18/10/2019 / 17:00
Redacción


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Alique: “Somos conscientes de que la despoblación no se resuelve en una legislatura”

Alique vuelve a primera línea política tras su nombramiento como Comisionado regional para el Reto Demográfico. Entre sus objetivos está frenar la fuga de población y la fijación de vecinos en los pueblos. 


¿Qué labor tiene el Comisionado para el Reto Demográfico?

Es evidente que en este momento hay un conjunto de desafíos en varios lugares de España, fundamentalmente lo que es la España interior. No sólo Castilla-La Mancha, también Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Aragón… Esto tiene como consecuencia un fenómeno: la baja densidad de población en estos lugares y que necesita acometer una serie de desafíos que tienen que ver, por un lado, con hacer frente a la despoblación; y por otro, el envejecimiento de la población. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha tomado la decisión de que uno de los objetivos estratégicos de la acción de gobierno sea la creación de la Comisión, que tiene como principal función coordinar todas las actuaciones de las distintas consejerías en esta materia y también poner en marcha y ejecutar una estrategia regional frente al reto demográfico.

 

¿Cuál es el pronóstico de una provincia como Guadalajara con zonas tremendamente dispares?

La estructura de poblamiento de Castilla-La Mancha tiene importantes desequilibrios en sus intervalos municipales, y también contrastes entre las distintas provincias y los ámbitos centrales y periféricos. De hecho, en Castilla-La Mancha, el 57 por ciento de los municipios tiene sólo un 4 por ciento de la población. Esto determina que haya contrastes entre las distintas provincias y también dentro de una misma provincia. Prácticamente, si quitamos el Corredor, Guadalajara tiene un problema de baja densidad de población, que para la Unión Europea es tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es lo que se considera como riesgo de despoblación. Pero evidentemente no es lo mismo en las zonas más próximas del Corredor del Henares que en las zonas más periféricas y, por tanto, más montañosas, como la Sierra Norte o el Señoría de Molina, donde ya estamos hablando de densidades de población de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Para que nos hagamos una idea, en el conjunto de la provincia, el 85 por ciento de los municipios, que representan el 82 por ciento del territorio, tiene el 10,5 por ciento de la población. Por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha, consciente del problema  del despoblamiento, que no es exclusivo de nuestra región, considera necesario acometer una serie de acciones a distintos niveles. Porque la financiación autonómica es importante. Hay comunidades autónomas que tienen que hacer un esfuerzo como Castilla-La Mancha, por ejemplo, en el tema sanitario. En la Gran Vía vive el doble de población que en la Sierra Norte de Guadalajara. Y usted mire cuántos colegios o centros de salud hay en la Gran Vía: ninguno. Sin embargo, nos vamos a la Sierra Norte y hay varios  centros de salud. Por eso hay que hablar del coste efectivo de los servicios, en este caso sanitarios, y tener en cuenta cuánto cuesta prestarlo por la despoblación, la dispersión geográfica o el envejecimiento.

 

¿ La implicación del Estado es fundamental para encontrar solución?

Por supuesto. Que haya un pacto de Estado para afrontar este reto es fundamental. De hecho, hay varias comunidades autónomas que formamos parte de un foro de regiones con desafíos demográficos: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias… En la Conferencia de Presidentes de 2017, entonces con Rajoy al frente, se decidió afrontar el reto demográfico con una estrategia nacional, y que se aumentasen los recursos en políticas de desarrollo rural porque son transversales y porque favorecen la vertebración y la cohesión territorial y social. El Gobierno ha aprobado ya las directrices de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Espero que cuando se pueda formar gobierno se lleve a la próxima Conferencia de Presidentes y se apruebe definitivamente. Y el presidente Emiliano García-Page ha dado un paso adelante, ha creado la figura del comisionado para elaborar esa estrategia regional y para hacer otra cosa muy importante. Antes hablábamos de varias comunidades que tienen un problema común y que, en definitiva, trae como consecuencia una dispersión demográfica en el interior de España. Eso se llama un problema de vertebración del territorio. Es un problema de despoblación pero también de los ciudadanos en el acceso a los servicios básicos. Y el Ejecutivo regional, concretamente la Comisión de Asuntos Generales, va a acometer una ley para garantizar servicios básicos obligatorios a toda la población en el acceso a los mismos: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, diferenciación en cuanto a las bonificaciones fiscales en las distintas partes del territorio y, sobre todo, en conectividad territorial. Queremos considerar el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal que garantice el acceso a la banda ancha y la telefonía móvil.

 

Eso es algo en lo que hay que trabajar.

