Destapan otro riego ilegal en Murcia mientras Levante pide más agua del Tajo
La detección de nuevos regadíos ilegales en la Región de Murcia coincide de nuevo con el debate sobre el envío de más recursos desde el Trasvase Tajo-Segura. Esta vez, el foco está en Mazarrón, donde la Guardia Civil investiga la transformación en regadío de 47 hectáreas de secano sin autorización.
La actuación forma parte de la operación Land Change, integrada en el dispositivo nacional Zahorí y desarrollada con apoyo del SEPRONA. Los informes periciales cifran el daño ambiental ecosistémico en más de 2,9 millones de euros, una cuantía que se incorpora a la causa judicial como valoración técnica del impacto sobre el dominio público hidráulico.
Los datos son concretos: cambio de uso del suelo, captación irregular de agua y perjuicio ambiental medido económicamente. No se trata de una queja política, sino de hechos documentados por la investigación.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la operación Zahorí ha localizado 941 infraestructuras ilegales de agua en todo el país -principalmente pozos y sondeos- e investigado a 31 personas por distracción de caudales y daños a los recursos naturales.
La reiteración de actuaciones similares apunta a un patrón, no a episodios aislados.
Todo ello ocurre en una comunidad que depende en buena medida del agua que llega desde la cabecera del Tajo, almacenada en Embalse de Entrepeñas y Embalse de Buendía. El sector agrícola murciano defiende que esos aportes son imprescindibles para mantener la producción.
Sin embargo, la existencia de nuevas hectáreas regadas al margen de la planificación oficial introduce una tensión evidente en ese discurso.
Si la escasez es estructural, ampliar superficies sin derecho a riego incrementa aún más la presión sobre el sistema.
Desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que agrupa a los pueblos de la cabecera del Tajo, interpretan los datos en esa clave.
“En la cuenca del Segura no falta agua, sobra demanda”.
La entidad sostiene que el problema no es solo la cantidad disponible, sino el crecimiento continuado del regadío. “Hay agua para todos, pero no para todo”.
Su posición es que la agroindustria necesita límites y planificación, y que el aumento constante de superficie cultivada hace insuficiente cualquier trasvase. “No puede crecer eternamente a costa del agua del Tajo”, advierten.
El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente sanciones millonarias a comunidades de regantes murcianas por detraer agua cuando el trasvase estaba cerrado por sequía en el periodo 2017-2018. Son resoluciones firmes que refuerzan la idea de control sobre las extracciones.
Con este contexto, el caso de Mazarrón actúa como ejemplo concreto de un problema más amplio: mientras se reclaman más recursos externos, las autoridades siguen encontrando usos no autorizados dentro de la propia cuenca.