Castilla-La Mancha celebra en su día la aprobación del anteproyecto del nuevo Estatuto de Autonomía
Castilla-La Mancha conmemora hoy su día regional, un hito marcado por un acontecimiento político de gran relevancia: el pasado jueves, 29 de mayo, las Cortes autonómicas aprobaron el anteproyecto del nuevo Estatuto de Autonomía. Este paso, fruto de intensas negociaciones, representa un momento histórico para la región, al sentar las bases de un documento que delineará su marco político, social y económico en las próximas décadas. El acuerdo, impulsado por un consenso notable entre el PSOE y el PP, obtuvo 29 votos a favor (PSOE y PP) y 4 en contra (Vox).
La aprobación de este anteproyecto pone fin a un proceso parlamentario que se retomó el 8 de mayo, cuando llegó a la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes a propuesta del grupo parlamentario socialista. El proceso había quedado interrumpido en octubre pasado por parte del PSOE, después de que el PP presentara una enmienda al margen de las pactadas entre ambas formaciones, reduciendo la horquilla de parlamentarios. La nueva propuesta socialista, que desbloqueó la situación, introdujo dos cambios clave: redujo el máximo de diputados a elegir de 59 a 55 y se comprometió a no modificar la ley electoral que lo ratifique hasta la próxima legislatura.
Este nuevo texto se presenta como el sucesor de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que ha vertebrado el autogobierno de la entidad territorial desde su constitución. A pesar de haber sido objeto de reformas puntuales en 1991 y 1994, el Estatuto original no había experimentado hasta ahora una actualización estructural de esta magnitud. El objetivo primordial de la reforma es adecuar el marco normativo a los desafíos del siglo XXI, con un enfoque prioritario en la gestión del agua, la lucha contra la despoblación y la modernización institucional.
El Pacto del Agua, un eje fundamental
Uno de los pilares del nuevo Estatuto de Autonomía es la inclusión del Pacto Regional del Agua. Este pacto, respaldado por la mayoría de las fuerzas políticas regionales (a excepción de Vox), ha sido un factor clave en la negociación y busca garantizar un uso preferente y justo del recurso hídrico para Castilla-La Mancha. Se prevé que el articulado estatutario incorpore de manera vinculante los principios de este pacto, especialmente en lo referente a la revisión de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y la priorización del abastecimiento a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía.
La histórica tensión por el agua entre Castilla-La Mancha y las demarcaciones receptoras del trasvase (Murcia y Valencia) ha sido un motor para esta inclusión estatutaria. El nuevo texto busca establecer un marco que considere la cuenca hidrográfica del Tajo y las aportaciones hídricas reales para un reparto más sostenible y adaptado al cambio climático.
Más diputados y apuesta por los servicios sociales
El anteproyecto contempla una modificación en el número de diputados regionales. La propuesta acordada por PSOE y PP establece que el número de escaños pasará de los actuales 33 a un máximo de 55, con un mínimo de 25. Esta reforma, que requerirá una modificación futura de la Ley Electoral regional antes de las elecciones de 2027, responde al crecimiento demográfico de Castilla-La Mancha.
Otro eje esencial del texto es la consolidación de los servicios públicos. El Estatuto busca blindar los derechos sociales, la educación y la sanidad, reafirmando el compromiso de la autonomía con el sostenimiento de sus servicios públicos esenciales. Si bien no se especifica un porcentaje exacto del PIB regional para estas políticas, el texto refleja una decidida apuesta por el bienestar de la ciudadanía.
Asimismo, se incorporan compromisos sólidos en materia de igualdad de género. El nuevo Estatuto promueve un lenguaje inclusivo y no sexista, y reafirma el compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
Fondo para combatir la despoblación rural
La lucha contra la despoblación es un componente central de la reforma estatutaria. El texto refuerza las medidas existentes para abordar este desafío estructural. Castilla-La Mancha ya cuenta con una Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, que incluye herramientas de apoyo a los municipios de menor tamaño y a proyectos en zonas rurales. El nuevo Estatuto busca potenciar estas iniciativas para frenar la emigración y fomentar el arraigo en el territorio, especialmente en provincias como Cuenca y Guadalajara.
Últimos pasos en el Congreso y el Senado
Tras su aprobación en las Cortes regionales el 29 de mayo de 2025, el anteproyecto del Estatuto ha iniciado su camino hacia la tramitación como ley orgánica en las Cortes Generales. Se espera que el Grupo Parlamentario Socialista lo registre formalmente en el Congreso de los Diputados en los próximos días.
Para su conversión en ley, el nuevo Estatuto requerirá el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso (176 votos. El texto deberá superar las fases de comisión y enmiendas sin alteraciones sustanciales. Posteriormente, deberá ser ratificado en el Senado, donde el Partido Popular ostenta la mayoría. El calendario legislativo apunta a que la tramitación podría concluir antes de que finalice 2025, consolidando este esfuerzo colectivo de modernización y sostenibilidad para Castilla-La Mancha.
En palabras del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, este nuevo Estatuto es "un texto para las próximas generaciones, no para los próximos titulares", reflejando el compromiso de la región con su identidad, su sostenibilidad y su cohesión social.