08/10/2021 / 18:05
Redacción


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Miles de personas no quieren que el agua de los pozos y el trasvase se utilice para matar al Mar Menor

Greenpeace señala que el "origen de la muerte de la laguna" es el Trasvase Tajo-Segura, porque el exceso de agua a través del acueducto conlleva un "desarrollo exponencial de la agricultura intensiva e industrial, basada en agrotóxicos"


Las organizaciones convocantes han valorado muy satisfactoriamente la multitudinaria asistencia a la manifestación por un Mar Menor Vivo, celebrada en Murcia.

 

Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, ANSE, FAVCAC, ADEPEMM, Colectivo SOS Mar Menor, Asociación Por un Mar Menor Vivo, Colectivo por la ILP y Banderas Negras han querido agradecer, mediante un comunicado, la participación a las más de 70.000 personas que ayer acudieron a la manifestación, "que fue muy reivindicativa y que demostró que la ciudadanía no aguanta más mentiras ni más inmovilismo institucional".

 

En un informe reciente Greenpeace señalaba que el "origen de la muerte de la laguna" es el Trasvase Tajo-Segura, porque el exceso de agua a través del citado acueducto conllevó un "desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas, que ha provocado la muerte de la mayor laguna salada de Europa".

Por ello, exige que se establezca un "trasvase cero a la zona" porque, de lo contrario, "no habrá vertido cero a la laguna y por tanto no habrá solución al problema". Además, Barea asegura que para salvar la laguna es preciso salvar también a la agricultura tradicional murciana.

Por otro lado, la ONG forma parte del frente de organizaciones que reclama la protección del Mar Menor en los tribunales. La organización ecologista se sumaba en 2020, junto a Ecologistas en Acción y ANSE, a la investigación judicial del llamado 'Caso Topillo', que investiga la degradación del Mar Menor por los posibles vertidos agrotóxicos a la laguna. Un caso que nacía en 2017 por la denuncia del por entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.

La causa, que se investiga en el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, investiga a 80 empresas agrícolas, a autoridades políticas y funcionarios como posibles responsables que podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental.


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