La ocupación, una lacra

 Un matrimonio danés, con casa en Mijas, llegó  a su segunda residencia malagueña y se encontró moradores en el interior. Acudió a la Guardia Civil y con incredulidad comprobó que no se les podía echar de allí porque llevaban un tiempo y además tenían que pagarles la luz y el agua como suministros básicos. Les dijeron que tendrían que ‘negociar’ con ellos. Situación rocambolesca- por desgracia mediática para España- pero no excepcional y es que la legislación española no protege suficientemente el derecho a la propiedad. Una persona que adquiere una vivienda, paga el IBI, el seguro y la comunidad de vecinos, no debería tener que instalar alarma, rejas o extremar precauciones para no perder su inmueble o pasar largo tiempo- lo que dure un proceso judicial- privado del mismo, con costes y costas. No cabe justificación. Otro tema es en el caso de promociones a medio terminar exigir a los propietarios su conservación y protección, vallando, tapiando… o poniéndolas en manos de alguna inmobiliaria para su gestión.

La sociedad civil está harta y reacciona creando plataformas como ‘Defiende Horche’ o juntándose ayuntamientos- hasta once del Corredor y la Campiña-para sumar fuerzas e instar a encontrar soluciones. El problema es la falta de voluntad política- incomprensible que haya hasta carga ideológica- para legislar permitiendo el desalojo inmediato o en el momento en que se detecte el allanamiento por las fuerzas de seguridad, convirtiendo en sujeto legitimado para denunciar a cualquier vecino del bloque afectado, no admitiendo altas en la luz a quien no es propietario o arrendatario…

El caso que nos cuenta un vecino de Horche, por ejemplo, de que los niños no pueden jugar en algunas calles porque les quitan el móvil, la bicicleta, les insultan, amenazan e incluso agreden es ya un extremo intolerable. 

No es justo meter en un mismo saco a quien no tiene una vivienda y por necesidad requiere de un techo donde cobijarse, a los que crean problemas a los vecinos por música alta, enganche de luz, ruidos, suciedad o hábitos molestos o a las mafias organizadas que alquilan o incluso venden lo que no es suyo a un tercero. Es cierto que hay distintos tipos de ocupación, algunas de extrema gravedad y otras que requieren de alquileres sociales o ayudas al derecho a la vivienda, pero ninguna tiene cabida en un Estado de Derecho en el que ha de primar la ley, la sanción a su incumplimiento y la protección a las víctimas de cualquier delito.