La lucha contra el Covid, las ayudas empresariales y el Acuerdo del Agua protagonizan la gestión del Gobierno regional en 2020

“Finaliza el 2020, un año atípico y doloroso en el que hemos tenido que demostrar nuestra capacidad de resistencia. Y no nos debemos olvidar de las y los compatriotas que han fallecido. A sus familiares amigos les damos el pésame”. Con estas palabras ha comenzado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, el balance de gestión anual.

A renglón seguido, ha aprovechado para hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad. “Ahora que vemos la luz al final del túnel, no nos podemos relajar”, y para ello ha recurrido a las palabras pronunciadas por Araceli, la primera mujer vacunada en España contra la COVID-19: “a ver si este virus se va y esta vacuna sirve para unirnos. Unir a las familias y a la sociedad, ya que, mientras nos entretengamos en polémicas absurdas, como las vividas en los últimos días, estaremos perdiendo energías para salir de esta situación”. En este sentido ha agregado que “la llegada de la vacuna debe servir de motivo de alegría y esperanza. Y todo lo demás sobra”.

Pero, a juicio de la consejera y portavoz, también es un momento oportuno para extraer conclusiones del año vivido. “La primera, irrenunciable, es que el sistema de salud debe ser público, gratuito y universal; la segunda, que la salida de la crisis no puede ser solo de una parte de la sociedad; tercero, que los sistemas de protección social deben ser fuertes; y cuarto, priorizar el interés general sobre todas las cosas. Sin olvidar que la unidad nos hace más fuertes y, por el contrario, la confrontación sólo debilita, genera frustración y odio. Y la verdad es que no necesitamos ninguna de las dos cosas”, ha manifestado.

Más bien, todo lo contrario, a raíz de las palabras pronunciadas por Blanca Fernández, quien ha señalado que “lo que necesitamos es esperanza, autoestima colectiva y solidaridad. La esperanza que nos da la vacuna, la autoestima que nos da el saber que la ciencia ha sido capaz de desarrollarla en tiempo récord, y la solidaridad que hace que España sea un gran país y Castilla-La Mancha una gran región”.

Con estas premisas, y con todas las cautelas, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha ofrecido algunas cifras de la situación epidemiológica, al manifestar que “hay que reconocer que hoy el virus está más contenido aquí que en el resto de Europa. Y, si eso es así, es porque algo estaremos haciendo bien y habremos aprendido ya después de 10 durísimos meses como país y como región”.

En este sentido, analizando la incidencia acumulada (IA) de los últimos 14 días, en Castilla-La Mancha hay 293 casos por cada 100.000 habitantes, y se encuentra por debajo de Baleares, Madrid y otras tres comunidades autónomas; pero es que Reino Unido registra 658 casos; Italia y Alemania en torno a 400; Países Bajos y República Checa tienen 900; Suecia 742; o Portugal 424.

Ello no ha sido óbice para recordar que el 26 por ciento de la población de Castilla-La Mancha está con medidas de nivel 3, mientras que hace unas semanas esa cifra era del 2,5 por ciento. Esto ha llevado al Ejecutivo regional a que, “además de tomar medidas de contención generales, estamos adoptando medidas con bisturí. Por ello, agradecemos el esfuerzo de la población y volvemos a pedir, de corazón, que se cuiden y que cuiden a las personas que tienen a su alrededor”.

Apuesta por una salida social de la crisis

También en referencia al año 2020, Blanca Fernández saca conclusiones de la lección aprendida, y es que “no podemos salir de esta crisis como lo hemos hecho en otras, como por ejemplo en 2008, debilitando los servicios públicos y dejando abandonados a los sectores más vulnerables y al tejido productivo”. En este sentido ha aplaudido la respuesta de la Unión Europea con la complicidad y el liderazgo de España, que “ha apostado por un modelo muy diferente, una apuesta por la inversión pública, por políticas contra cíclicas y que apuntalen el tejido productivo de nuestro país y de nuestra región”.

Como referencia más actual, la consejera de Igualdad y portavoz ha citado el reparto de los 10.000 millones de euros de los fondos REACT-UE y la “satisfacción” de Castilla-La Mancha por los 486 millones que le corresponden “porque este reparto se ha aplicado con criterios objetivos y a las prioridades que ha marcado la Unión Europea para la distribución de estos fondos”, que, básicamente, son: impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad autónoma e impacto en el empleo, de forma particular en el empleo juvenil.

