![](https://nuevaalcarria.com/img/2023/11/178607/extra_foto-1.jpeg)
Las entidades locales menores piden los mismos derechos que los ayuntamientos
En Castilla-La Mancha hay 42 Eatim (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio), 25 de las cuales pertenecen a la provincia de Guadalajara. Todas ellas tienen una escasa capacidad económica y dependen de los fondos trasferidos por los ayuntamientos de cabecera, salvo algunas excepciones en las que suscriben convenios.
Estos núcleos dependen en muchas ocasiones de la solvencia del consistorio al que pertenecen, salvo que tengan algún ingreso determinado procedente del aprovechamiento del monte público, basuras o agua, entre otros propios, que son escasos. Sin embargo, no perciben directamente el dinero procedente del IBI.
En 2005, el presidente de la Asociación de Eatim de Castilla-La Mancha, Agustín Bris Gómez, alcalde de Valdepinillos, Eatim de La Huerce, asumió su responsabilidad. Desde entonces lleva luchando para que se cambie la Ley 3/1991, de 14 de marzo, sobre Entidades Locales de Castilla-La Mancha, la más antigua de toda España. Debido a esta norma –prosigue– “las competencias que tenemos son mínimas”, con una ínfima capacidad recaudatoria, tan sólo el dinero que pueda proceder, en su caso, de los montes públicos (caza, setas o madera), montes comunales, cotos de caza, y otros aprovechamientos similares, así como basuras, alcantarillado y agua en el caso de los más privilegiados. Sin embargo, no perciben directamente el dinero procedente del IBI.
Pretenden que se cambie la normativa y procedimientos pertenecientes al Gobierno de la Nación y Junta de Comunidades. Algo que llevan pidiendo a distintos gobiernos nacionales y autonómicos desde hace casi 20 años a través de una decena de escritos.
Imagen de la última asamblea de la Asociación de Eatim de Castilla-La Mancha, celebrada en el Centro de San José de Guadalajara.
Y es que los fondos que suponen el grueso de las arcas de estas entidades locales de rango inferior a los ayuntamientos, que implican su garantía de supervivencia, deben, antes de recibirlos, pasar y ser administrados por estos ayuntamientos. Quieren, por ejemplo, una garantía legal con el objeto de poder recaudar el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los vecinos, que es el ingreso de mayor cuantía. A esto se añade otras gestiones del día a día, como licencias de obra.
Ingresos directos
Desde la asociación quieren que los tributos del Estado lleguen directamente a las Entidades Locales Menores, “no a través del Ayuntamiento de cabecera”. En los casos en los que la Eatim tiene suscrito un contrato con el consistorio de turno, se puede llegar a la transferencia del cien por 100 de lo recaudado. Por el contrario, por ley, perciben un mínimo del 60 por ciento, estipula la disposición legal, lo cual deja un amplio margen para la decisión del municipio del que dependen.
El problema radica en que estas entidades tienen que reclamarlo y se pueden producir –remarca– situaciones evitables si hay un cambio legal en las que, si los ayuntamientos no disponen de fondos suficientes, estos no sean transferidos, “cuando es un dinero que es tuyo”.
Y va más allá: “En el mejor de los casos, con acuerdos suscritos, es pan para hoy y hambre para mañana”. La ley no contempla situaciones que se producen cuando hay cambios en las alcaldías. “Por ejemplo –pone de relieve- ahora tenemos un convenio con La Huerce que funciona a la perfección, pero mañana salimos nosotros y cambian otras personas en el Ayuntamiento y a lo mejor no se ponen de acuerdo”.
La Huerce y Valdepinillos reúnen entre ambos a medio centenar de habitantes, repartidos mitad y mitad. Sin embargo, el último de los núcleos tendría menos capacidad administrativa de no ser porque tiene un convenio suscrito con la cabecera derivado de la buena voluntad de las partes y no de la normativa establecida. El caso de La Huerce es una excepción y pone de manifiesto la fragilidad administrativa derivada de la legislación vigente. Gracias a éste Valdepinillos goza de plenas competencias, debido a que se las ha cedido el pueblo de cabecera. Percibe un 75 por ciento de los tributos del Estado recaudados en la Eatim, así como el 100 por cien del numerito o del impuesto sobre tierras rústicas.
También la Eatim puede cobrar licencias de obra, de cala, enganche, etc. “Es decir –continúa- tenemos otorgadas todas las competencias del Ayuntamiento”. Los Planes Provinciales los recibe directamente la entidad, sin pasar por el Consistorio. “Queremos que esto pueda ser automático, por ley y que llegue a todas las Eatim”, sigue comentando.
“Tengo que dar las gracias a Diputación porque llevamos dos legislaturas que nos equipara en derechos a los pueblos con el mismo censo en cuanto a subvenciones”, remarca. Algo que supone un avance respecto a anteriores legislaturas, ya que, por ejemplo, “si había una subvención de 13.000 euros, a nosotros nos llegaba 9.000”. Pero igualmente depende de la Corporación provincial en activo, por lo que no hay garantía de futuro.
Sin embargo –insiste Bris- “queremos que, sea el porcentaje que sea, venga directamente a nosotros como Eatim, sin tener que pasar por el Ayuntamiento de cabecera”, afirma, y no dependa de la buena voluntad de la administración de turno. “Queremos un mismo trato por ley que quede plasmado para siempre”, pide.
Y ello depende de Castilla-La Mancha, “con un Estatuto de Autonomía que nos favorezca, como el de Extremadura, en el que los tributos del Estado llegan directamente a las Eatim extremeñas, que son equiparadas en la práctica a los ayuntamientos”.
Segregación
Cabría la posibilidad de que se segregaran de los ayuntamientos, pero para ello hay que tener una población de 5.000 habitantes, y 500 una pedanía para calificarse en Eatim atendiendo a la nueva Ley de Régimen Local de 2013, “con la que quisieron suprimir a todas las Eatim”, aunque en los casos que se ha producido no tienen capacidad jurídica.
Los alcaldes de estas entidades quieren poner de manifiesto también la importancia de que se tenga en cuenta de que existen, a la hora, por ejemplo, de convocar subvenciones públicas. Un ejemplo que tiene lugar ocasionalmente es que los descuidos que se producen en la redacción de las subvenciones, suponen un palo en las ruedas en la organización administrativa de éstas. “Es tan sencillo como poner ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia. Cuando se pone entes locales, lo único que hacemos es recurrirlo para decirles que existimos, aunque posteriormente se rectifica de forma automática”, ilustra. “Si eso lo dejamos pasar, nos quedamos sin ayuda”, prosigue. “Lo que queremos es que pongan siempre directamente Eatim y entes locales”, remarca.
Por tanto, sus reclamaciones pasan por la plasmación por ley de la equiparación a los ayuntamientos en cuanto a capacidad recaudatoria, así como la igualdad de criterios a la hora de la asignación de las subvenciones públicas. Asimismo, que los votos de sus vecinos depositados en las urnas sean gestionados por los alcaldes de las Eatim, y que estos no sean considerados pedáneos, es decir, que a la hora de constituir la Corporación no dependan de la asignación proporcional del Ayuntamiento de cabecera.
En definitiva, no quieren ser olvidados. Que se evite a toda costa que simples errores administrativos supongan un obstáculo a su gestión. Resulta simbólico que no puedan celebrar bodas civiles o que la transferencia de fondos tenga un margen entre el 60 y el 100 por cien de lo recaudado en cabecera. Creen que de ello depende su estabilidad futura.