Martínez Guijarro: “Hemos conseguido que la despoblación esté en el tablero político nacional”

    ¿Cómo afronta el Gobierno regional el arranque de esta nueva legislatura?
    Es un arranque en parte de continuidad, con todos los proyectos que quedaron pendientes de la anterior legislatura, pero hemos querido poner especial hincapié en este arranque en el diálogo. A pesar de contar con una mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, no queremos que la gente interprete que esa mayoría puede conducir a algún tipo de abuso en la toma de decisiones. Por eso hemos querido que desde el minuto cero haya diálogo institucional con diputaciones y ayuntamientos; y diálogo político con las fuerzas que están en las Cortes. Con ellos hemos llegado a acuerdos para la organización del propio parlamento y hemos recuperado los derechos que tenían los diputados y que se quitaron en la época de Cospedal. También hay diálogo con los agentes sociales y económicos como Cecam y los sindicatos.

    De cualquier forma, disfrutar de una mayoría les dará más tranquilidad a la hora de poner asuntos sobre la mesa.
    En el equipo de Gobierno, quien más lo va a notar soy yo, porque era el interlocutor con Podemos en la anterior legislatura. Pero queremos que el diálogo esté también en las Cortes. Estamos viendo ya determinadas tramitaciones de leyes que quedaron pendientes y que ahora hemos incorporado a las Cortes. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos en permanente contacto con los otros grupos para llevar a cabo diferentes iniciativas, algunas en materia de respaldo a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. De hecho, por primera vez las Cortes aprobaron por unanimidad una resolución de respaldo en materia de agua. Es una muestra más de cómo queremos que transcurra esta legislatura.

    Con el trasvase se va la riqueza de una parte de España para que se desarrolle otra zona. ¿La estrategia del Gobierno regional sigue firme en defensa de los municipios ribereños?
    Nuestro planteamiento es el mismo desde hace mucho tiempo. El trasvase es una hipoteca que está pesando como una losa para el desarrollo de una parte importante de nuestra comunidad. Estamos hablando de que se está produciendo realmente un trasvase de renta a otros lugares del territorio nacional. En los últimos días se ha puesto por primera vez de manifiesto por la propia Confederación Hidrográfica del Segura cómo hay regadíos ilegales que se están beneficiando del trasvase. Lo que ha ocurrido en esta zona durante años es un despropósito. Pero afortunadamente hay un cambio de mentalidad por parte de los responsables del Ministerio de Transición Ecológica. Creo que incluso en el Levante tienen ya interiorizado que no se puede ir mucho más allá en el tema del trasvase. Además tienen una infraestructura que ya pueden utilizar: las desaladoras. Y debemos pedir que se utilicen al 100 por cien de su capacidad, ya que pueden ser las que garanticen el suministro de agua para uso humano y regadío en el Levante. Ésa es la estrategia de fondo, y al mismo tiempo que nosotros podamos utilizar el agua de la cuenca del Tajo para nuestro propio desarrollo. Es una paradoja que se esté trasvasando agua y que tengamos problemas para atender las demandas de agua de nuevas industrias que se instalan en la comunidad autónoma o de industrias que quieren crecer, y desde la propia Confederación Hidrográfica del Tajo se les están poniendo limitaciones. Esa incongruencia hay que resolverla. Nunca nos hemos negado al abastecimiento humano o por cuestiones de emergencia. Entendemos que para esos casos puede estar justificado. Pero lo que no puede es producirse un trasvase directamente de renta.

    Ahora los ribereños tienen voz, aunque no voto, en la Comisión de Explotación. ¿El objetivo es acabar con el trasvase?
    Lo fundamental aquí es cambiar las reglas de explotación del trasvase y derogar el famoso memorándum. Ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que nos da la razón en cuanto a que esos planes hidrológicos no contemplan el caudal ecológico que tiene que tener el río Tajo y que, por lo tanto, hay que darle una vuelta por completo al Plan Hidrológico. A partir de ahí se tienen que elaborar unas nuevas reglas de explotación que garanticen el cumplimiento efectivo de ese caudal a su paso por Aranjuez, Toledo o Talavera. Eso va a ser un punto de inflexión fundamental, y es clave que estén los municipios ribereños en la Comisión de Explotación, entre otras cosas para que haya total transparencia en la toma de posiciones. No entendí la polémica que se creó en Murcia cuando se iban a sentar Entrepeñas y Buendía en ese foro. Si no hay nada que ocultar ni nada que haga levantar ningún tipo de sospechas, ¿qué problema hay? Tal vez ellos sí conocían lo que estaba ocurriendo con los regadíos en la zona de Murcia, y por eso no quieren que los ribereños estén en la comisión. Pero ya están sentados, y en cuanto se produzca esa modificación de la normativa, estoy seguro de que estarán con voto.

