‘EnClave’ pone sobre la mesa la necesidad de un modelo energético renovable y equilibrado
Las energías renovables y su impacto en el medio rural fue, en líneas generales, el tema abordado en el último EnClave Energía organizado por Nueva Alcarria. El lunes, los salones Sigüenza del Hotel Guadalajara & Conference Center de la capital acogieron este foro de debate bajo el título ´Renovables, desarrollo sostenible´, en el que participaron administraciones implicadas en la regulación y el impulso de estos proyectos energéticos, empresas del sector, grupos de desarrollo rural, organizaciones agrarias y actores locales. Se trató, en definitiva, de poner sobre la mesa todas las posturas acerca de una cuestión, la transición energética, que es ya una realidad en la provincia de Guadalajara.
El director de Nueva Alcarria, Alfredo Palafox, tras dar la bienvenida a los más de 150 asistentes al encuentro, recordó que estos encuentros EnClave abordan temas de interés y que ya se ha pasado por economía, política, agricultura o salud. “Ahora, el tema de la energía tiene mucho peso y la provincia, la región y España entera están inmersos en un proceso muy importante. Estamos atravesando una crisis energética mundial y las crisis, como bien sabemos, son oportunidades”. Por ello, adelantó que en las mesas se analizarían los pros y los contras, “pues hay distintos intereses en juego”.
Posteriormente, abrió la jornada la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien puso en valor que la apuesta del Ejecutivo regional por el desarrollo de las energías renovables “está ejerciendo de polo de atracción para que las empresas más representativas del sector estén apostando por instalarse en Castilla-La Mancha y desarrollar sus proyectos en nuestra comunidad”.
Durante su intervención, recalcó que la inversión en la región asociada a las instalaciones de generación eléctrica renovable puestas en funcionamiento desde 2023 “ha sido superior a los 6.500 millones de euros, llevando aparejado la creación de más de 6.500 empleos, muchos de ellos en los entornos rurales donde se instalan, donde además contribuyen a su dinamización ya que los ayuntamientos consiguen importantes ingresos extras gracias a las plantas”. La titular de Desarrollo Sostenible indicó que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Gobierno central “las necesidades que tiene nuestra región para seguir avanzando en su autonomía energética y garantizar el desarrollo de los proyectos estratégicos que tenemos a día de hoy sobre la mesa”.
Estas modificaciones, dijo, pasan “porque incluyan en su próximo Planificación eléctrica las redes de transporte y distribución que garanticen a nuestra Comunidad los 6.000 megavatios que tenemos identificados como necesarios para que se puedan desarrollar los proyectos estratégicos que ya nos han presentado”.
El cierre corrió a cargo del presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, quien aprovechó su intervención para poner sobre la mesa la necesidad de una financiación justa para el mundo rural. Vega señaló que, aunque “la España rural produce más energía de la que consume”, los beneficios económicos que generan estas instalaciones no se traducen en una mejora de los servicios públicos para los municipios.
“Guadalajara tiene dos realidades, la del Corredor del Henares y el mundo rural, y todos saben las dificultades que tenemos en el mundo rural, sobre todo en cuanto a financiación”. Vega reclamó, por tanto, una redistribución de los beneficios que generan las industrias en los corredores industriales y denunció que la Comunidad de Madrid, que se beneficia del agua, el aire y la energía que produce Guadalajara, tiene una “hiperfinanciación” que le permite bajar impuestos, mientras que la Diputación de Guadalajara tiene dificultades para mantener los servicios básicos.
El impacto de las renovables, un camino con retos y muchas oportunidades
La primera de las mesas estuvo centrada en Las renovables y su impacto socioeconómico en Guadalajara. El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, explicó cómo se está desarrollando esta transición energética en Guadalajara. destacando que, más allá de la producción de energía, es fundamental que los municipios puedan aprovechar esta energía de manera local, evitando que toda la electricidad generada en la provincia se destine a su exportación.
El delegado señaló que el desarrollo de parques renovables ha generado más de 6.500 empleos en la región, pero que es necesario equilibrar los intereses económicos, medioambientales y sociales. También mencionó que el Gobierno regional trabaja en mecanismos para garantizar que los proyectos energéticos respeten el entorno y aporten beneficios a las comunidades rurales.
