09/02/2020 / 15:30
Jesús Orea


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Guadalajara es provincia desde finales del siglo XVI

La primigenia y filipina organización provincial recaudatoria, que no administrativa ni judicial, se realizó partiendo de las ciudades que históricamente tenían derecho a voto en las cortes de Castilla, eran 18, entre ellas Guadalajara.


 Si en la entrega anterior de este “Guardilón” abordamos, con sarcasmo no exento de preocupación, los delirios y las ligerezas de algunos en el conteo de las “naciones” que tiene España, hoy vamos a aproximarnos someramente -el limitado espacio de un artículo apenas da para más- a la historia y evolución de las provincias españolas y de sus límites geográficos, deteniéndonos, especialmente, en lo que respecta a la de Guadalajara.

El primer antecedente, el origen de la provincia en España data de finales del siglo XVI y, cómo no, tiene su punto de partida, no en un proyecto descentralizador del Estado, sino en un motivo recaudatorio y fiscal puro y duro, cual era hacer lo más eficiente posible el cobro del llamado “servicio de millones” impuesto por el rey Felipe II en 1592 en toda la Corona de Castilla. Aquel servicio hacendístico extraordinario pretendía recaudar 8 millones de ducados para paliar los cuantiosos gastos devenidos por el fiasco de la “Armada invencible”, además de para financiar otras cargas reales pues al monarca le parecía poco lo que le proporcionaban los pechos y las alcabalas hasta entonces, de ahí que promoviera esta millonaria “reforma fiscal”. De aquel servicio de millones no se libraron ni nobles ni clérigos, con la única excepción de los frailes franciscanos, de cuya patente austeridad entiendo que el rey considerara que poco pecho podía sacar. Aquella primigenia y filipina organización provincial recaudatoria, que no administrativa ni judicial, se realizó partiendo de las ciudades que históricamente tenían derecho a voto en las Cortes de Castilla, que eran 18, entre ellas Guadalajara. También gozaban de ese derecho Burgos, León, Toledo, Valladolid, Toro, Zamora, Segovia, Ávila, Soria, Madrid, Cuenca, Murcia, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Galicia y Extremadura. Sería casi un imposible intentar realizar un mapa de esas 18 primeras provincias españolas dados los numerosos enclaves existentes, la escasa concreción en ese momento de los límites municipales o la diversidad de jurisdicciones, entre otros factores.

En 1623 se modifican por primera vez el número de provincias de la corona castellana, incorporándose a ellas Palencia, cuyo voto en Cortes hasta entonces lo ostentaban Zamora y Toro, y reestructurándose la única y gran provincia gallega. Poco más dio de sí aquella mínima reforma del primer cuarto del siglo XVII, que tampoco tuvo una motivación descentralizadora y puramente organizadora del territorio castellano. La provincia de Guadalajara se mantuvo dentro del nomenclátor provincial y sin variar su territorio.

Fue ya en los inicios del siglo XVIII, a raíz de los decretos de Nueva Planta que promulgara Felipe V -curiosamente otro Felipe, este Borbón y aquél Austria, y ambos desposados en el Infantado y con dos isabeles, el de Anjou con la Farnesio, y el llamado “Prudente” con la de Valois-, cuando se abordó una modificación de las provincias ya de cierto calado, afectando especialmente a los territorios de Cataluña, Aragón y Valencia. En ese momento, además de las provincias previamente ya reconocidas como tales desde finales del XVI, también tenían esta consideración las siguientes: Valencia, Barcelona, Tortosa, Cervera, Zaragoza, Peñíscola, Salamanca, Gerona, Teruel, Borja, Calatayud, Fraga, Tarazona, Lérida, Jaca, Tarragona y Palma de Mallorca. Esa estructura provincial no solo obedecía ya a cuestiones meramente fiscales, sino que también devenían de ella funciones económicas, judiciales y de fomento. En todo caso, el Estado seguía siendo absolutamente centralista, con una estructura territorial desconcentrada pero no descentralizada, y estaba gestionado por cuatro figuras relevantes: el Capitán General, con competencias en materia militar y de orden público, el presidente de la Audiencia, con responsabilidades judiciales, el Intendente, responsable de la hacienda pública, y el Corregidor, que era el hombre de confianza del rey en los territorios, o sea, el precedente del gobernador. Reproduzco esta consideración de León de Arroyal sobre las provincias españolas de entonces porque clarifica de forma evidente su complicada configuración, geografía y otras consideraciones: “… Las provincias, en el estado que hoy las tenemos, no las formó la previsión de la economía, sino la casualidad de la guerra. Las capitales se fijaron en las ciudades grandes, sin considerar las ventajas de la situación… El mapa general de la península nos representa cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas partes, capitales situadas a las extremidades de sus partidos…” Y la citamos, precisamente porque el caso de Guadalajara era uno de los más evidentes en lo que a enclaves se refiere, a la irregularidad de sus límites y a la situación excéntrica de la capital. En el mapa de Franz Johann Joseph Von Reilly, datado en 1789, y que acompaña este texto, queda gráficamente evidenciado lo antedicho.