Cabe recordar que estos criterios fueron compartidos y aceptados por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada a tal efecto. Tanto es así que Blanca Fernández ha recordado que se permitió incluir esos importes dentro de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2021.

Para la portavoz, esta es la constatación de que “lo que se dice, se cumple, y en este caso estaría faltando a la verdad si no lo reconociera. De hecho, estos fondos ya están consignados en nuestros Presupuestos. Tal y como afirmamos, estos datos eran reales, y los ingresos previstos para 2021 son realistas, y eso a pesar de que el Partido Popular no se creía que estos fondos fueran a llegar y lo hicieran en esa cuantía. Pues bien, le tenemos que dar la buena noticia a las castellanomanchegas y a los castellanomanchegos de que sí van a ir llegando esos fondos tras haberse hecho el reparto de manera oficial”.

Sin alejar su discurso del mensaje económico, Fernández se ha referido a los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, “que están dotados con un récord histórico de 12.000 millones de euros, con un incremento superior al 15 por ciento y casi 1.600 millones más para fortalecer los servicios públicos fundamentales, atender a los colectivos más vulnerables, reactivar la economía, generar empleo e impulsar la transformación del tejido productivo. Y todo ello sin subir los impuestos”, ha puntualizado.

Ha celebrado la “negociación” y la “generosidad” de Ciudadanos, que ha apoyado estas cuentas junto al Grupo Socialista, una actitud que le ha servido para resaltar que, de hecho, “el estallido de la pandemia se inició con el acuerdo político entre PSOE, Ciudadanos y el Gobierno de Castilla-La Mancha mediante la rúbrica del ‘Pacto por la Recuperación Económica tras la Covid-19’ “centrado en la lucha contra las nefastas consecuencias de la crisis sanitaria”.

Un camino que atisba que será largo y marcará toda la legislatura, pero que, gracias a este pacto, está permitiendo ya, por ejemplo, invertir 640 millones de euros en infraestructuras sanitarias, de las cuales, el 70 por ciento ya están activas o activándose de alguna u otra manera y destinar 80 millones -en lugar de los 25 iniciales- para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a las personas autónomas de la región.

Gran inyección económica al tejido empresarial

“Desde luego que si tenemos una cosa clara en el Gobierno que preside Emiliano García-Page es que la unidad de acción es imprescindible. Lo era antes de la pandemia y lo es ahora muchísimo más. Por esa razón, el 4 de mayo rubricamos también un acuerdo con los agentes sociales –UGT, CCOO y CECAM- en el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que ya ha movilizado 209 millones de euros de los 231 previstos para tres ejercicios presupuestarios”, se ha encargado de subrayar la portavoz del Ejecutivo regional, quien ha añadido a modo de ejemplo que, “solo en el presente mes de diciembre hemos resuelto 11.000 ayudas para impulsar el empleo y la contratación; y ya hemos destinado 33 millones de euros para apoyar a los sectores del turismo y la hostelería”.

De hecho, Blanca Fernández ha indicado el compromiso del Gobierno castellanomanchego con el sector empresarial, puesto que “incluso antes del inicio de la pandemia ya suscribió un nuevo Plan Adelante dotado con 280 millones de euros después de la magnífica experiencia de la primera edición, que se saldó con 340 millones de euros en ayudas, alcanzando a un total de 21.000 empresas, pymes y autónomos de la región”, y que además conllevó la formación de 96.000 personas.

Y ha citado también el Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento con el que se han movilizado más de 25 millones de euros y 10.000 personas beneficiadas, “una línea en la que vamos a seguir trabajando, porque si algo tenemos claro en Castilla-La Mancha es que nuestro tejido productivo está compuesto en más de un 90 por ciento por personas autónomas y pequeñas y medianas empresas que necesitan de todo nuestro apoyo”.

El sistema público de salud, máxima prioridad

Pero si hay algo que siempre ha sido importante para el Gobierno de Emiliano García-Page es el sistema público de salud, a tenor de la valoración de la portavoz, quien ha sido muy gráfica al decir que “quedamos escaldados de recortes e intentos de privatizaciones en la época oscura de Castilla-La Mancha que todo el mundo ubica desde 2011 a 2015. Quizá esa experiencia, sufrimiento y desatención a la población de la región explique porqué en este año 2020 hemos sido la comunidad autónoma que mayor esfuerzo económico ha realizado para reforzar el sistema sanitario y que éste pueda luchar de manera eficaz contra la COVID-19”.