Compromiso empresarial
Como es lógico, uno de los sectores protagonistas del debate fue el empresarial, representado por Fernando Sánchez Bódalo , responsable de Relaciones Institucionales de Solaria, una de las principales compañías del sector fotovoltaico en España. Sánchez Bódalo explicó que Guadalajara es un territorio estratégico para la empresa debido a su infraestructura eléctrica heredada, su gran número de horas de sol y la cercanía a grandes núcleos de demanda, como Madrid y el propio Corredor del Henares.
El representante de Solaria detalló que su compañía ya ha invertido más de 300 millones de euros en la provincia, generando empleo local y estableciendo medidas de compensación medioambiental.
Además, destacó la importancia de facilitar que las empresas y polígonos industriales locales puedan acceder directamente a la energía generada en la provincia.
En la misma línea se pronunció Eva Jalón , directora de Energía en Sacyr , defendió la apuesta de su empresa por la biomasa y el biogás como complementos a la fotovoltaica y la eólica. Jalón explicó que Sacyr opera plantas de biomasa en varias provincias y que su modelo permite generar energía aprovechando los residuos agroindustriales y forestales. “No solo generamos energía renovable, sino que fomentamos la economía circular y la reducción de residuos”, afirmó.
Preocupaciones
El sector agrícola, representado por Juan José Laso , presidente de APAG , mostró una postura más crítica ante la expansión de los parques fotovoltaicos. “No estamos en contra de las renovables, pero necesitamos una regulación más estricta para evitar la concentración excesiva de proyectos en determinadas zonas “, expresó. Según explicó, el crecimiento desordenado de los parques solares está afectando a la disponibilidad de tierras agrícolas, dificultando el relevo generacional en el campo y desplazando actividades tradicionales como la ganadería extensiva.
Laso insistió en que las plantas fotovoltaicas deben instalarse en suelos industriales o terrenos degradados , evitando el uso de tierras fértiles. Además, cuestionó los procedimientos de expropiación de terrenos en beneficio de empresas privadas, calificándolos de “dudosa utilidad pública”.
Por su parte, Jesús Ortega , presidente de RECAMDER , defendió la necesidad de que las energías renovables reviertan en las comunidades rurales . Ortega criticó que, a pesar de que Guadalajara es una provincia exportadora de energía , los habitantes locales no reciben beneficios directos y pagan la misma tarifa eléctrica que en grandes ciudades como Madrid .
El representante de RECAMDER insistió en la importancia de establecer tarifas eléctricas diferenciadas para el medio rural , como una medida para fomentar el desarrollo económico y evitar la despoblación. “Si queremos que los pueblos sobrevivan, tenemos que garantizar que sus habitantes y empresas tengan acceso a energía barata y competitiva”, concluyó.
A pesar de las diferentes posturas expresadas, todos los intervinientes coincidieron en que Guadalajara tiene un papel clave en la transición energética , pero que es necesario establecer mecanismos que permitan un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la sostenibilidad socioeconómica.
Energía para impulsar el medio rural
Durante el foro, varios ponentes coincidieron en señalar a las comunidades energéticas como una herramienta clave para fijar población en el medio rural . Rubén García, delegado provincial de Desarrollo Sostenible, destacó que estas iniciativas permiten a los municipios reducir los costos energéticos , beneficiando tanto a vecinos como a pequeñas empresas locales. En el mismo sentido se pronunció, Jesús Ortega , presidente de Recander, insistió en que el acceso a energía asequible y sostenible puede ser un factor determinante para impulsar la instalación de empresas en zonas rurales y evitar el abandono del territorio.
La segunda mesa de la jornada, bajo el título Políticas Públicas y Desarrollo Rural, se centró en los retos, beneficios y la planificación territorial necesaria para lograr un equilibrio entre el crecimiento industrial y la sostenibilidad del mundo rural.
