20/03/2020 / 18:04
Silvia Valmaña/profesora Derecho Penal de la UCLM


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Estado de alarma

Ahora nos enfrentamos a una crisis ante la que nos sentimos indefensos. Y otra vez son los instrumentos jurídicos los que nos ofrecen medidas para afrontarla.


Comenzaba mi artículo del otro día diciendo que “en el clásico debate entre libertad y seguridad, la victoria de la una sobre la otra es siempre provisional, hasta la siguiente batalla”. En estas dos semanas que transcurren entre columna y columna la batalla se ha recrudecido, y en España el gobierno ha decretado un estado de alarma. Podría dedicar estas líneas a plantear si se ha actuado tarde, que es más que seguro, o valorar si las medidas son insuficientes o excesivas. Podría escribir acerca de la adecuación del instrumento elegido por el gobierno, el estado de alarma, o si hubiera sido más adecuado a la preservación de las garantías constitucionales el estado de excepción.

Se nos pide apoyo incondicional, y es el momento de darlo, sin fisuras, aceptando los mensajes positivos y haciendo las propuestas que ayuden a superar esta crisis con la mayor presteza y el menor dolor. Por eso nadie va a impugnar el estado de alarma. Por eso nadie va a cuestionar la proporcionalidad de las medidas, o si éstas sólo se hubieran podido tomar con el siguiente nivel. No vamos a plantear ahora si la limitación absoluta de derechos fundamentales, especialmente la libertad ambulatoria, puede ser acordada con este instrumento jurídico o si hubiera sido preferible otro. Porque esto ahora no es lo prioritario

Esta es la segunda vez, no la primera como se repite machaconamente, que en España se decreta un estado de alarma, aunque el precedente fue mucho más limitado y concreto, en la llamada crisis de los controladores a la que dio respuesta el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre y afortunadamente no hemos tenido necesidad de decretarlo en los más de cuarenta años de democracia y vigencia de la Constitución, a pesar de los momentos gravísimos que hemos vivido.

Ahora nos enfrentamos a una crisis ante la que nos sentimos indefensos. Y otra vez son los instrumentos jurídicos los que nos ofrecen medidas para afrontarla. Pero quienes vamos a resolver esta crisis somos nosotros. Dejaremos los análisis para más adelante, cuando toque juzgar la diligencia y oportunidad de los gobiernos; pospondremos los debates jurídicos públicos, cuando esos debates no produzcan más incertidumbre o miedo; haremos las críticas cuando nuestros políticos dejen de teletrabajar o hacer como que teletrabajan. 

Mientras tanto, cumpliremos con los mandatos de las autoridades y haremos lo que debemos hacer, lo tenemos que hacer: quedarnos en casa para que fuera puedan estar los que deben estar, los que libran en primera línea esta batalla. Saldremos a aplaudir a los balcones a las personas que cumplen todos los días con su deber, cuando ese cumplimiento se revela como heroico, aunque siempre es indispensable. Valoramos el comportamiento cívico de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, mientras ensayamos nuevas formas de trabajar, de divertirnos o relacionarnos, que siempre han estado ahí, aunque nunca las hayamos utilizado. Cuidaremos con nuestra presencia o con nuestra ausencia de nuestros mayores, de los enfermos, de los que son más vulnerables. Nosotros, desde la retaguardia, os cuidaremos. 


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