Dos informes de Greenpeace denuncian manipulación de los datos de agua y pozos ilegales en el Segura

La gestión del agua en España, especialmente en la cuenca del Segura, atraviesa una crisis profunda, según revelan los informes de Greenpeace La Trama del Agua y El Negocio del Agua en la Cuenca del Segura, junto a recientes filtraciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) destapadas por RRNEWS. “En un país con alto riesgo de desertificación, el agua, un recurso escaso, se ve amenazado por corrupción, manipulación de datos y priorización de intereses privados, dejando a pequeños agricultores, comunidades locales y ecosistemas al borde del colapso”, aseguran desde Greenpeace.

Greenpeace: Agua del pozo artesiano y surgente “Alhárabe”. Moratalla, Murcia.

En la cuenca del Segura, la organización ecologista denuncia desde hace casi dos décadas una “mafia del agua” que opera mediante pozos ilegales, desvíos de caudales y un mercado negro que beneficia a la agroindustria intensiva y al urbanismo especulativo. Los informes de la CHS confirman estas prácticas: entre 2014 y 2022, 29 de 96 meses analizados mostraron desviaciones superiores al 10% en los aforos, con errores técnicos absurdos como un -1.009% en datos horarios. Consumos negativos, ajustes manuales “a ojo” y existencias del trasvase Tajo-Segura infladas con aguas de dudosa procedencia, como los 245,4 hm³ registrados en 2020, evidencian una manipulación sistemática de datos hidrológicos. Esta opacidad, sin auditorías independientes, compromete la sostenibilidad hídrica y daña la confianza en las instituciones.

FOTO: GREENPEACE. Ejemplo de pozo de menos de 7.000 m3 para regadío de pequeñas parcelas de cultivos leñosos, no autorizados por la CHS durante los últimos 30 años (en contra de la Ley de Aguas). La Normativa del nuevo Plan Hidrológico del Segura 2015-2021 prohíbe expresamente estos usos. En cambio, en el resto de España si se pueden hacer.

La agricultura intensiva, que consume el 80% del agua en España, agrava la crisis. En Murcia y Almería, cultivos de alto impacto como el aguacate y sistemas de regadío obsoletos sobreexplotan acuíferos y ríos. El trasvase Tajo-Segura, lejos de ser una solución, ha enfrentado regiones y deteriorado ecosistemas como el Mar Menor, afectado por contaminación por nitratos y especulación urbanística. Casos como el de Acuamed, con contratos irregulares, reflejan cómo la corrupción permea el sector, mientras la privatización dispara tarifas y reduce inversiones en infraestructuras sostenibles. Embalses y canales alteran ríos, reducen la biodiversidad y, junto a vertidos agrícolas e industriales, contaminan aguas esenciales.

Gráfico de Greenpeace:

"Evolución de la superficie regable en la Cuenca del Segura. Fuente: Elaboración propia con datos de: La Confederación Hidrográfica del Segura -Plan Hidrológico 2009-201514, Plan Hidrológico 2015-202115 y en prensa16- (círculos azules); y del Centro Regional del Agua de Castilla la Mancha (CREA, 2007)17 en cuadras marrones. La variable R-cuadrado de la línea de tendencia es del 81%".

Greenpeace señala a “administraciones influenciadas por lobbies, empresas que se lucran con concesiones opacas y una ciudadanía limitada por la falta de transparencia”. Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace, califica las filtraciones de la CHS como un “punto de inflexión” y exige al Ministerio para la Transición Ecológica actuar con contundencia para restaurar la legalidad. Entre las soluciones, la organización propone una gestión pública y transparente, con organismos independientes, participación ciudadana y sanciones a contaminadores. También aboga por tecnologías de regadío eficientes, cultivos adaptados al clima, restauración de ecosistemas y el uso de aguas regeneradas para adaptarse al cambio climático, que intensifica sequías y reduce la disponibilidad hídrica.

En un contexto de colapso ecológico, Greenpeace urge tratar el agua como un derecho humano, no como mercancía, y llama a administraciones, empresas y sociedad a garantizar un futuro donde este recurso se gestione de forma justa y sostenible, protegiendo a las comunidades y al medio ambiente.