La Junta "podrá ir" a los tribunales si el Ayuntamiento de Torrejón no se encarga del mantenimiento del CEIP Las Castillas

El delegado provincial de Educación en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes, ha asegurado que la competencia sobre el mantenimiento del CEIP Las Castillas de Torrejón del Rey corresponde al Ayuntamiento y no a la Junta de Comunidades, en respuesta a las declaraciones realizadas por la alcaldesa del municipio, Belén Manzano, y a las informaciones publicadas en los últimos días.

Fernández-Montes sostiene que la titularidad y las obligaciones de conservación del edificio están “claramente determinadas” y que así se trasladó por escrito al Consistorio en mayo de 2025 mediante un informe jurídico. “Todavía no saben que son propietarios de ese colegio”, afirmó, en alusión al equipo de Gobierno local.

El delegado explicó que la Consejería requirió formalmente al Ayuntamiento para que acometiera las reparaciones detectadas —entre ellas goteras— en el plazo de un mes, al amparo de la Ley de Bases del Régimen Local. “A mí lo único que me corresponde, como administración en la que no tengo competencia del mantenimiento y conservación de los colegios, es utilizar la competencia que la ley me da para solicitar al competente, en este caso el Ayuntamiento, que lleve a cabo esa obra en el plazo de un mes”, señaló.

Según detalló, el documento suscrito en 2003 por el propio Ayuntamiento —y al que se remite el informe jurídico remitido en 2025— recoge que los terrenos se ponían a disposición de la Consejería para la construcción del centro, “comprometiéndose el Ayuntamiento a la futura gestión, uso, mantenimiento y conservación de la citada construcción”. “Yo creo que más claro no puede estar”, añadió.

Fernández-Montes subrayó que no existe cesión de la titularidad del suelo a la Administración regional y que, por tanto, el edificio no pasa a ser propiedad de la Junta. “Nunca, en ningún momento, pasa por titularidad de la Administración regional, porque no lo pasa el suelo tampoco. Es una puesta a disposición”, afirmó.

En este sentido, sostuvo que la obligación municipal de conservar los colegios públicos de Infantil y Primaria viene recogida tanto en la Ley de Bases del Régimen Local como en la normativa educativa autonómica y estatal. 

El delegado defendió que la Junta ha actuado dentro de sus competencias y con celeridad. “Yo no he salido a la prensa a decir nada; yo he enviado mi requerimiento, que es lo que me corresponde”, afirmó, y añadió que el centro educativo ha trasladado su agradecimiento por la prontitud de la actuación.

En caso de que el Ayuntamiento no ejecute las obras en el plazo concedido, la Administración regional actuará de forma subsidiaria y posteriormente repercutirá el coste al Consistorio.

Fernández-Montes indicó que, si el Ayuntamiento discrepa de esta interpretación, podrá acudir a los tribunales.