30/12/2019 / 10:59
M.Martínez


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Caos en el Juzgado de lo Social nº1: cerca de 200 casos esperan sentencia

El Colegio de Abogados ha presentado una reclamación contra la magistrada titular


Abogados de Guadalajara han alzado la voz de alarma sobre la situación que se está viviendo en el Juzgado de lo Social número 1 de la capital, que consideran “insostenible”. Son cientos los casos que están pendientes de sentencia, casos que llevan más de un año a la espera de resolución por parte de la juez titular, casos que esconden situaciones dramáticas, vidas que están pendientes de lo que diga una sentencia… 

Las quejas de afectados y abogados llevan tiempo llegando al Colegio de Abogados de Guadalajara. Este ya puso una reclamación formal ante los órganos superiores, pero de momento no hay solución.

El bloqueo, según apuntan los afectados, tiene su origen en la juez titular. Cuando se incorporó a su puesto “se empezó trabajando con normalidad, pero pronto los abogados comenzaron a percibir la tardanza a la hora de dictar resoluciones y algunas suspensiones de las vistas sin una justificación clara”, apunta el presidente del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega, quien subraya que más allá del malestar entre los profesionales, los grandes perjudicados son los justiciables, porque “hay gente pendiente de sentencias de despido, de sentencias de cantidad, gente cuya vida depende de estas resoluciones y la magistrada no las saca; llega un punto de bloqueo en el que el trabajador, el justiciable, es el mayor afectado”.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados, tras una reunión con abogados laboralistas en la que se analizó la situación, interpuso una reclamación a la Audiencia Provincial de Guadalajara, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Consejo General del Poder Judicial, a través de la Inspección, “pero la situación que tenemos ahora mismo es la misma”, lamenta Vega, impotente ante lo que está ocurriendo.

 Como consecuencia de esta denuncia, por parte de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial se le abrió un expediente disciplinario que hasta la fecha está sin resolver, explica el responsable del órgano colegial alcarreño.

La magistrada titular estuvo de baja unos meses y se reincorporó el pasado mes de agosto. “Desde entonces, además de los casos que tenía pendientes antes de su baja, no ha dictado ninguna sentencia”, asegura Vega. 

Durante este tiempo, de noviembre de 2018 hasta agosto de 2019, los diferentes jueces sustitutos que han cubierto su baja sí han dictado sentencias, según afirman los abogados. 

Emilio Vega indica que en conversaciones que ha mantenido con ella, esta se comprometió a ir resolviendo casos, pero no ha sido así y actualmente calcula que tiene unos 200 pendientes de veredicto, algunos llevan más de un año de espera. Hay gente que tiene una demanda de despido presentada en mayo de 2018 y está sin sentencia todavía, se le acaba el paro y no sabe si su despido es o no procedente; hay otros procedimientos de conciliación familiar, de reducción de jornada, invalidez, derecho a prestación de desempleo y están pendientes de sentencia, explican letrados consultados por este medio habituales del Juzgado de lo Social número 1. Comparan, además, con el Juzgado número 2, y señalan que este funciona con normalidad. 

Apuntan, por otro lado, que hay procedimientos en los que la sentencia no debería tardar más de un mes o dos, y no entienden que se multiplique con creces este plazo. Es algo inexplicable, aseguran, alegando desconocer los motivos por los que la magistrada acumula este retraso. 

El presidente del Colegio afirma que no se trata de falta de recursos, porque en la misma situación se encuentra el Juzgado de lo Social número 2. “En este caso creo que el problema es de la persona; el expediente disciplinario sigue adelante, no se ha archivado, por lo que, al menos, la duda existe. Lo de la falta de medios también es una cuestión importante, pero en este caso no es así porque el otro juzgado, el número 2, tiene los mimos medios y trabaja a otro ritmo”.

Responsabilidad patrimonial

Ante este panorama, la abogacía se pregunta ¿quién va a pagar las consecuencias de este bloqueo? Se comenta que algunos afectados ya están pensando en pedir responsabilidades patrimoniales al Ministerio de Justicia, último responsable de todo esto.

