Miles de personas se movilizan por la niña de Sigüenza que no quiere irse con su padre

Una campaña de recogida de firmas iniciada hace apenas dos días en Change.org ha reunido ya más de 2.200 apoyos en defensa de una niña de cuatro años que se niega a vivir con su padre biológico. La iniciativa, impulsada por su tía, Sara Cabra, busca hacer visible el “clamor popular” ante una decisión judicial que podría obligarla a dejar su hogar en Sigüenza (Guadalajara) antes del próximo 31 de julio.

La menor fue reconocida legalmente por su progenitor, D.A.S., tras el fallecimiento de su madre en un atropello en 2023. Desde entonces, ha vivido con su familia materna -su abuelo, su hermano mayor y sus tías- en un entorno que los informes de los servicios sociales de Castilla-La Mancha califican como estable e integrado. Asiste al colegio en Sigüenza y tiene allí su vida y amistades.

Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Arenys de Mar, cuyo auto está firmado por la jueza P.B.V., ha dictado la ejecución de una sentencia que impone la entrega de la menor al padre, con visitas progresivas supervisadas. El régimen establece encuentros en el punto de encuentro de Guadalajara y permite comunicación telefónica, aunque la familia denuncia que nunca ha llamado ni acudido con regularidad: de las nueve visitas previstas, solo se cumplió una.

“Mi hermana denunció a este hombre por malos tratos y obtuvo una orden de alejamiento. ¿Cómo se puede entregar a una niña que ni lo conoce ni lo quiere ver?”, plantea su tía, Sara Cabra.

En abril de 2022, los Mossos d’Esquadra registraron una de las denuncias por maltrato: constan insultos, vigilancia, amenazas, consumo habitual de alcohol y drogas, y partes médicos que describen lesiones. La familia está reuniendo toda esa documentación.

La niña sufre episodios de angustia ante la posibilidad de ser trasladada. “Tiene amigos, una rutina, una escuela, una familia que la cuida. ¿Por qué arrancarla de todo eso?”, se pregunta su tía. Mientras esperan respuesta judicial a su petición de suspensión, la familia pide una revisión urgente del expediente y apela a la conciencia de instituciones y ciudadanía. “La fe es lo último que se pierde”, concluyen.