12/03/2021 / 17:17
Silvia Valmaña/Profesora de Derecho Penal UCLM


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La ciudad de los prodigios

Para la mitad del gobierno de España lo que aquí son privilegios allí son garantías; en realidad pueden ser las dos cosas, y ambas compatibles.


Barcelona, ciudad de prodigios por su belleza cosmopolita, por su vida cultural, por su modernidad y su modernismo, que la hacían mítica para los que somos y presumimos de ser de “provincias”. Una ciudad de los prodigios que permitió a cientos de miles de españoles asentarse en ella y en torno a ella, en su periferia, y construir su vida con prosperidad. Una ciudad que enamoró al mundo en el 92.

Por desgracia también es una ciudad que deja de ser prodigiosa cuando se vuelve capaz de destruirse por la estupidez y la ira, el fanatismo y odio inoculado, por recrearse en el victimismo fingido y en la autocomplacencia estéril. Una ciudad de los prodigios donde los bufones han silenciado a los burgueses, donde la bronca ha sustituido al seny y la batalla por la libertad cede terreno frente a Haseles y Pugdemones.

Y en todo este desconcierto surge una nueva ciudad de los prodigios, Bruselas, que como Barcelona es capaz de asombrarnos para lo mejor y lo peor. Estas ciudades se han unido en los últimos tiempos por un lazo amarillo de bilis que se ha empezado a desatar con la votación del pasado día 8 en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Por 400 votos a favor, 248 en contra y 25 abstenciones Europa ha decidido retirar la inmunidad a Puigdemont y sus compinches Comín y Ponsatí, que lucen nombres de cuento infantil o de troupe de variedades. Y por supuesto, entre estos votos que se oponen a la entrega y juicio de los huidos de la justicia, están los de aquéllos que reclaman en España lo que niegan en Europa. Para la mitad del gobierno de España, lo que aquí son privilegios allí son garantías; en realidad pueden ser las dos cosas, y ambas compatibles. 

Etimológicamente privilegio es “ley privada”, y su aplicación se justifica por la excepcionalidad y en atención a unas circunstancias que concurren en esa persona y que no afectan a las demás y que en un Estado democrático y de derecho no pueden ser otras que las garantías que salvaguardan la independencia y libertad de actuación, que no puede ser coartada por terceros. 

Estos privilegios garantistas son, fundamentalmente, tres: el aforamiento, la inmunidad y la inviolabilidad. Aunque a veces se confunden interesadamente, los tres tienen un ámbito de actuación y una naturaleza claramente diferenciadas. 

El aforamiento opera únicamente en la determinación del órgano judicial encargado de conocer y  juzgar criminalmente el asunto por razón del sujeto al que se juzga, y que normalmente será un Tribunal superior al que inicialmente correspondería. Pero como privilegio, es renunciable. Miembros del gobierno, parlamentarios nacionales y autonómicos, jueces, fiscales y otros cargos son aforados porque  lo establece la Constitución y las leyes.

La Inviolabilidad supone que la persona que la ostenta no responderá criminalmente por los hechos cometidos. La inviolabilidad del Rey es absoluta, como establece la Constitución en su artículo 56,3 y el fundamento de la misma es que los actos del Rey están sometidos siempre a refrendo; por otra parte, es algo común a los Jefes de Estado de los países de nuestro entorno. No parecería razonable que cualquier persona con afán de notoriedad pudiera estar demandando sistemáticamente al Rey por cualquier cosa. También tienen inviolabilidad los parlamentarios en el ejercicio de su función por las opiniones manifestadas,  como recogen  Constitución y  Estatutos de autonomía.

Por último, la inmunidad es la garantía frente a la detención de los diputados y senadores, o de los parlamentarios autonómicos, que sólo podrán serlo en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, los conocidos “suplicatorios”. Estos suplicatorios no deben ser una autorización condicionada ni deben basarse en un juicio de oportunidad, sino que deben concederse siempre, excepto en los casos en los que se entienda que la acción penal busca alterar el normal funcionamiento del poder legislativo, tal y como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Ahora Bruselas ha hecho precisamente esto, comprobar que la detención y entrega de Puigdemont y su banda no afecta al normal funcionamiento de las instituciones, sino todo lo contrario. Ahora la Bruselas europea se manifiesta para España como la ciudad de los prodigios. A ver si la Bruselas belga no lo estropea.


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