La UTE del servicio de ambulancias acumuló más de 210 quejas y casi 40 sanciones en la provincia

El servicio de transporte sanitario en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara acumularon un total de 922 quejas, 210 apercibimientos y 180 procesos sancionadores, razones que motivaron que el Gobierno de Castilla-La Mancha procediera a iniciar los trámites para dar por finalizado el contrato con la Unión Temporal de Empresas adjudicataria el pasado mes de octubre.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en sede parlamentaria, donde ha precisado que en Albacete son 149 quejas, 20 apercibimientos y 36 expedientes sancionadores; 558 reclamaciones, 140 apercibimientos y 106 expedientes en el caso de Ciudad Real; y en Guadalajara 215 quejas, 50 apercibimientos y 38 sanciones.

Fernández Sanz ha detallado que tanto a los apercibimientos como a las sanciones a la empresa adjudicataria se sumó el extremo de que la empresa empezó a "no colaborar prestando información", lo que también provocó la apertura de expedientes sancionadores.

La situación se volvió más difícil cuando la empresa difundió informaciones poco veraces al respecto de la renovación de la flota a la que estaba obligada como adjudicataria, lo que hacía que la calidad del servicio se pusiera "en peligro".

Con todo, la Consejería entendió que había motivos suficientes para resolver el contrato, y queda acreditado que "no se renueva la flota, sino que se encuentra envejecida", con el mal estado de los vehículos como causa de los fallos del servicio.

Se decide arrancar el procedimiento de resolución de contrato por las "incidencias reiteradas", y en este momento se están estudiando las alegaciones presentadas por la UTE adjudicataria.

Tras este procedimiento, según ha dicho Fernández Sanz, habrá que esperar un dictamen previo del Consejo Consultivo antes de que el Consejo de Gobierno pueda finiquitar totalmente el contrato.

Mientras tanto, la empresa seguirá prestando el servicio, y la intención es poner en marcha los mecanismos para adjudicar de nuevo a otra empresa la prestación de este servicio, lo que se espera formalizar en 2020 siempre y cuando no haya por parte de la empresa actual acciones judiciales que dilaten el proceso.

CS ACUSA AL GOBIERNO DE "DEJADEZ"

La diputada de Cs Úrsula López ha tomado la palabra en nombre de su grupo para criticar tanto el proceso de adjudicación del contrato como la prestación del servicio en sí misma.

"Esto tiene una repercusión grave en la prestación del servicio, y las personas más vulnerables son quienes lo sufren", ha lamentado la parlamentaria ciudadrealeña, quien ha acusado de "dejadez" a la Consejería por "no velar por el cumplimiento del contrato".

También ha reparado en el papel de los profesionales, "que se han visto sometidos a soportar" jornadas de trabajo en malas condiciones.

PP ALERTA DE QUE OCURRIRÁ EN MÁS PROVINCIAS

Por parte del PP, Juan Antonio Moreno ha alertado de que esta situación puede pasar también en las provincias donde operan otras empresas al margen de esta UTE, como Cuenca, al tiempo que ha lamentado que al sacar el pliego de condiciones no se exigiera una antigüedad máxima a los vehículos que prestarían el servicio.

El parlamentario albaceteño ha señalado que, si este Gobierno era consciente de que la empresa a la que ahora se va a rescindir el contrato postuló a la adjudicación "en fraude de ley", sería motivo "más que suficiente" para que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, dejara su cargo.

"Si ahora es todo tan urgente, ¿por qué no han seleccionado un nuevo contratista por el trámite de urgencia?", se ha preguntado Moreno, quien apunta a que "el más incumplidor de todos está siendo el Gobierno, que no hace frente a los compromisos adquiridos".

Con todo, ha pedido la rescisión y posterior adjudicación "urgente" de este servicio para "defender a trabajadores, pacientes y calidad del servicio".

PSOE RECUERDA LA SITUACIÓN HEREDADA

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha intervenido en el pleno para hacer memoria del "escenario diferente" asumido por el Gobierno autonómico del PSOE, que según ha dicho pasaba por "solo mejorar el servicio en aquellos puntos donde se quiso cerrar el servicio de urgencias nocturno".

Entonces, el PSOE "sacó un nuevo contrato que aumentó número de ambulancias, coberturas y trabajadores, mejorando todas las condiciones".

Esos nuevos contratos supusieron la subrogación de todos los trabajadores más la incorporación de 129 empleados más, además de conseguir la renovación de servicios como los de UVI móvil.

Tras recalcar las mejoras implicadas en el nuevo pliego, ha culpado directamente a la empresa adjudicataria en estas provincias, considerando que hay que resolver el contrato "con las máximas garantías" judiciales.