El 2026 comienza con más agua en el Tajo, pero el fin del trasvase sigue sobre la mesa

Guadalajara arranca el año 2026 con un nuevo escenario hídrico. Desde este 1 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha elevado el caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez hasta los ocho metros cúbicos por segundo. Esta medida, estipulada en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el ciclo 2022-2027, supone un avance en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y de las siete sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar caudales mínimos. Sin embargo, para los pueblos ribereños, este aumento es solo un paso intermedio hacia el cese definitivo de las derivaciones al Levante.

La exigencia de una lámina de agua estable

Para la Asociación de Municipios Ribereños, entidad que agrupa a las localidades del entorno de los embalses, el aumento del caudal es una victoria jurídica, pero insuficiente para la recuperación socioeconómica de la zona. La principal reclamación de este colectivo es la fijación por ley de una lámina de agua estable en Entrepeñas y Buendía. Según denuncian en sus estatutos y comunicados oficiales, la gestión histórica del trasvase ha impedido el desarrollo turístico de la zona al supeditar el nivel de los pantanos a las necesidades del regadío industrial del sureste.

La demanda de los ribereños se fundamenta en el Estudio de impactos socioeconómicos del Trasvase Tajo-Segura, donde se detalla cómo la incertidumbre hídrica ha lastrado la inversión y ha fomentado la despoblación en la Alcarria. Los municipios exigen que el agua permanezca en la cuenca cedente para asegurar un ecosistema saludable que sirva de motor económico local, una prioridad que la legislación actual comienza a reconocer frente al modelo de exportación masiva de recursos a Levante.

El contraste: la postura del regadío murciano

Frente a la defensa de la cabecera del Tajo, los intereses económicos del Segura mantienen una postura de rechazo frontal. Según recoge el diario La Opinión de Murcia, las organizaciones agrarias de esa región consideran la medida como un ataque a su sistema productivo. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha tildado el incremento del caudal de "medida injustificada", llegando a afirmar que los beneficiados serán "los portugueses, que estarán sorprendidos de ver cómo los españoles les entregan, sin problema alguno, miles de hectómetros hasta ahogarles".

Este argumento de los regantes ignora el mandato del Tribunal Supremo, que establece que la salubridad del río y su biodiversidad son derechos preferentes. Mientras en Guadalajara se pide agua para mantener el ecosistema y el desarrollo rural, el sector agrario de Murcia reclama el mantenimiento de un trasvase que nutre cultivos industriales en zonas de déficit hídrico, a menudo cuestionados por su sostenibilidad a largo plazo.

Un cambio en las reglas de explotación

La mejora de las reservas en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía también viene impulsada por la modificación de las Reglas de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. Según los datos técnicos de la planificación hídrica, en el Nivel 2 de reservas, la cantidad máxima a derivar ha pasado de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales. Este ajuste, sumado a la subida del caudal ecológico, genera un beneficio acumulado en los embalses de cabecera, consolidando un horizonte donde el trasvase sea, cada vez más, una excepción y no la norma. Desde la asociación ribereña no bajan la guardia y pretenden consolidar estos avances dentro del documento sobre el cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. 

Con este ciclo, ya en el debate público, la provincia se prepara para exigir que el agua deje de ser una concesión política y pase a ser el recurso básico para su propia gente. La meta es clara: que Entrepeñas y Buendía dejen de ser meros almacenes para el Levante y recuperen su identidad como el "mar de Castilla".