En 1785, el Conde de Floridablanca encargó la realización de un Inventario o Nomenclátor Provincial que aportó como novedad la estructuración territorial del Estado por debajo de las provincias, dividiéndose estas en partidos, sexmas, cuartos, ochavos, concejos, jurisdicciones, merindades, hermandades, etc. A finales del XVIII y principios del XIX, siglo este último determinante para la organización provincial española, como luego veremos, se crean 6 nuevas provincias, todas ellas costeras: Cádiz, Málaga, Santander, Alicante, Cartagena y Asturias. También se realiza un censo de población de ellas, resultando Galicia la provincia más poblada, con 1.140.000 habitantes, mientras que la más despoblada era Álava, con 77.000. Guadalajara, en ese momento, tenía una población de 121.000 habitantes.

En 1810, bajo la dominación napoleónica de España, José I se propone reestructurar territorialmente el Estado en departamentos, al modo galo, encargando los estudios para ello inicialmente al coronel Amorós, aunque después retomaría la cuestión y la llevaría a la mesa del Consejo de Estado José María de Lanz. Se crearon 38 prefecturas que, finalmente, pasaron a denominarse departamentos. En el proyecto inicial, Guadalajara dejaba de dar el nombre a la provincia, pasando a llamarse “Tajo Alto” -aunque se mantenía la capitalidad en la vieja Wad-al-Hayara-, integrándose en ella la zona actualmente conquense de Huete, parte de la sierra madrileña de Colmenar Viejo y Buitrago, pero incorporándose casi todo el territorio del Señorío de Molina a otra provincia llamada “Ebro y Jalón”. Este proyecto, como ya apuntan los dos nombres de las dos prefecturas citadas, se fundamentaba muchos más en criterios geográficos e hidrológicos que históricos. Finalmente, el proyecto francés aprobado mantuvo los primitivos nombres de las provincias, incluido el de Guadalajara, aunque apenas tuvo tiempo de aplicarse.

En 1814, el inicialmente “Deseado” rey Fernando VII que terminó siendo despectivamente llamado por muchos “Felón” -fundamentalmente por los liberales, por razones sobradamente conocidas-, derogó toda la legislación preconstitucional y constitucional de 1812, volviéndose a la estructura territorial del Antiguo Régimen. Fue en el Trienio Liberal (1820-1823) cuando volvió a retomarse el asunto de las provincias; se encargaron de ello Bauzá y Larramendi, quienes en 1821 propusieron elevar a 51 el número de aquellas, dividiéndose en dos grandes grupos: de gobernación de primer y segundo orden. En el caso de Guadalajara, estaba entre las de primer orden, pero uniéndose a la provincia de Madrid y con capital en la, entonces y desde 1561, también primera ciudad del reino. En ese proyecto, el resto de la actual región de Castilla-La Mancha quedaba así: Toledo y Talavera formaban una sola provincia de gobernación de primer orden, mientras que La Mancha lo era de segundo, con capitalidad en Ciudad Real. Permítanme que, llegados a este punto, apunte que no hubiera sido esa, ni mucho menos, una mala solución para Guadalajara; me refiero a la de compartir territorio provincial con Madrid, aún a pesar de perder los estatus de provincia y de capital propias. Lo digo desde la racionalidad y apoyándome en una posición de mero pragmatismo. Me parece un dislate nuestro actual encaje en la región de Castilla-La Mancha, sin estar en ella Madrid, que es nuestra vecina desde la noche de los tiempos y región natural en el día a día y en casi todos los órdenes. Tener que ir a la capital regional pasando por la capital de España que, a la vez, lo es de otra comunidad autónoma, es una anomalía que revela muy gráficamente lo que hay. Pero no seré yo quien remueva el asunto, viendo la gravedad de lo que está ocurriendo en España con las “cuestiones territoriales”, sumándose ahora a las ya sabidas aspiraciones catalana y vasca, la propuesta del ayuntamiento de León de separar su viejo reino de la comunidad de Castilla y León. A este paso, terminamos reivindicando las tribus como naciones, y lo digo con mucho respeto porque León, evidentemente, tiene una historia territorial propia muy relevante y hasta en su capital se celebraron las primeras Cortes del mundo en 1188.

La llamada “Década Ominosa” (1823-1833), en la que Fernando VII restauró de nuevo el absolutismo, frenó el proyecto liberal de divisiones provinciales. La última estructuración provincial de España, que es básicamente la actual, tuvo que esperar a la muerte del rey Fernando y al ascenso al trono de Isabel II, y data de 1833. Su máximo responsable fue Javier de Burgos. Desde entonces, transcurridos casi dos siglos, solo se han hecho dos reformas de calado en su proyecto: en 1843, las provincias de Calatayud, Játiva y “Vierzo” -sic- se integraron en las de Zaragoza, Valencia y León, respectivamente, y en tiempos de la Dictadura de Primo de Riviera, Canarias se dividió en las dos provincias que actualmente conforman esa comunidad autónoma. El proyecto isabelino respecto al de las prefecturas francesas supuso que el Señorío de Molina y la zona occidental del antiguo Ducado de Medinaceli se incorporaran definitivamente a Guadalajara, mientras que los territorios de Colmenar Viejo y Buitrago quedaban en Madrid y el de Huete en Cuenca. 12.202,6 kilómetros cuadrados que, desde entonces, son y llamamos provincia de Guadalajara.


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