26/09/2020 / 16:15
Silvia Valmaña/Profesora de Derecho Penal UCLM


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Okupas

La ocupación ilegal es un delito, al menos, pueden ser dos diferentes, en función de cuál sea el interés social que se vulnera, el allanamiento de morada o la usurpación.


En las últimas semanas el tema de la ocupación ilegal de viviendas está concentrando la atención mediática por diferentes causas. Lo cierto es que, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, se ha pasado de una cifra en torno a las 10.000 ocupaciones anuales a las más de 12.000 de 2018 y a las 14.621 de 2019; en los seis primeros meses de este año, se han producido 7.450 ocupaciones. Hablamos de un incremento de un 40% en dos años.

La ocupación ilegal de viviendas es un delito, o mejor, pueden ser dos diferentes, en función de cuál sea el interés social que se vulnera, el allanamiento de morada o la usurpación. Es allanamiento cuando se atenta contra la intimidad ocupando una morada, un espacio cerrado donde una persona desarrolle su vida privada y puede excluir a otros, sea de forma permanente o accidental. Ejemplos de morada son, además de la vivienda, una autocaravana, una chabola, una tienda de campaña o incluso la habitación de un hotel o pensión. Y da igual que esté habitada en ese momento o no; siempre será allanamiento de morada la ocupación de la segunda residencia, aunque sólo vayas una vez al año por vacaciones o la visites los fines de semana. La pena, prisión de seis meses a dos años si no hay violencia o intimidación

Por el contrario, cuando se ocupa un local deshabitado, que no constituye morada de otro, se atenta contra el patrimonio y la respuesta penal se concreta en el delito de usurpación de inmuebles. La pena, de multa de tres a seis meses; en otro momento explicaré este sistema de multa.

Algunos colegas han afirmado que no hace falta modificar la ley para responder a estos delitos porque ya hay recursos suficientes en el ámbito civil, penal y administrativo para ello. Pero lo cierto es que la alarma social crece y lo hace porque parece que con los recursos del Estado de Derecho no es suficiente. Hay, desde el punto de vista penal, algunas claves: en el delito de allanamiento de morada, que se juzgan con jurado, sistema más lento y menos operativo; también existe una especie de Síndrome de Estocolmo pseudo-garantista de los operadores jurídicos y en las instrucciones policiales que convertían en intocable al okupa, de forma absurda, cuando haya transcurrido un plazo, que no se sabe de dónde se lo sacan, de 48 horas desde la comisión del delito.

Por último, un falso conflicto de derechos constitucionalmente protegidos, entre la propiedad y la vivienda digna, como si cualquier derecho pudiera ser impuesto o arbitrariamente ejecutado por un individuo en contra del derecho de otro, en una especie de ley de la selva anarquista y anárquica. Y menos cuando lo que parece un derecho es en realidad un principio rector de la política social y económica del Estado.

Hay cosas que hacer para mejorar la protección, dar instrumentos a jueces y fiscales para homogeneizar la respuesta sin necesidad de recurrir a peligrosas “sensibilidades” jurídicas o de otro tipo. Os voy a contar algunos casos reales como la vida misma:

Se ocupa una vivienda social, adjudicada al que la ha solicitado, aguantado una lista de espera hasta la asignación que a veces se prolonga por años y, antes de ocupar su casa, alguien se toma la “injusticia” por su mano en una especie de juego de la silla, de “tonto el último”. Pena de multa.

O la familia que con mucho sacrificio compra una vivienda y cuando está dispuesta a habitarla, a dejar de pagar un alquiler para pagar la hipoteca, se encuentra que alguien se le ha colado y tiene que seguir soportando esos gastos duplicados para que el ocupa viva gratis total. Pena de multa.

O los hijos que, a la pena por la muerte de sus padres, tienen que soportar gastos sin poder utilizar o vender la vivienda porque se encuentran con que alguien se les ha “colado”. Pena de multa.

Eso sí, si te quitan el móvil de última generación, como vale más de 400 euros entonces la pena es de prisión de seis a dieciocho meses. 

¿Hay que cambiar la ley para que se haga justicia? Juzgad vosotros.


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