Guadalajara no se suma a la última convocatoria del Plan de Empleo
Ya existen "numerosas sentencias contrarias a los ayuntamientos que se han adherido a planes similares". Éstas les condenan al pago de indemnizaciones millonarias a las personas contratadas a través de ellos.
El Ayuntamiento de Guadalajara continúa aplicando políticas de empleo con fondos propios o adhiriéndose a las iniciativas de otras administraciones. Hasta la fecha lo había hecho con las convocatorias anteriores del Plan Extraordinario de Empleo pero no con la última, cuyo plazo de finalización de inscripciones concluía el pasado viernes.
El concejal de Economía, Alfonso Esteban, mostró abiertamente su desacuerdo con esta modalidad de plan de empleo al entender que “no cumple con el objetivo de culminar en empleo. Es una contratación temporal de seis meses”. La concejal de Empleo, Isabel Nogueroles, tiene la misma opinión que su compañero de filas, si bien adelantó que el próximo 1 de marzo comenzarán a desarrollar su trabajo las 28 personas que forman parte de la anterior convocatoria del plan. Los puestos son diversos, desde auxiliar de administración, a oficial de albañilería, operarios de jardinería, etc. El contrato es de seis meses, de manera que concluirá el próximo 21 de agosto y tendrán la misma retribución que los trabajadores municipales de su rango. En total el Ayuntamiento ha aportado 275.000 euros, a los que se sumarán otros 129.000 euros de subvención de la Diputación provincial de Guadalajara, Fondo Social Europeo y Junta de Comunidades. En este sentido, Esteban criticó que se denominan “planes regionales de empleo” cuando “la aportación de la Junta es de cerca del 4 por ciento”.
El concejal de Economía ofreció dos razones para no seguir adhiriéndose a estos planes como se había hecho hasta ahora. La primera es que consideran que el Plan Extraordinario de Empleo no cumple con el objetivo que deben alcanzar este tipo de planes. Ponen como ejemplo las iniciativas de ayuda a las empresas de Guadalajara que desarrolla el Ayuntamiento para contrataciones de empleados que, una vez en la empresa, además del periodo subvencionado, pueden ser contratados por más tiempo o, incluso, de forma indefinida, algo que no puede suceder en la administración pública.
La segunda razón esgrimida por Esteban es que, en el caso de Guadalajara, el Ayuntamiento financia el 67% del coste total por lo cual "no sé hasta qué punto se puede hablar de un plan regional". Además, adelantó que “puede haber consecuencias” como que los trabajadores denuncien por la diferencia salarial que se está estableciendo en algunos casos". Y es que, en los ayuntamientos que han optado por abonar el SMI, existe una diferencia salarial con los funcionarios que ocupan el mismo nivel que el trabajador del plan de empleo. Para ello, Esteban enumeró las millonarias sentencias que se han dictado en distintos municipios, especialmente asturianos, tanto para abonar las diferencias salariales como las indemnizaciones: “Hay muchas sentencias en contra que están generando problemas de indemnizaciones millonarias a ayuntamientos que no lo están haciendo como nosotros. Gijón tendrá que pagar 5,5 millones; Avilés, 1 millón; Oviedo 2,5 millones; Langreo, 400.000 euros... Pero también hay otras entidades afectadas, como Sevilla, Málaga o la propia Junta de Andalucía”. Además, se han producido también denuncias “por despido improcedente” con lo que, de nuevo, se ha obligado a la administración a indemnizar al trabajador.
Como conclusión, el concejal solicitó que “se enfoque de otra manera por parte de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos no es que no queramos colaborar sino que nos podemos encontrar problemas, consecuencias a futuro”, opina Esteban. “Sí estamos de acuerdo en destinar dinero, pero no de esta manera. El que termina pagando las consecuencias es el ciudadano a través de sus impuestos”, considera el concejal.