Un pueblo de Guadalajara en pie de guerra ante la posible reapertura de la cantera

En Loranca de Tajuña, un pueblo de Guadalajara con unos 400 habitantes, la posible reapertura de la cantera de caliza "Primaral-Fracción I" (número 2467-10) genera un clamor creciente ante la iniciación del expediente de información pública y de alegaciones. El proyecto de Reciclajes Gadarai S.L. implica extracción mediante voladuras, trituración y clasificación de áridos en 30,95 hectáreas de terreno rural. La empresa aclara que no maneja residuos, pero los residentes insisten en que el impacto humano –desde vibraciones que sacuden casas hasta polvo que invade pulmones– supera cualquier beneficio económico.

La Asociación de Vecinos de Loranca de Tajuña manifiesta su preocupación ante el anuncio de información pública sobre la solicitud de licencia para el reinicio de labores de la concesión de explotación minera “PRIMARAL-FRACCIÓN I” nº F-2467-10, presentada por Reciclajes Gadarai, S.L., en los parajes de Los Navazuelos, Cabeza Gorda, La Navalvenga, Camino de Navalperal y Camino de La Nava, dentro del término municipal.

"Una actividad extractiva de estas características puede tener importantes consecuencias ambientales y sociales, como deterioro de la calidad de vida de vecinos y vecinas de urbanizaciones y núcleos próximos; afecciones al paisaje; Incremento de ruidos y polvo; posible impacto sobre acuíferos y cauces cercanos; aumento del tráfico pesado y riesgos para la seguridad vial", lamentan.

Y quieren destacar que "el expediente está sometido a información pública por un plazo limitado, durante el cual cualquier persona puede consultar la documentación y presentar alegaciones".

"Nos ponemos a disposición del vecindario para recoger inquietudes, dudas y propuestas, y para analizar con asesoramiento técnico y jurídico las posibles consecuencias de esta explotación minera", se ofrecen.

En una de las consultas realizadas detallan los miedos colectivos:

"vibraciones que pudieran afectar a las viviendas", "polvo en suspensión" que agrava problemas respiratorios, y "ruido constante" que altera el sueño y la rutina en un pueblo donde el silencio es un bien preciado.

Los vecinos argumentan que estas voladuras podrían generar "proyecciones" de material, afectando antenas, estructuras y hasta la proximidad a núcleos poblados, exigiendo que la empresa justifique medidas de seguridad bajo normativas como el Real Decreto 130/2017 sobre explosivos.

Esta reclamación vecinal subraya además la necesidad de un director facultativo que supervise voladuras para "corregir la ejecución de los trabajos y la adopción de las medidas de seguridad", y reclama un plan que incluya "medios técnicos y humanos necesarios para realizar habitualmente eventual de explosivos en regla y que disponga de los medios técnicos y humanos necesarios para realizar los trabajos, admás de contar con un correspondiente seguro de responsabilidad civil".

Los residentes destacan que la cantera, inactiva desde 2010, no debe revivir sin garantías absolutas, citando regulaciones como el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985) y la prohibición de voladuras sin autorización expresa, para evitar daños a personas ajenas al director facultativo. En esencia, la petición vecinal pide regular "los aspectos relativos a la seguridad ciudadana en la fabricación, almacenamiento, distribución, comercio, transporte, medios de seguridad, adquisición, tenencia y uso de los explosivos con fines civiles", recordando que el consumo o destrucción de explosivos genera "la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil" con un plan de seguridad y documentación pertinente.

Evolución cronológica del caso

 Todo empezó en junio de 2023 con la solicitud para reactivar una licencia de 2005. Informes técnicos de enero y marzo de 2024 rechazaron consolidar autorizaciones antiguas. La Junta abrió evaluación ambiental en julio de 2024, con alegaciones hasta noviembre de 2024. La consulta vecinal sobre voladuras escaló en octubre de 2025, intensificando el debate humano.

El proceso ambiental progresa: el 30 de julio de 2024, la Junta inició la evaluación simplificada bajo expediente PRO-GU-24-0762, consultando a Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento. Un informe de agentes medioambientales del 16 de octubre de 2024 resalta efectos sonoros:

"Uno de los efectos más significativos es la generación de ruidos durante el desarrollo de los trabajos de trituración y clasificación", sugiriendo barreras naturales para proteger áreas pobladas 

La empresa contraargumenta: en mayo de 2024, delimitó las 30,95 hectáreas afectadas. En noviembre de 2024 corrigió errores: "Se trata de un error involuntario ya que de ninguna forma y en ningún caso ni se van a recibir ni se van a tratar residuos". Otro documento de noviembre de 2024 aclara superficies, afirmando que la zona roja limita afecciones a trabajos autorizados por la autoridad minera (del documento de aclaración sobre superficie afectada).

Informes municipales de la Mancomunidad "La Alcarria" mantienen firmeza, en enero de 2024:

 "Se deberá iniciar un nuevo expediente; sin dar por consolidada ninguna aprobación formulada en la concesión de la licencia concedida en 2.005". En marzo de 2024, la documentación nueva "no modifica lo manifestado en los informes técnicos anteriores".

Un anuncio público del 13 de febrero de 2024 abrió alegaciones por 30 días, promoviendo "transparencia, imparcialidad y participación ciudadana". La actualización del plan de restauración en noviembre de 2024 promete rehabilitación post-explotación, pero omite mitigaciones inmediatas para voladuras.