Sí, para eliminar la brecha de derechos en el ámbito digital. Esto es un asunto vital, neurálgico en el tema de la despoblación. Los distintos gobiernos de España han creado zonas blancas, porque la normativa no ha obligado a los operadores a hacer inversiones donde no les es rentable, es decir, en municipios de menos de 200 habitantes. Y este es otro de los ejemplos claros que ha de solucionar la próxima reforma de la financiación autonómica. Porque hay comunidades que no tienen que hacer ningún esfuerzo para llevar las comunicaciones digitales a su territorio, porque se lo dan ya las grandes operadoras. Pero en nuestra región hay muchos municipios de menos de 200 habitantes, y por tanto tenemos que suplir la falta de inversión que los operadores no hacen.

 

En ese sentido, Castilla-La Mancha está en desventaja.

Lógicamente. El Ejecutivo regional tiene que invertir 120 millones de euros en ello. Nos hemos puesto de acuerdo con las diputaciones para llevarlo a cabo en el más corto plazo posible. No sólo mejoraremos la vida de los ciudadanos, sino que favoreceremos el desarrollo de actividades económicas en el territorio. Sin embargo hay comunidades que no tienen que hacer ningún esfuerzo. Por lo que ahí hay un problema de financiación autonómica.

 

Por sus palabras se entiende que la clave está en adoptar distintas medidas transversales en las distintas consejerías, porque no hay una medida estrella a través de la cual desaparezca un problema arraigado en nuestro territorio.

Totalmente. Las causas por las que una persona se marcha de un pueblo son muchas: para unos será la falta de empleo; otros dirán que no hay un servicio que necesitan; otros achacan la falta de ocio... Es un problema con múltiples causas. Evidentemente, no hay una solución única. Aquí hay que poner las luces largas y ser consciente de que esto no se soluciona en una legislatura. Por eso hay que hacer un plan de acción con distintas medidas que impliquen a todos los estamentos para elaborar esta estrategia regional contra el reto demográfico. Y es importante también la implicación de Europa, porque no es sólo un problema de España, sino de Europa, y a Europa le tiene que preocupar. Hasta tal punto que el Parlamento Europeo, por primera vez, tomó en febrero una decisión, una recomendación para que en el próximo periodo de fondos estructurales entre 2021-2027 se tenga en cuenta el fenómeno de la despoblación y que vaya a los países como mínimo un 5 por ciento de esos fondos para invertir en los problemas de la despoblación y del reto demográfico. Por tanto, por primera vez algo empieza a cambiar.

 

¿Qué papel juegan en este asunto los Grupos de Acción Local?

Es fundamental, precisamente porque aplican políticas de desarrollo rural, que vienen de fondos de la Unión Europea y del Gobierno regional. Y sobre todo porque creemos que es fundamental indicar la implicación de los habitantes del territorio. Es importante que, desde la conciencia del que vive en el municipio, se implique en el desarrollo del territorio. Los objetivos de estos grupos están en línea con los del Ejecutivo regional.

 

¿Es una solución a largo plazo?

Aquí hay que poner las luces largas. Esto viene desde los años 60. El crecimiento económico se basó desde esa época en una concentración territorial de la inversión, el empleo y la población en las grandes ciudades en detrimento de los municipios. Eso dejó aislados a muchos municipios y con ello provocó una falta de competitividad territorial para atraer inversiones. Y provocó el éxodo rural o la emigración forzosa adonde se determinó que tenía que ir la inversión y el empleo: en el arco mediterráneo o el eje Madrid-Barcelona. La gente se fue, buscando una  mejor oportunidad de empleo y también las industrias de aquella época necesitaban mano de obra no cualificada. Se hizo todo lo posible para que se abandonase el medio rural. Posteriormente, nuestros padres fueron los primeros que quisieron que fuéramos a estudiar fuera. Ellos mismos nos estaban mandando a otra vida fuera de los pueblos. Ahora con la crisis, otra oleada de gente que se ha marchado de los pueblos. Esto no es irreversible. Las ciudades, que hace unos años eran el paradigma de la eficiencia, hoy tienen serios problemas de contaminación, de estrés, de movilidad, de desigualdades… y sus ciudadanos tienen en el medio rural una oportunidad para vivir de forma más eficiente y más sana, pero también para poner en marcha proyectos de negocio, emprendimiento o, por ejemplo, muchas empresas cada vez más ofrecen el teletrabajo.

 

Así que propone, por una parte frenar la marcha y, por otra, realizar un efecto llamada a los pueblos.

Efectivamente, fijar población y repoblar, ésa es la tarea que queremos desarrollar.

 

Y en esa tarea tenemos que estar implicados todos: diputaciones, Estado, Grupos de Acción Local…

Sí. Porque es un pacto entre administraciones, entre generaciones... Y es un pacto que tiene que haber entre el mundo urbano y el mundo rural precisamente para que haya una mejor ordenación del territorio que fomente el desarrollo económico e integre al mundo rural como un buen lugar para vivir y trabajar.

 

El viernes pasado hubo un paro de cinco minutos convocado por la España vacía. ¿Este tema es algo recurrente cuando hay elecciones o es que ahora es el momento definitivo para atajarlo?

