El Supremo blinda el agua del Tajo y deja sin argumentos judiciales al trasvase que quiere Levante

La desestimación del Tribunal Supremo del recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) este jueves supone un espaldarazo decisivo a las históricas reclamaciones hidráulicas de Castilla-La Mancha y un punto de inflexión en uno de los conflictos del agua más largos y complejos de España. El alto tribunal ha rechazado por completo el intento de los regantes del Tajo-Segura de tumbar los caudales ecológicos del río Tajo, lo que blinda el Plan Hidrológico vigente y abre claramente la puerta a modificar las reglas de explotación del trasvase.

El fallo establece con claridad que los caudales ecológicos son obligatorios y tienen prioridad sobre cualquier otro uso del agua, incluido el trasvase, con la única excepción del abastecimiento a poblaciones. No se trata de una decisión política puntual, sino de una exigencia legal derivada de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, destinada a revertir décadas de degradación del Tajo provocada por las extracciones intensivas en su cabecera, especialmente en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

El Supremo rechaza el argumento central de SCRATS, que veía en estos caudales ecológicos una “voluntad política” de acabar con el trasvase. Avala la metodología técnica con la que se calcularon y confirma que sí ha existido coordinación entre las cuencas del Tajo y del Segura. Destaca, además, que la aplicación progresiva de los caudales durante tres años ofrece a los regantes del Levante un plazo razonable para adaptarse, principalmente mediante el refuerzo de las desaladoras.

Esta sentencia tiene un alto valor de cierre. Resuelve el principal ciclo judicial abierto contra los caudales ecológicos del Tajo y consolida la doctrina del Supremo en esta materia. No prohíbe el trasvase Tajo-Segura, regulado por la Ley 10/2001, pero lo redefine de forma sustancial: solo podrá funcionar con agua excedentaria, la que sobra después de garantizar las necesidades ambientales y consuntivas de la cuenca cedente. Es un cambio de fondo que prioriza la salud del río sin eliminar el principio de solidaridad interregional, pero reordenándolo para evitar el deterioro sistemático de Castilla-La Mancha.

Con el ciclo judicial prácticamente agotado, la responsabilidad recae ahora en el Gobierno central. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene un respaldo jurídico sólido para actualizar las reglas de explotación del trasvase, las normas que determinan según los niveles de los embalses cuándo y cuánto agua se puede derivar. Hasta ahora estas reglas habían sido objeto de constantes recursos; la sentencia reduce drásticamente el margen para seguir retrasando su adaptación.

Para Castilla-La Mancha, el fallo refuerza la protección del Tajo y facilita que circule más agua por su cauce natural, especialmente a su paso por Aranjuez y Talavera de la Reina, al tiempo que permite mantener mayores reservas mínimas en Entrepeñas y Buendía. Esto beneficia al ecosistema fluvial, a los usos locales y al desarrollo económico de la región.

Para la cuenca del Segura, implica la necesidad de acelerar su transición hacia un modelo menos dependiente del trasvase. Los tres años de aplicación progresiva de los caudales ofrecen un margen temporal valioso para consolidar desaladoras, mejorar la eficiencia en el riego y diversificar fuentes de suministro en un escenario de mayor escasez y cambio climático.

El conflicto del Tajo-Segura enfrenta desde hace décadas a ambas cuencas. Los regantes levantinos han defendido históricamente el trasvase como instrumento esencial de solidaridad que ha impulsado su agricultura de exportación. Desde Castilla-La Mancha se ha sostenido que ese desarrollo se ha sustentado, en buena medida, a costa del deterioro del Tajo y del freno al potencial de la cuenca cedente. El Supremo, con esta sentencia, zanja parte importante de ese debate desde el punto de vista jurídico: la conservación del río es prioritaria y no negociable.

Aunque SCRATS ha aceptado la legalidad del procedimiento, mantiene su oposición al fondo y apela a la vía política. Sin embargo, con la doctrina del Supremo consolidada y el principal frente judicial cerrado, las posibilidades de revertir los caudales ecológicos por la vía contencioso-administrativa son muy limitadas.

Esta resolución marca el marco jurídico en el que deberá desarrollarse la gestión del agua en los próximos años. Obliga a todas las partes a adaptarse a una nueva realidad hídrica: más exigente con la conservación ambiental, más restrictiva con los usos históricos que han dañado los ríos y más orientada a la modernización y diversificación de recursos.

El trasvase Tajo-Segura seguirá existiendo, pero ya no en las mismas condiciones. El agua del Tajo cuenta ahora con una protección jurídica más sólida. El siguiente capítulo corresponde al Gobierno, que debe concretar los plazos y el alcance de las nuevas reglas del trasvase. Castilla-La Mancha interpreta el fallo como el reconocimiento a años de reclamaciones; el Levante, como el reto de actualizar su modelo productivo.

En definitiva, el Tribunal Supremo ha puesto orden en una controversia histórica. Ha dejado claro que la salud del Tajo ya no puede seguir siendo la variable de ajuste permanente y ha sentado las bases para una gestión más equilibrada y sostenible del agua entre cuencas.