    Otro problema importante es la despoblación. ¿Cree que se ha despertado la conciencia de que hay que afrontarlo?
    Afortunadamente, durante los últimos años hemos conseguido que este asunto esté en el tablero político a nivel nacional. Ha costado mucho trabajo, porque en los ministerios, cuando se hace la planificación, se tiene mucha tendencia a pensar en las cosas para allí donde hay mucha población, precisamente porque allí hay más votos. En este sentido, ha venido bien esta rivalidad, porque los diputados de las provincias menos pobladas podían dar la victoria o no a uno u otro partido en función de la voluntad de los ciudadanos. Y por primera vez se ha puesto encima de la mesa el problema de la despoblación, que afecta a una parte importantísima del territorio. Esa España de interior que se ha despoblado en las últimas decenas de años y que está generando un problema muy serio de vertebración territorial y que genera un problema importante de desigualdad entre los hombres y mujeres que viven en esas zonas y en el medio urbano. Este problema está teniendo una importante incidencia en la financiación de las comunidades autónomas. Es clave que se produzca un cambio en el sistema de financiación para que podamos garantizar al 100 por cien que los ciudadanos que viven en esas zonas tengan igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios básicos: sanidad, educación o servicios sociales. Para eso se tiene que contemplar en el sistema de financiación el sobrecoste que conlleva la prestación de servicios en zonas donde hay menos población, pero que tienen derecho, como españoles que son, a recibir una buena sanidad o educación.

    Para ello habrán de ir todas las administraciones de la mano.
    Lo primero que se tiene que producir, y en eso estamos ya trabajando, es un gran pacto en torno al reto demográfico. Éste es un problema que se puede empezar a encauzar en el medio y el largo plazo, por lo que hay que tomar decisiones de largo recorrido con independencia del signo político del gobierno que esté. El Gobierno de España, el de Castilla-La Mancha, las diputaciones y los ayuntamientos de estas zonas tienen que tomar decisiones estratégicas de medio y largo alcance, porque no hay una barita mágica. Es un problema con muchos prismas y hay que actuar desde distintos puntos de vista. Probablemente hay tres cuestiones que hay que asentar como pilares básicos para empezar a resolver el problema. En primer lugar, la garantía de prestación de los servicios públicos básicos en estas zonas. Si no existen, es imposible que la gente quiera quedarse. En segundo lugar, hay que generar actividad económica aprovechando fundamentalmente los recursos endógenos que hay en cada una de las comarcas. Pero también  hay que apostar por la agricultura, la pequeña industria agroalimentaria y también el turismo. Pero tampoco podemos renunciar a que haya una pequeña actividad industrial. Y para que haya implantación de alguna pequeña empresa, hay que tener una serie de incentivos adicionales. Por eso creemos que hay que poner en marcha mecanismos de discriminación positiva para incentivar la actividad económica en estas zonas, incluso medidas de carácter fiscal. Por último, hay que mejorar las infraestructuras, no tanto de las carreteras, que también, pero tenemos que romper de una vez por todas la brecha digital. Aquí, en Guadalajara, son casi 250 los núcleos de población menores de 200 habitantes donde no va a llegar la fibra óptica según la programación de las operadoras. Y ahí tendremos que poner recursos públicos las administraciones. El transporte es otro de los retos que tenemos en ese sentido. En definitiva, que la gente pueda elegir en libertad dónde vivir.

    La Junta de Comunidades firmó la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo Plan de Empleo junto a las diputaciones. ¿El que haya menos beneficiarios con más presupuesto se debe a la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional)?
    Así es. Ese incremento que se ha producido es absolutamente beneficioso para este tipo de contratos, así como para el conjunto de trabajadores. En Guadalajara se estima que serán 660 las personas que se podrán sumar a este plan con la aportación de algo más de 4 millones entre Gobierno regional y Diputación. Desde que empezamos con planes de empleo son casi 4.000 beneficiarios en esta provincia. A esto hay que sumar el plan específico para mujeres del medio rural y víctimas de violencia género. E iremos sumando programas específicos de cara al futuro para colectivos muy concretos. Teníamos ya el de mayores de 55, ahora éste y seguiremos avanzando en esa dirección. Ha habido un cambio importante desde el punto de vista de la cifras del paro desde 2015 hasta ahora, pero creemos que todavía es necesario seguir incidiendo en esta política de planes de empleo.

    El paro descendió en la región según la última EPA, aunque en Guadalajara se incrementó. ¿Están satisfechos con la evolución general?
    La evolución es positiva si lo comparemos con hace cuatro años. Nadie lo pone en duda. Pero hay que seguir manteniendo el esfuerzo en materia de planes de empleo, fundamentalmente para los parados de larga duración, que se han reducido de manera importante. Y se hará también con todo el apoyo de la iniciativa empresarial. Porque, finalmente, son ellos quienes generan empleo, y ése es el empleo que nosotros consideramos más importante. Aunque dentro de los planes de empleo, el 30 por ciento de los que han participado, a los seis meses de haber finalizado el contrato han encontrado una vía de inserción en el mercado ordinario de trabajo. Es un dato importante que pone de manifiesto que los planes de empleo mejoran la empleabilidad.

