Retirada de ayudas, baja natalidad y competencia desleal amenazan el futuro de las escuelas infantiles privadas en Guadalajara

Las escuelas infantiles privadas de Guadalajara se enfrentan a una "tormenta perfecta" que pone en jaque su supervivencia. A la crisis demográfica derivada de la baja natalidad y la presión de establecimientos que, con licencia de ocio, ejercen de forma encubierta como centros educativos, se suma ahora un conflicto abierto con el ayuntamiento por la supresión de las ayudas directas al sector. La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil (ACEI), integrada en la patronal CEOE-Cepyme, denuncia que esta falta de apoyo institucional asoma al abismo a una red que ya ha perdido tres centros en el último lustro.

El conflicto de las ayudas

Según ilustra José Ruano, presidente de la asociación, el detonante de la crisis actual es la desaparición de una partida de 50.000 euros que el concejal de Infancia, Roberto Narro, se habría comprometido a mantener el pasado febrero. Esta cifra ya suponía un recorte frente a los 80.000 euros que destinaba la corporación de Alberto Rojo. Desde el equipo de gobierno municipal, liderado por el PP, se justifica la no convocatoria de estas subvenciones alegando "motivos legales" vinculados a la sostenibilidad financiera de las arcas públicas.

Sin embargo, desde la asociación se rebate esta versión con dureza. Ruano señala que los problemas legales responden a una gestión deficiente del propio consistorio, ya que Hacienda les impide pagar gastos no obligatorios si no cumplen con sus propios indicadores de gestión financiera. El presidente de ACEI destaca la contradicción de que el ayuntamiento niegue ayuda al sector mientras mantiene una escuela municipal cuya gestión está delegada en una empresa privada. “Nos han mentido”, asevera Ruano, quien recuerda que estas pequeñas empresas de cinco o seis trabajadores dependen de estas ayudas para afrontar pagos críticos como las pagas extraordinarias.

Ayudas con “obstáculos” para las familias

La gestión municipal también está bajo el foco por las ayudas directas a las familias. Aunque el presupuesto subió a 70.000 euros, la ACEI denuncia una ejecución “descuidada”. Las ayudas se publicaron a finales de octubre con un plazo de apenas siete días para solicitarlas, coincidiendo además con el Puente de los Santos. Esta falta de previsión ha provocado que, de las 600 familias que utilizan estos centros en Guadalajara, apenas una treintena haya logrado acceder a la subvención tras endurecerse además los requisitos de renta.

El invierno demográfico y las ludotecas

La viabilidad de estos centros educativos no solo depende de la administración. El sector acusa gravemente el impacto de la caída de la natalidad y los nuevos permisos de conciliación, que han dejado casi sin demanda el primer curso del ciclo (de 0 a 1 año). Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia mantiene una tendencia de descenso constante de nacimientos.

A este escenario se añade la proliferación de establecimientos que, con licencia de ludoteca o centro de juego, funcionan en la práctica como escuelas infantiles encubiertas, se entiende desde el colectivo. “Estos centros alegales no tienen supervisión pedagógica ni de ningún otro tipo, ni de el Ayuntamiento, ni de sanidad, ni de otros organismos competentes en la materia”, prosiguen. Se trata de espacios –ilustran- que ofrecen servicios educativos sin pasar las estrictas inspecciones de la Consejería de Educación. Esta práctica supone una “competencia desleal” y, según advierte Ruano, genera una situación de riesgo para los menores al carecer de supervisión pedagógica en comparación con los centros reglados.

Hacia un modelo de concierto

Para la ACEI, el futuro del sector pasa por seguir el ejemplo de otras comunidades autónomas y crear una red de escuelas concertadas. El objetivo es que la educación de 0 a 3 años sea universal y gratuita, de modo que la administración sufrague el coste de las plazas en los centros privados existentes. Mientras tanto, el sector estudiará vías legales con el apoyo de la CEOE la próxima semana para reclamar las ayudas comprometidas y evitar que los costes operativos -que han subido un 30% en cinco años- acaben repercutiendo inevitablemente en las cuotas mensuales de los padres.