El Ayuntamiento de Guadalajara celebra que el TSJ ordene la ejecución de la sentencia del Fuerte de San Francisco

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido un auto que ordena a la Junta de Comunidades la ejecución inmediata de la sentencia de 2017 sobre la rehabilitación integral de los inmuebles del Fuerte de San Francisco. El auto, que responde al incidente de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara el 4 de marzo de 2024, en relación con la sentencia firme número 205-2017, que condenaba a la Junta a rehabilitar todos los espacios del Fuerte de San Francisco, desestima la excepción de prescripción planteada por la Junta y constata que no se ha dado cumplimiento a las obligaciones desde que la sentencia adquirió firmeza el 29 de octubre de 2018. Según el auto, la inactividad de la Administración regional ha provocado un “grave deterioro” de los inmuebles, vulnerando la tutela judicial efectiva.

El documento establece plazos concretos para la ejecución de las obras:

• Un mes para iniciar la licitación de los proyectos de rehabilitación de las naves de cerrajería, escuelas municipales y la nave de forja destinada a biblioteca.

• Un mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes de las viviendas situadas en la plaza de Berjánque y en la parcela E9 del Plan de Singular Interés 3.

• Un mes para iniciar la licitación de demoliciones de inmuebles incompatibles con el planeamiento.

• Cuatro meses para la realización de los proyectos de rehabilitación del resto de inmuebles según los usos establecidos en el anexo del acuerdo complementario del 22 de diciembre de 2010.

• Seis meses para subsanar las deficiencias recogidas en los informes de evaluación de edificios (IEE).

• Diez días para que la Consejería de Fomento identifique al funcionario o autoridad responsable de ejecutar las actuaciones, con advertencia de posibles multas coercitivas y responsabilidad penal por desobediencia en caso de incumplimiento.

Durante la comparecencia, Alfonso Esteban explicó que los inmuebles del Fuerte de San Francisco estaban sujetos a un convenio firmado en 2004 entre el Ayuntamiento y la Junta, en el que la ciudad cedía aprovechamientos urbanísticos a cambio de la rehabilitación de las edificaciones. La obligación de ejecución nunca se completó, pese a que en 2010 se definieron los usos concretos de los inmuebles en un anexo al convenio. El auto judicial confirma que estas obligaciones no prescriben y que la Junta debe asumir íntegramente la financiación de los proyectos.

El edil aclaró además que corresponde a la Junta llevar a cabo los desalojos de los ocupantes de viviendas, determinando quién tiene derecho a indemnización, y que los usos de los edificios incluyen la biblioteca municipal, escuelas, equipamientos juveniles, servicios administrativos y espacios culturales, como un posible Museo de la Ciudad o salas para asociaciones. Las naves de la Forja y Cerrajería se destinarán a biblioteca y escuelas municipales, respectivamente.

En relación a posibles maniobras dilatorias, el Ayuntamiento confía en que la Junta acate de manera inmediata el auto, recordando que el recurso de reposición, que tiene cinco días hábiles desde su notificación, no interrumpe los plazos establecidos.

Blanca Causapié, jefa de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, puntualizó que la ejecución de la sentencia no depende del Ayuntamiento: “No tenemos que firmar convenios ni negociar, la Junta es la responsable. El Ayuntamiento ha defendido los intereses de la ciudad desde el primer momento y hoy se confirma nuestra razón tras 22 años de espera”, añadió.

Finalmente, se explicó que las actuaciones contempladas en la sentencia incluyen tanto la rehabilitación de inmuebles ya recepcionados parcialmente en 2010, como la demolición de construcciones incompatibles con el plan y la puesta en marcha de los usos municipales previamente establecidos.