06/06/2020 / 13:39
Pedro Villaverde Embid


Imagenes

El fenómeno 'Okupa'

En Guadalajara, cada vez más, se está produciendo el fenómeno de la ocupación de viviendas vacías en distintas comunidades de vecinos ante la impotencia de los propietarios e inquilinos de los bloques afectados.


En Guadalajara, lamentablemente cada vez más, se está produciendo el fenómeno de la ocupación de viviendas vacías en distintas comunidades de vecinos ante la impotencia de los propietarios e inquilinos de los bloques afectados. No es un problema puntual sino extendido. Muchas de esas casas no tienen dueño físico sino que pertenecen a los que un día la construyeron o al banco que tras su entrada en concurso de acreedores se quedaron con las mismas. En algunos casos son tramas organizadas, en otros, personas o familias que aprovechan la situación para quedarse a vivir en ellas. En todos se generan tensiones de convivencia. Lo que más preocupa es el tema de los enganches al contador del vecino para tener energía en el inmueble, lo que supone un gasto elevado para quien sufre el robo y un profundo malestar que no encuentra soluciones ni en las eléctricas, que argumentan que el consumo existe y está bien facturado, ni en las autoridades porque no existe una legislación eficaz contra esta práctica delictiva. Cuando el dueño de la vivienda, si es un particular, se entera de que tiene ‘invitados’ éstos han generado derechos, se ve obligado a pagar sus facturas de consumo y no tiene opción a cortar el suministro porque son servicios esenciales. No solo no puede disponer del espacio que compró, sino que además debe hacer frente a los costos de uso y disfrute por quienes lo han allanado, situación más complicada si hay menores por medio pudiendo prolongarse años el caso en un juzgado, cuando la lógica indica que si alguien entra en una propiedad privada debe ser desalojado de inmediato. Esta realidad no tiene respuesta política ni apenas se contempla en el debate público. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, por supuesto, pero ese acceso deben regularlo los poderes públicos. Es rocambolesco que en un Estado en el que rige el imperio de la ley para hacer posible la paz social se permita que muchas personas sean privadas de sus propiedades y otras tengan en su propio rellano vecinos que les quitan la luz y les hacen la vida desagradable, creándose conflictos que pueden derivar en violencia. El problema de la vivienda, para ello hay un Ministerio, se debe abordar con rigor y solidaridad, impedir que nadie tenga que dormir en la calle o en un albergue dando soluciones habitacionales, pero este fenómeno no es justificable y menos cuando se complica con tráfico de drogas como ha sido el caso que hoy contamos en Francisco Aritio. 


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