No es algo recurrente por estas elecciones. Viene de atrás. Y de hecho el Gobierno de Page, en la pasada legislatura, llevó a cabo una estrategia de discriminación positiva en los territorios más desfavorecidos por la despoblación con unos instrumentos como las ITI. De tal manera que en cinco áreas geográficas de la región, prácticamente toda la provincia de Guadalajara menos el Corredor, se han integrado 267 municipios en una política para poder captar fondos propios de la comunidad autónoma, y estructurales y de inversión de la Unión Europea. Ello es, precisamente, para favorecer la actividad en estos municipios que sufren el problema de la despoblación y que desde tres sectores –digitalización del territorio, fomento de la actividad económica y aprovechamiento de los recursos endógenos–, las distintas consejerías sacan las convocatorias con un interés importante para estos territorios que de forma preferente acceden a estas líneas de inversión.

 

¿Está de acuerdo con ese término de la ‘España vacía’?

Creo que no hay una España vacía. Hay una que se está vaciando. Pero hay gente que vive en el territorio muy dignamente y que lo da todo. Hay que eliminar la creencia de que quien se queda en el pueblo es porque no tiene formación. Hay que poner en valor la imagen y la reputación del mundo rural. Esto es fundamental. Me gusta hablar del orgullo rural que nace de miles de personas que viven en sus pueblos, pero que quieren tener un proyecto de vida pleno. Y eso pasa por una serie de derechos que son vitales: conectividad territorial y mejorar su servicios básicos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, desde la política, los medios de comunicación, los que viven en el pueblo… Los pueblos son un lugar de oportunidades para vivir mejor, para mucha gente que vive en Madrid y que quiere cambiar su modo de vida.

         

¿Qué balance hace el Gobierno regional de esta discriminación positiva a las zonas ITI?

Podemos estar satisfechos porque, entre otras razones, otras comunidades autónomas se están interesando por el proyecto ITI de Castilla-La Mancha. Y está siendo una estrategia que está dando sus frutos. Un ejemplo son las salinas de Riba de Saelices. Estaban abandonadas y no sólo se han puesto en funcionamiento, sino que aporta un valor como la flor de sal. Ése es el camino: generar inversión con los recursos endógenos del territorio aportándoles un valor que sirva para generar actividad económica en el territorio y fijar población. Queremos incluso impulsar el fenómeno de las ITI con mayor discriminación territorial positiva para este tipo de proyectos. Y luego, durante la pasada legislatura se ha llevado también a cabo la Estrategia de Desarrollo Local Participativa, que son los Grupos de Acción Local. Y ahora, en esta legislatura, en julio, Page quiso dar un impulso a las políticas del reto demográfico y lucha contra la despoblación, creando la figura del Comisionado para el Reto Demográfico, y también con la elaboración de una estrategia regional frente al reto demográfico y la elaboración de una ley de desarrollo territorial y de lucha contra la despoblación para garantizar servicios básicos y el acceso a los mismos: educación, sanidad, vivienda…

 

Hace casi un año se aprobó el Manifiesto de Sigüenza con un decálogo contra la despoblación. ¿Ha tomado nota de esas medidas?

El Consejo de Gobierno que se celebró recientemente en Sigüenza se adhirió a ese manifiesto apoyando el espíritu que recoge ese documento y a esa gente. Evidentemente hay algunas medidas que tienen que ver con los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, pero queremos dirigirlas fundamentalmente a dar incentivos fiscales para generar empleo en el medio rural y fijar población. Todas las propuestas son bienvenidas.

 

El organismo que usted dirige tendrá un comisionado provincial. ¿De qué se encargará?

Se trata de un delegado especial. Una persona que dentro del territorio coordine las actuaciones de la administración regional en colaboración con el Comisionado y que también se coordine con la Delegación provincial en todas aquellas políticas que podamos poner en común con otras administraciones, como los convenios que queremos firmar con las diputaciones provinciales para llegar con la banda ancha a municipios con menos de 200 habitantes.

 

¿Cómo se pone en marcha, desde cero, una comisión de esta magnitud?

Este organismo nuevo es una réplica del comisionado nacional. Sólo Aragón, unos meses antes, había creado esta figura. Y recientemente lo han hecho Valencia, Asturias y algunas otras comunidades. Por tanto hemos sido, junto con Aragón, pioneros. Y como todo lo nuevo, se necesita rodaje y un tiempo para ponerlo en marcha. Pero no estamos parados. Nos hemos reunido con muchos colectivos y con cada consejería. Una de las cuestiones que queremos abordar en esa ley es que haya estudios de impacto y perspectivas demográficas en todas las leyes, planes y programas de inversión que acometa la Junta. Porque es la mejor forma de redistribuir territorialmente y que se vertebre y cohesione. Pero no nos vamos a esperar a la ley. El propio consejero de Fomento anunció que, en la revisión del tercer Plan de Carreteras que se acometerá en 2020, se contemplará la variable de la despoblación.


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