Indignación en Castilla-La Mancha por las "excusas" del Gobierno para no aplicar las nuevas normas del trasvase
La directora general del Agua, María Dolores Pascual, ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no aplicará las nuevas reglas de explotación del trasvase hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos pendientes, lo que ha provocado una fuerte reacción en Castilla-La Mancha. Durante el acto del centenario de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Pascual defendió la necesidad de un "régimen jurídicamente estable y equilibrado" y señaló que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) busca alternativas para justificar ante la Comisión Europea que no habrá deterioro adicional en la cuenca receptora.
Esta decisión se interpreta en la región como un aplazamiento innecesario que desoye las seis sentencias previas del Supremo -cinco desde 2019 y la última (515/2025) en mayo de 2025-que obligan a implantar caudales ecológicos completos y no escalonados en tramos protegidos de la Red Natura 2000, como el que va desde Bolarque hasta Valdecañas. Estas resoluciones, promovidas por colectivos ambientales, priorizan la recuperación del río Tajo y restringen los trasvases a usos humanos estrictos, alineándose con la Directiva Marco del Agua de la UE, precisamente impulsada y aprobada por la Comisión Europea, que exige a los Estados miembros alcanzar o mantener un buen estado ecológico de las masas de agua, incluyendo caudales que garanticen su salubridad y funcionalidad ecológica.
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Mientras, las normas antiguas permanecen en vigor, lo que permitió autorizar el 15 de enero de 2026 un trasvase de 81 hectómetros cúbicos para enero, febrero y marzo.
En Castilla-La Mancha, las críticas son unánimes. El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, respondió directamente a Pascual: “Dejen de buscar excusas y actúen de una vez”, denunciando el continuo esquilmamiento de Entrepeñas y sus impactos en el turismo y la economía local.
La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha alertado de un “colapso del sistema” por los trasvases automáticos con reglas caducadas, que agotan los embalses de cabecera y malgastan cualquier avance en la recuperación hídrica.
La Junta de Comunidades ultima una demanda contra el Gobierno central para exigir la aplicación inmediata de las nuevas normas, con presentación prevista para febrero de 2026, tal como anunció el 13 de enero.
Plataformas en defensa del Tajo y Ecologistas en Acción coinciden en que el retraso favorece a los regantes del Levante y mantiene un modelo insostenible, agravado por el cambio climático. Expertos de la Cátedra del Tajo defienden límites más estrictos, como 120 hectómetros cúbicos anuales, argumentando que “no se trasvasa lo que se quiere, sino lo que se puede”.
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El trasvase, en funcionamiento desde 1979, enfrenta la agricultura intensiva en Murcia y Alicante con el deterioro crónico del Tajo. La posición del MITECO, que contrasta con el compromiso de la secretaria de Estado Sara Aagesen en julio de 2025 de cumplir las sentencias, genera desconfianza en la cuenca cedente. Para las comunidades ribereñas y el Gobierno regional, este retraso -que algunos ven como un círculo vicioso de recursos pendientes que dilata indefinidamente el acatamiento- no solo incumple resoluciones judiciales firmes, sino que profundiza una crisis ambiental que afecta ecosistemas, desarrollo local y equidad territorial. El acatamiento de la ley no permite más demoras: el Tajo necesita su caudal vital de inmediato.
Sentencias
El Tribunal Supremo dictó la Sentencia núm. 515/2025 que refrenda la urgencia y legalidad de proteger el río Tajo, basándose en el derecho europeo y la Directiva Marco del Agua de la UE. La sentencia ordena garantizar los caudales ecológicos mínimos, con un agua suficiente para mantener el ecosistema tanto del cauce, como en su entorno, y anula el escalonamiento previsto para 2027 en el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, reforzando la protección de las masas de agua en zonas protegidas como la Red Natura 2000.
Además, exige la coordinación de la Confederación Hidrográfica con las comunidades autónomas para una gestión efectiva y sostenible. En consonancia con esta sentencia y las directrices basadas en el informe Cedex, la media histórica de 320 hm³ anuales para el trasvase bajaría a 248 hm³ en 2026 y a 193 hm³ en 2027. Para ello, se elevan los umbrales de los embalses de Entrepeñas y Buendía para declarar el Nivel 1 (pasando de 1.200 a 1.600 hm³), y se recortan los volúmenes automáticos en Nivel 2 (de 1.000 a 800 hm³) y Nivel 3 (de 800 a 600 hm³), buscando eliminar la discrecionalidad y favorecer la automatización del caudal ecológico.
No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo apunta a que no se trata de un acto político ni de una medida arbitraria, sino de la aplicación estricta del derecho europeo. Esta resolución, basada en una sólida jurisprudencia, obliga a garantizar los caudales ecológicos y a respetar la normativa europea, enfrentando las protestas a una realidad jurídica que impacta directamente en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Esta sentencia se suma a las resoluciones del Supremo de 2019, que ya establecieron la obligación de cumplir con los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua para evitar la sobreexplotación y proteger las masas de agua.
La resolución de 2025 refuerza esa línea, exigiendo incluir objetivos adicionales para las masas de agua en zonas protegidas, especialmente en la Red Natura 2000 de Madrid y Castilla-La Mancha, y ordena a la Confederación Hidrográfica coordinarse con las comunidades autónomas para garantizar una protección efectiva.