El rechazo al oro en la Sierra Norte de Guadalajara llega a los grandes medios nacionales

La preocupación creciente en la Sierra Norte de Guadalajara por las prospecciones de oro ha dejado de ser un asunto local para convertirse en una cuestión de alcance nacional. En las últimas semanas, medios como El Mundo, La Razón, Público, El Debate o El Plural han situado el foco en el centro de la actualidad, al hacerse eco de la inquietud expresada por ayuntamientos y vecinos ante varios permisos de investigación minera actualmente en tramitación. El enfoque común subraya un elemento clave: la reacción coordinada del territorio ha obligado a reforzar el control ambiental y a revisar el procedimiento administrativo.

La atención mediática se produce tras la publicación, en diciembre de 2025, de varias resoluciones administrativas relativas al permiso de investigación denominado Jara, enmarcado en un conjunto de solicitudes presentadas por la empresa Oroberia S.L.U. La resolución oficial, accesible a través del documento público de la Junta de Castilla-La Mancha, detalla trabajos de investigación -no de explotación- que contemplan sondeos de profundidad considerable en una amplia superficie de la Sierra Norte. A partir de ese momento, el asunto entra de lleno en el debate institucional y social.

Lo relevante no es solo el contenido del expediente, sino la respuesta que genera. Catorce municipios de la comarca -Atienza, La Toba, Pálmaces de Jadraque, Hiendelaencina, Bustares, Villares de Jadraque, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova, Ujados, Albendiego, Somolinos, Condemios de Arriba, Condemios de Abajo y Retortillo de Soria, en el área limítrofe afectada- manifiestan su preocupación y presentan alegaciones formales, un paso que modifica sustancialmente la tramitación.

La administración autonómica decide que los distintos permisos solicitados -conocidos como Gua, Dala y Jara- "no pueden evaluarse de forma fragmentada", sino como un único conjunto. Esta decisión técnica, adelantada por medios provinciales y asumida posteriormente en la cobertura nacional, implica un nivel de exigencia ambiental más elevado y explica el freno efectivo del procedimiento a comienzos de enero de 2026.

La dimensión institucional del asunto es destacada por La Razón, que subraya que "14 municipios desafían la estrategia minera vinculada a materias primas críticas", situando el caso en el contexto de los debates europeos sobre recursos estratégicos y transición energética. Desde otro ángulo, El Debate encuadra la situación dentro del resurgir de la minería metálica en España y del creciente rechazo social que suscita en zonas rurales con alto valor ambiental.

Las organizaciones ecologistas han reforzado esta posición. Ecologistas en Acción documenta cómo otros cuatro ayuntamientos se han sumado formalmente a las alegaciones, alertando de la proximidad de los sondeos a cauces fluviales y acuíferos. En paralelo, la plataforma IZCA se hace eco de una información de El Mundo e interpreta lo ocurrido como una expresión de madurez política del mundo rural, una lectura que ha contribuido a proyectar el conflicto más allá del ámbito provincial.

Alegaciones presentadas

Las alegaciones registradas por ayuntamientos, colectivos vecinales y organizaciones ambientales coinciden en señalar que los permisos de investigación solicitados no pueden considerarse actuaciones de impacto menor, pese a su carácter formalmente prospectivo.

En primer lugar, los escritos subrayan que el proyecto afecta a un territorio continuo de gran extensión, con sondeos de elevada profundidad, lo que obliga -según la normativa ambiental- a una evaluación conjunta y acumulativa de sus efectos. La fragmentación en varios permisos independientes es considerada por los alegantes como una estrategia administrativa que impide valorar el impacto real del conjunto.

Las alegaciones advierten también del riesgo para los recursos hídricos, al desarrollarse los trabajos en un área atravesada por cauces fluviales, zonas de recarga de acuíferos y manantiales que abastecen a los municipios y sostienen actividades agrarias y ganaderas. Cualquier alteración, incluso en fase de investigación, se considera difícilmente reversible.

Otro de los ejes es la afección a espacios de alto valor ecológico y paisajístico, con presencia de hábitats protegidos y especies sensibles. Los alegantes recuerdan que el territorio está vinculado a estrategias públicas de conservación y lucha contra la despoblación, incompatibles —a su juicio— con un modelo extractivo intensivo.

Desde el punto de vista socioeconómico, los ayuntamientos sostienen que el proyecto no ha acreditado beneficios reales para la población local, mientras que sí introduce incertidumbre sobre sectores consolidados como el turismo rural, la apicultura o la ganadería extensiva, pilares actuales de la economía comarcal.

Por último, las alegaciones insisten en la falta de participación pública efectiva en las fases iniciales del proyecto y reclaman que cualquier decisión sobre el subsuelo del territorio cuente con el consenso social e institucional de los municipios afectados.

Este conjunto de alegaciones es el que ha logrado, al menos por ahora, detener el avance del proyecto y la revisión de su enfoque. No se trata solo de oro, sostienen los municipios, sino de quién decide el futuro de la Sierra Norte y bajo qué modelo de desarrollo.