Fernández alude a la factura oficial computada por el Ministerio de Sanidad a finales de noviembre, y que en el caso de Castilla-La Mancha superaba los 400 millones de euros, rozando el 1 por ciento del PIB regional y doblando de este modo la media nacional de gasto público de las comunidades por los mismos conceptos.

Son “datos objetivos que no tienen ni trampa ni cartón” y que se han destinado, entre otra finalidad, a efectuar 9.900 contrataciones en el SESCAM; a la compra de 99 millones de mascarillas, 4 millones de test o a dotarse de uno de los sistemas de rastreo “más eficaces” de toda España con casi 800 profesionales que conforman los equipos de vigilancia epidemiológica. Y a ello hay que sumar una reserva estratégica que en este momento cuenta con 34 millones de mascarillas, 33 millones de guantes, casi 800.000 batas desechables o 90.000 litros de gel hidroalcohólico.

Un aprovisionamiento bien planificado porque “no nos olvidamos de todo lo que queríamos comprar en la primera ola de la pandemia y no pudimos por la ruptura de stock que se dio a nivel mundial”, en la que Fernández ha confesado que “fueron días de muchísimo sufrimiento e impotencia, de no dormir y de una ansiedad constante en todo el Gobierno”.

En cualquier caso, la consejera portavoz tiene claro que “lo más importante en la sanidad han sido y serán las personas. Profesionales sanitarios que merecían y merecen todos y cada uno de los aplausos que han recibido”, y en este sentido ha defendido que “en Castilla-La Mancha apostamos por los profesionales, no solo con la contratación, que es esencial, sino también con la formación de especialistas”, como los 1.414 residentes y los 438 incorporados a lo largo del presente año. Y a esto hay que sumar la nueva oferta de empleo público, la quinta en el SESCAM desde que gobierna Emiliano García-Page, con 360 plazas en 2020, pero que sumadas a las anteriores, alcanza la cifra de casi 6.000 plazas ofertadas.

“Y hemos puesto en marcha durante la pandemia el nuevo Hospital Universitario de Toledo, y de hecho hace escasos días el PP de Madrid –se refiere al portavoz en la Asamblea-, puso este centro como ejemplo de cómo hay que hacer las cosas en un traslado, contradiciendo lo que dice aquí el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha”.

Y a lo largo del año que finaliza se han mejorado la red de centros sanitarios en Elche de la Sierra, Hellín, en el barrio toledano de Santa Bárbara o en diferentes consultorios locales, además de obras imprevistas como la del Hospital de Hellín por importe de 2 millones de euros tras el incendio que sufrió.

En cuanto a la tecnología sanitaria de alto nivel, Fernández ha reseñado la apuesta que hay que tener “porque ayudan y contribuyen a mejorar el diagnóstico en su eficiencia y en su tratamiento”. En esta línea se enmarcan los más de 3,5 millones invertidos este año en los sistemas de diagnóstico por imagen de los hospitales de la red pública y la instalación de 215 equipos de electrocardiógrafos en los centros de salud y centros de especialidades “en el programa probablemente más ambicioso e innovador del país”.

Para concluir este apartado, la portavoz del Ejecutivo regional ha reconocido que “el sistema sanitario público ha tenido que hacer frente a la peor pandemia que ha vivido España y también Castilla-La Mancha en los últimos 100 años, y nos hemos dedicado a las urgencias, obviamente, pero también a las cosas importantes a las que nos habíamos comprometido, y no queremos aprovechar la pandemia como excusa para dejarlas en un cajón, de ahí que les estamos dando un importante impulso”.

Implicación y respuesta ejemplar de la comunidad educativa

La educación es otro de los grandes pilares en la gestión del presidente García-Page. Por ello, Blanca Fernández ha declarado que “si hablamos del curso escolar, hasta ahora, este reto está superado con nota gracias a la implicación de la comunidad educativa en el sentido amplio de la palabra (plantilla docente, personal no docente, alumnado y familias) a pesar de los ‘agoreros’ que decían que no había planificación ni medios”. De hecho, en contra de las críticas de improvisación, Fernández ha resaltado que “el regreso a las aulas se planificó durante meses por parte de Gobierno regional porque sabíamos la importancia que tenía poder mantener abiertos los colegios”.

