Luz verde a la creación de estudios de 30 metros y a convertir locales en pisos para atajar la falta de vivienda

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una hoja de ruta en materia de urbanismo para dar respuesta a la acuciante demanda habitacional de la ciudad. La capital, tensionada por el fuerte aumento demográfico, la subida de precios y la inminente llegada de miles de estudiantes al nuevo campus universitario, se enfrenta actualmente a un mercado inmobiliario encarecido y a un suelo urbano prácticamente agotado. Ante este escenario, la alcaldesa, Ana Guarinos, el concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban y Blanca Causapié, técnico municipal, han detallado cuatro grandes líneas de actuación destinadas a incrementar el parque de viviendas y liberar nuevo suelo residencial e industrial.

Una de las principales novedades es la inminente aprobación de una nueva ordenanza para regular la transformación de locales comerciales en viviendas, una opción que ya ha registrado 105 solicitudes de licencia en el último año. La normativa actual, vigente desde 2004, era sumamente restrictiva y obligaba a que el acceso a estas nuevas viviendas se realizara exclusivamente por el portal del edificio, lo que requería la autorización de la comunidad de propietarios y, en la práctica, bloqueaba la inmensa mayoría de los proyectos. Con la nueva ordenanza, se eliminará esta traba y se permitirá el acceso directo e independiente desde la vía pública.

Esta actualización normativa también autorizará, por primera vez en la ciudad, la creación de estudios con un tamaño mínimo de 30 metros cuadrados. El objetivo es facilitar alternativas habitacionales más pequeñas y accesibles, pensadas fundamentalmente para el alquiler y la futura demanda de los universitarios. Para garantizar que no se generen infraviviendas, los técnicos municipales exigirán el cumplimiento estricto del código técnico: los inmuebles deberán ubicarse en planta baja o primera, nunca en sótanos, y contar con condiciones óptimas de ventilación e iluminación, además de una salida de humos hasta la cubierta.

Para equilibrar la creación de vivienda con la supervivencia del comercio de proximidad y la hostelería, la ordenanza prohíbe expresamente esta reconversión en los principales ejes de la ciudad, blindando el tejido comercial de zonas como la calle Mayor, Toledo, Amparo, La Carrera o el Paseo de las Cruces. El documento se encuentra actualmente en fase de enmiendas y está previsto que se eleve al Pleno municipal el próximo 29 de mayo para su aprobación inicial.

En paralelo, el Consistorio avanza en dos grandes documentos de planeamiento. Por un lado, el Plan Especial del Casco Histórico, que estará listo para su exposición pública de forma inminente. Esta herramienta flexibilizará las condiciones para edificar en el centro, buscando eliminar definitivamente el histórico problema de los solares vacíos y atraer nueva población y vida a la almendra central.

Por otro lado, se ha iniciado la tramitación del avance de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según ha explicado el concejal de Urbanismo, el anterior equipo de Gobierno no vio venir el problema de la falta de suelo y ahora es urgente ampliar las zonas de crecimiento para instalar empresas y asentar población. Aunque los obligatorios trámites medioambientales marcarán los plazos y la dirección final de esta expansión, se estima que esta modificación dotará a la ciudad de suelo suficiente para albergar unas 5.000 nuevas viviendas, mitigando una carencia global en el planeamiento que ronda los 10.000 inmuebles a futuro.

La estrategia se completa con el impulso a la vivienda protegida a través de la colaboración público-privada. Guarinos ha recordado que el Ayuntamiento es la única administración que ha comprometido recursos propios reales en este ámbito, cediendo el derecho de superficie de dos parcelas municipales por un plazo de 75 años. Esta aportación de suelo público permitirá que, antes del 30 de junio, estén calificadas 156 viviendas en régimen de alquiler asequible. Una medida a la que la alcaldesa sumó también la promoción en marcha de otras 403 viviendas de protección destinadas al régimen de compra.

Finalmente, respecto a las infraestructuras necesarias para acoger a los cerca de 4.000 alumnos vinculados al nuevo campus, la regidora ha revelado que el Consistorio propuso al Ministerio de Justicia la reconversión del antiguo edificio de los juzgados en una residencia universitaria. Pese a ser una ubicación idónea en pleno centro de la ciudad para dinamizar el casco, el Gobierno municipal lamenta no haber obtenido respuesta ni avances por parte del Ministerio tras los contactos iniciales mantenidos el año pasado.