Emilio Vega asegura que desde el Colegio han hecho todo lo posible para intentar llegar a una solución, pero hasta el momento no ha llegado. Ha agotado, afirma, la vía del diálogo. Ha mantenido conversaciones sobre este asunto con todas las instituciones posibles: la presidenta de la Audiencia de Guadalajara, el juez decano, el Tribunal Superior de Justicia de CLM y el Consejo General del Poder Judicial, y reclama una solución porque los perjudicados, trabajadores que están pendientes de una resolución judicial, no pueden esperar más.

 

 Y mientras los casos se siguen acumulando tras la reincorporación en agosto de la magistrada titular, las quejas siguen llegando al Colegio de Abogados de Guadalajara. Algunos afectados incluso las han elevado al CGPJ. Cuando reciben contestación, en ella se apunta que se están tomando medidas.

En los círculos judiciales no olvidan que la magistrada que está ocasionando este bloqueo fue trasladada desde Bilbao, donde se produjo una situación similar e incluso se le impuso una sanción por este motivo. Cuentan, por ejemplo, que tardó once meses en sacar una sentencia sobre las elecciones sindicales de la Ertzaintza, un procedimiento que habitualmente no tarda más de tres días.

El colectivo de abogados no entiende que se haya procedido a su reincorporación el pasado mes de agosto y se le permita celebrar vistas teniendo tantos veredictos pendientes (en febrero acumulaba 126). Por otro lado, apunta que el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara retomó la normalidad con los jueces sustitutos, sacando las sentencias en plazo. 

“Esto va muy lento y tenían que haber sido más ágiles en la resolución que tenga que ser. No sé por qué han permitido que se incorpore teniendo el volumen de sentencias pendientes que tiene”, aseguran letrados consultados. 

 

Repetición de juicios

Las vistas siguen celebrándose, los martes y jueves, el problema se sigue acrecentando, y la preocupación de los abogados por lo que les espera también. Porque ¿qué sucederá si finalmente esta magistrada es retirada de sus funciones?, se preguntan. ¿Qué pasará con las sentencias pendientes? Habrá que repetir los juicios, responden, porque no es algo que pueda retomar otro juez. 

Algún abogado ha solicitado nulidad de actuaciones para que se repita el juicio y a poder ser en otro juzgado y no se admite porque no hay razones legales para pedirla, porque la titular está incorporada, explican.

Por todo ello, señalan que se está generando una “indefensión terrible a los clientes” y se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

 

Antecedentes en Bilbao

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) propuso en 2015 al Consejo General del Poder Judicial que expedientara a la que actualmente es magistrada titular del Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara y por entonces dirigía el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao. El motivo: el gran número de pleitos que tenía pendientes de sentenciar, lo mismo que denuncian ahora los abogados alcarreños. Todo ello según publicó por entonces ‘El Correo’. En esta información se indicaba que en algunos pleitos habían transcurrido más de diez meses entre la celebración de la vista oral y la publicación de la resolución judicial. 
“Uno de los casos más famosos que ha llevado este juzgado,  –y que también ha sufrido importantes dilaciones en la emisión del veredicto– ha sido el de las polémicas elecciones sindicales de la Ertzaintza, que se celebraron a finales de octubre de 2014. La sección sindical de CCOO en la Policía vasca pidió que se anulasen los comicios al apreciar una serie de “irregularidades” en el proceso electoral. La vista oral se celebró en noviembre de ese año. Pero la sentencia no se publicó hasta once meses después, casi un año después de la celebración del juicio. Según fuentes de la abogacía vizcaína consultadas por este periódico, la magistrada ha llegado a tener pendiente una bolsa con unos 120 juicios sin resolver que, además, no hacía más que crecer”.
En la misma información se recogía la opinión de los abogados. Según señalaban estos, más que la falta de dedicación, lo que ocurría es que tiende a realizar vistas orales larguísimas, en ocasiones totalmente innecesarias, que derivan en una acumulación de pleitos por resolver. Tampoco destaca –insistían– por hacer gala de “agilidad” a la hora de redactar las resoluciones judiciales.

 


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