedan acceder a apoyo técnico especializado para agilizar la tramitación de expedientes y mejorar su calidad, siempre bajo la supervisión de la propia Administración.
El presidente de la organización, Rafael Santiago, explica que el nuevo modelo establece un sistema de colaboración público-privada mediante el cual entidades especializadas podrán prestar asistencia técnica para ayudar a las administraciones a encontrar las mejores soluciones posibles, especialmente en aquellos municipios que cuentan con estructuras administrativas más reducidas.
Sin pérdida de competencias públicas
El decreto deja expresamente establecido que las entidades colaboradoras podrán desarrollar funciones de informe, certificación, verificación documental y asistencia técnica, pero no podrán ejercer potestades públicas ni sustituir las competencias propias de la Administración, que conservará íntegramente las funciones de control, supervisión y resolución de los procedimientos.
En este sentido, Rafael Santiago subraya que esta regulación "no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración", sino que se trata de entidades llamadas a colaborar con las administraciones públicas y no a reemplazarlas.
Según COSITAL, este modelo permitirá que muchos pequeños municipios puedan acceder a conocimientos altamente especializados en materias de gran complejidad sin perder las garantías jurídicas ni el control administrativo.
Urbanismo como primer ámbito de aplicación
La regulación comienza aplicándose al ámbito del urbanismo, aunque prevé su extensión a numerosos sectores relacionados con la gestión pública, como la calidad ambiental, la actividad cinegética, el patrimonio cultural, la promoción empresarial, el turismo o los servicios sociales.
Para el Consejo autonómico de secretarios, interventores y tesoreros, el nuevo marco jurídico supone una oportunidad para fortalecer la capacidad de gestión de las entidades locales, especialmente las de menor tamaño.
Rafael Santiago concluye que cualquier medida que permita reforzar la capacidad técnica de los ayuntamientos resulta positiva, siempre que se mantengan las garantías, la seguridad jurídica y el control administrativo en beneficio de la ciudadanía.