Ha reiterado el esfuerzo presupuestario, político y sobre todo humano y profesional, y de forma particular ha puesto en valor al alumnado de Castilla-La Mancha porque “nos han dado una lección de madurez y de responsabilidad extraordinaria que ha hecho que el curso escolar esté siendo un éxito”.

Como respaldo al sistema educativo, la consejera de Igualdad y portavoz ha valorado los 120 millones de euros destinados por el Ejecutivo castellanomanchego con carácter extraordinario para garantizar la seguridad sin renunciar a la equidad, y prueba de ello son los 28 millones dedicados al Plan de Digitalización, “la contratación de 3.000 docentes más, precisamente para poder hacer más grupos, más aulas y desdobles con los que ganar en seguridad; se han adaptado espacios con pequeñas obras o se ha recurrido a aulas prefabricadas como recurso de emergencia.”

Pero hay muchas más medidas, como la realización de 40.000 pruebas diagnósticas al personal antes de iniciarse el curso escolar; la habilitación de la nueva plataforma digital ‘EducamosCLM’; la inversión de 21 millones en infraestructuras educativas, “a pesar del periodo tan complicado provocado por la COVID; hemos mantenido todas las becas de comedor, de libros y material escolar, además de incrementarlas un 25 por ciento con las cifras que ya teníamos; hemos destinado cuatro millones de euros para material sanitario en las aulas o se han abierto cuatro escuelas rurales a pesar de la pandemia, sumando así 29 en total desde que García-Page asumió el Gobierno en 2015”,ha incidido.

A pesar de este contexto de emergencia sanitaria, se ha aprobado la primera Ley de Ciencia de la región porque “la apuesta por la I+D+i en Castilla-La Mancha debe ser de largo recorrido”.

Un referente nacional en materia de Bienestar Social

En materia de Bienestar Social, la portavoz Blanca Fernández ha dicho que “no es baladí que en este 2020 hayamos sido una de las tres comunidades autónomas que más dinero por persona hemos invertido en el sistema de atención a la dependencia: 915 euros frente a 665 euros de la media nacional”.

A ello ha sumado la puesta en marcha de las ayudas de emergencia excepcional COVID-19, que ha permitido llegar a 40.000 personas.

Y, de nuevo, Fernández ha vuelto a plasmar el incremento presupuestario que experimenta en este caso la Consejería de Bienestar Social. Contará con más de 843 millones de euros, 56,8 de ellos destinados a inversiones en infraestructuras sociales que requieren de una adaptación como consecuencia de la pandemia.

Un 2020 que vuelve a situar a nuestra región como la primera comunidad autónoma de España en número de viviendas para mayores –en total 155- y la segunda en plazas residenciales al alcanzar las 1.500, y con el año en el que se aprobó por unanimidad en las Cortes la Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.

Acuerdo histórico para tener una única voz en materia de agua

A pesar de la dureza que ha representado el año, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha agradecido que el 2020 haya dejado “alguna buena noticia”, como ha sido el Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha “fruto del consenso y el acuerdo de partidos políticos, agentes sociales, sector empresarial, organizaciones profesionales agrarias y regantes”.

Es “un acuerdo histórico que nos permitirá tener una sola voz, lo que nos hace más fuertes y hará que se nos escuche alto y claro”, de ahí que haya avanzado que “no renunciamos a seguir recurriendo aquellos trasvases que consideramos invasivos y lesivos para los intereses de la región”.

Hecha esta aclaración, Blanca Fernández ha puesto énfasis en la inyección de 956 millones en ayudas al sector agrario y ganadero de Castilla-La Mancha durante el año que está a punto de cerrarse y que ha sido testigo de cómo se han tenido que diseñar protocolos y normativas específicas para la prevención de contagio por COVID-19 en las campañas agrícolas.

Y el ámbito normativo, la portavoz ha destacado dos medidas concretas, como son la aprobación de la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha y el Decreto de Venta Directa que permite a las y los productores agroalimentarios vender los productos en sus explotaciones, y además hacerlo con seguridad jurídica y con el novedoso sello distintivo ‘Campo y Alma: directo a tu mesa’ que permite identificarlos. Y es que, según ha respaldado Blanca Fernández, “todas las iniciativas que eleven la renta agraria y elimine costes intermedios, es bueno para el productor y para el consumidor”.