    La provincia de Guadalajara es un polo de atracción de empresas. ¿Qué papel juega en el dinamismo empresarial de la región?
    En términos estrictamente estadísticos, de las más de 62.000 empresas que hay en la región, 6.000 están en Guadalajara, el 10 por ciento. Pero más allá de ese porcentaje, el Corredor del Henares es en este momento una de las zonas más dináminas desde el punto de vista económico. Rara es la semana en la que no hay contactos para la implantación o ampliación de empresas. Ojalá tuviéramos varios corredores más en el resto de la región, porque se ha convertido en una de las zonas con mayor dinamismo empresarial y de actividad económica, en sectores muy importantes como el de la logística, y también de grandes empresas del sector industrial. Y aunque esta provincia tiene esa dualidad del Henares y el resto, este Corredor probablemente será, junto con el de La Sagra, el polo más dinámico desde el punto de vista económico que hace que contribuya de manera notable al desarrollo económico del conjunto de la región.

    ¿Se contempla desde el Gobierno regional la posible llegada de una nueva recesión?
    En términos técnicos no estamos ni mucho menos en recesión. Hemos tenido una época de mucho crecimiento económico y ahora es un poco más atenuado. En cualquier caso, en Castilla-La Mancha seguimos creciendo por encima de la media. Esta semana hemos conocido un estudio económico que dice que junto, con Navarra y Baleares, seremos las regiones que más creceremos. En parte gracias a estos territorios como el Henares o La Sagra, junto con el impulso de los servicios públicos. Porque no tenemos que perder de vista que los presupuestos de la comunidad suponen casi el 25 por ciento del PIB de la región.

    La depuración de aguas residuales es de vital importancia para el entorno y para las arcas municipales de localidades que se ven obligadas  a pagar multas. ¿Cuáles están pendientes para este mandato?
    Tenemos elaborado el plan de depuración que contempla llegar a la totalidad de los municipios. El principal reto es establecer un sistema de depuración en los municipios pequeños que sea soportable financieramente luego por los propios ayuntamientos. Vamos a poner a disposición de ese plan los fondos estructurales para financiar una parte importante de estas depuradoras. El objetivo es que lo tengamos terminado antes de 2025. Y aquí hemos tomado algunas decisiones antes de que terminara la anterior legislatura, con un paquete importante de construcción y mantenimiento de nuevas depuradoras. Aparte de ser una obligación desde el punto de vista legal para los municipios más grandes, es una apuesta de futuro. Nadie entiende en estos momentos el desarrollo o el crecimiento si no es sostenible. Y uno de los elementos más importantes es la sostenibilidad en materia hidráulica.

    Precisamente en este mandato han puesto el acento en el desarrollo sostenible con la creación de una nueva consejería. ¿Cómo está funcionando?
    Se le está dando un peso importante a los planteamientos y pilares del desarrollo sostenible. Y ese impulso que se va a dar a las energías renovables o a la economía circular, que va a ser uno de los yacimientos de empleo en los próximos años. Ésta es la tarea fundamental que tiene la Consejería, junto con la extensión de la fibra óptica. Esta Consejería será protagonista en los próximos años y está empezando a ahondar, con las dificultades propias que conlleva la creación de un departamento nuevo en cualquier administración.

    ¿Será esta legislatura el momento de sacar adelante un nuevo Estatuto de autonomía?
    Vamos a ver el resultado de las elecciones del 10 de noviembre, porque finalmente lo aprueban las Cortes Generales de España. Pero todo apunta a que las grandes formaciones de ámbito nacional, en concreto las tres que están en las Cortes regionales, serán una parte importante del conjunto del Congreso de los Diputados. De todas formas, queremos sumar a un acuerdo para elaborar un Estatuto nuevo no sólo a las formaciones políticas con representación en las Cortes, sino a todas las que tienen representación en algunas de las instituciones de la comunidad. El Estatuto es nuestra pequeña Constitución y tiene que contar con un gran respaldo político y social, por eso es importante que colaboren también agentes sociales y económicos de la región y que lleguemos a un gran acuerdo a nivel regional para elaborar un gran Estatuto para la siguiente generación. Hemos estado con el actual prácticamente durante una generación y éste ha de garantizar a la siguiente generación la capacidad de autogobierno con nuevas herramientas, con el fin de tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que incorporar determinados derechos de carácter social, para que si hay una crisis económica, que nadie tenga la tentación de intentar solventarla a costa de quiénes lo pasan peor.