El director de desarrollo de Verbund Green Power Iberia, Ignacio Álvarez de Toledo, destacó que Castilla-La Mancha ha demostrado ser una región clave para el desarrollo de las energías renovables, con una administración “que tiene claro sus objetivos”. Según expuso, el 40 por ciento del negocio de esta empresa austríaca en España se centra en esta comunidad autónoma, gracias a la disponibilidad de terreno –un territorio “apto” para el desarrollo de renovables”, el impulso gubernamental y el potencial de generación de energía. En este punto, señaló que, en términos macroeconómicos, no se está perjudicando al sector agrario, pues, según sus datos, sólo se ha ocupado el 0,3 por ciento de estos terrenos agrícolas de Castilla-La Mancha. Eso, además, supone una “oportunidad” para el sector industrial”. Aunque añadió que, “en España, históricamente, la industria ha sido castigada por los altos costes energéticos. Ahora, con las renovables, Castilla-La Mancha tiene la oportunidad de atraer empresas y generar riqueza”, afirmó. También subrayó la necesidad de compatibilizar la implantación de estos proyectos con el territorio, el sector agrario y con las administraciones locales para minimizar impactos.
Cohesión territorial
Por su parte, la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, Silvia López, defendió el “compromiso” del Gobierno autonómico con las renovables, pero también con la cohesión social y territorial y la reducción de la burocracia. “La simplificación administrativa es una prioridad para la Junta y por eso hemos diseñado dos herramientas de gran utilidad: un gestor de urbanismo y un nuevo visor integral de la planificación urbanística que agilizará los trámites para empresas y ayuntamientos”, explicó. López también insistió en la compatibilidad entre el desarrollo de energías limpias y la actividad agraria. En este sentido, destacó que “se han aprobado proyectos que combinan ambas actividades, como plantas fotovoltaicas para riego agrícola”. Pidió igualmente la “colaboración” del sector privado y abogó por la “participación” de la ciudadanía a través de alegaciones para minimizar al máximo el rechazo social.
El delegado territorial de Naturgy en Castilla-La Mancha y Castilla y León, David Muñoz, detalló durante su intervención el crecimiento de la empresa en esta región, con 1.150 megavatios instalados y previsión de alcanzar los 700 adicionales en 2027. Muñoz enfatizó la importancia de la eficiencia energética y el almacenamiento de energía, que permitirá optimizar la generación y evitar que la energía renovable se pierda en momentos de baja demanda. “Tenemos que trabajar en la hibridación de tecnologías y en la integración de sistemas de almacenamiento para mejorar el uso de la energía solar y eólica. También es clave equilibrar el mix energético, porque actualmente la fotovoltaica ha crecido mucho más rápido que la eólica en Castilla-La Mancha”, señaló.
Efectos en los pueblos
Uno de los aspectos más debatidos durante la jornada fue el impacto de las energías renovables en los municipios en los que se ubican estas instalaciones. Carmen Gil, alcaldesa de Canredondo y delegada provincial de la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara, compartió la experiencia de su pueblo, donde conviven un parque eólico y una planta fotovoltaica de Naturgy. “Al principio hubo reticencias por parte de los vecinos, sobre todo por el impacto visual y el precio de la hectárea”. También hizo referencia a los beneficios económicos y empleo que se generó, aunque fuera temporal. El año de construcción permitió mantener el bar y la hostelería en pueblos colindantes”, explicó. Gil también reclamó una “mayor rapidez” en la tramitación de estos proyectos. “Nosotros empezamos en el 2006 y la planta no se inauguró hasta 2022. Fue un problema detrás de otro”. Y propuso que los vecinos de los municipios con instalaciones energéticas puedan beneficiarse de tarifas reducidas en su factura eléctrica. “Sería una manera justa de compensar el impacto de estas infraestructuras”, afirmó. Igualmente, Carmen Gil señaló que, de los 147.000 euros de presupuestos, unos 40.000 euros proceden de impuestos por albergar estas instalaciones. “Sin esto no habríamos podido realizar muchas inversiones”.
El sector industrial también tuvo su espacio en el debate. El responsable de Relaciones Institucionales de BASF, José María Carracedo, destacó el compromiso de su empresa con la sostenibilidad y la descarbonización. “En nuestra planta de Marchamalo, toda la producción se realiza con energía verde, lo que nos da una ventaja competitiva. Además, tenemos acuerdos a largo plazo para garantizar el suministro de energía renovable”, afirmó. Carracedo también destacó la necesidad de seguir invirtiendo en tecnologías que reduzcan el impacto ambiental del sector industrial y subrayó la importancia de la colaboración con otras empresas y administraciones para lograrlo.