El reto demográfico como apuesta por el desarrollo rural y la igualdad

Este punto le ha servido a la consejera y portavoz para referirse al reto demográfico, una clara apuesta por el desarrollo rural y el fomento de la igualdad en el acceso a los servicios. Precisamente, Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en firmar el Pacto Regional contra la Despoblación, de nuevo mediante el consenso y el diálogo con los agentes sociales.

Hay que significar también que está en tramitación la Ley de Medidas Sociales, Económicas y Tributarias frente a la Despoblación, y en paralelo se está avanzando en la Estrategia Regional para impulsar el desarrollo de los municipios afectados por la despoblación. “Prueba de este compromiso es la llamada Inversión Territorial Integrada (ITI) con 140 convocatorias y 914 millones de inversión en los últimos años”.

Un desarrollo sostenible

Pero eso sí, Fernández ha dejado claro que en Castilla-La Mancha “el desarrollo debe ser sostenible”, razón que justifican los casi 25 millones de euros destinados en 2020 a incentivos para la transición energética.

El área de las telecomunicaciones también se antoja esencial, y aquí la consejera y portavoz se ha congratulado por el hecho de que nuestra región haya sido la comunidad autónoma que más fibra óptima ha desplegado desde 2015, duplicando con ello la media nacional.

Y “hemos destinado casi 7 millones para la protección del medio natural, más allá de la importantísima inversión en el dispositivo del INFOCAM; sin olvidar que hemos aprobado por unanimidad la Ley de Evaluación Ambiental y hemos impulsado la creación del Cluster del Hidrógeno en la región.

Capítulo aparte ha merecido la plantilla de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) y del cuerpo de Agentes Medioambientales. Blanca Fernández ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento para ellos y ellas, que durante los peores momentos de la pandemia llevaron a cabo 30.000 actuaciones y 15.000 visitas a los lugares más aislados para llevar medicamentos, alimentos, ordenadores o libros.

Grandes avances en materia de Igualdad

Como máxima responsable de la cartera de Igualdad, Blanca Fernández ha destacado los “grandes avances” en esta materia transversal al Gobierno de Castilla-La Mancha que ha contado con el mayor presupuesto de los últimos 10 años. Casi 24 millones de euros que han servido, entre otras cosas, para mantener la amplia red de Centros de la Mujer y los recursos de acogida, éstos últimos con una nueva apertura para dar respuesta durante el confinamiento; para triplicar la partida destinada a las ayudas al alquiler para víctimas de la violencia de género que ha permitido llegar a todas las mujeres que las han solicitado; o para poner en marcha el proyecto ‘Libres’ basado en ayudas sociales gestionadas por entidades del tercer sector que ha llegado a casi 400 mujeres prostituidas mediante intervención social y atención ante el abandono.

Todo ello con “la convicción profunda de que no podemos dejar desatendida a ninguna mujer víctima de violencia de género ni a sus hijas e hijos”.

“Castilla-La Mancha también fue la primera comunidad autónoma en decretar el cierre de los prostíbulos con la COVID” consciente de que son lugares donde se ejerce la explotación sexual, un problema complejo y con intereses económicos que exige un planteamiento nacional serio para evitar que haya tráfico de mujeres y niñas”, ha subrayado la responsable de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, al tiempo que he hecho alusión al nuevo recurso extraordinario de acogida COVID que se abrió durante el confinamiento en “un año muy negro en cuanto al asesinato de mujeres se refiere”. 

Dado que, lamentablemente, la violencia de género se ha incrementado durante la pandemia ha sido necesario movilizar, a través del 112, recursos sanitarios para atender a mujeres en 1.700 ocasiones. Todas ellas por agresiones machistas, con una media de 8 al día.

Ayudas a la vivienda en Fomento y la Ley antiocupación

Del mismo modo, con el objetivo de que todo el mundo tenga acceso a la vivienda, desde la Consejería de Fomento se han publicado seis convocatorias de vivienda a lo largo de este año por un valor que supera los 36 millones de euros.

En esta línea, el pasado 17 de diciembre se aprobó la Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incorpora el desalojo exprés, el endurecimiento de penas y la lucha contra las mafias.

Blanca Fernández ha concluido su comparecencia recordando también que este año 2020 se han invertido en carreteras un total de 88,5 millones de euros para realizar importantes mejoras en 261 kilómetros de la red autonómica.