El acuerdo

Lo señalan las encuestas y los indicadores de la Unión Europea: la imagen de la justicia española se percibe como poco independiente y altamente politizada. Los ejemplos son innumerables, poco importa desde qué lado se haga el recuento. Miembros del Tribunal Constitucional con afinidad partidista, recompensas en función del color político, promociones con trasfondo ideológico… El bloqueo durante años de la renovación del CGPJ, violentando una norma constitucional, no es más que un caso entre otros muchos. Es por ello una buena noticia el acuerdo alcanzado entre los dos principales partidos que, tras la desaparición definitiva de Ciudadanos, ocupan el espacio central. Por primera vez en mucho tiempo, han aparcado sus irreconciliables diferencias para desatascar algo que, como se ha visto, no era tan complejo.

El acuerdo es, sin duda, positivo para Feijóo, que suelta el lastre que le dejara Casado por su incapacidad de liberarse de la presión mediática, aquella misma que acabó con él. Muestra así una imagen de hombre de Estado con habilidad negociadora y, sobre todo, puede dejar atrás las críticas que, con razón, le acusaban de incumplir la Constitución y someterse a terceros. Los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado año y de las recientes europeas confirman que su estrategia hasta ahora, la que pasa (¿pasaba?) por mirar más a su derecha que al centro, alcanzar acuerdos municipales y autonómicos con Vox y mantener un discurso frentista cerrado al diálogo y la negociación, lejos de hacerles crecer en porcentajes que le permitieran llegar a la Moncloa, al final han acabado reforzando el extremismo más radical, al que ha huido parte de su electorado. Si se radicaliza el discurso y hay opciones que lo representan mejor, el voto acudirá allí. Es de libro. También es positivo para Sánchez, que demuestra que puede negociar a izquierda y a derecha, y refuerza, como consecuencia de las actuales mayorías parlamentarias, el control de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional.

Pero no es todo tan sencillo ni tan automático. Analizando el acuerdo al que han llegado, observamos que los nombres elegidos para desembrollar la situación no son precisamente los más moderados, todo lo contrario, lo cual no anuncia que se imponga la sensatez sino, de nuevo, el uso partidista de las instituciones. Sería bueno que los jueces elijan a los jueces, pero para eso antes debería modificarse la forma de acceso a la judicatura. Acabar con las actuales oposiciones (y la preparación en negro que hacen algunos jueces), eliminar la discrecionalidad, evaluar profesionalmente los méritos adquiridos, acabar con el poder de las gremiales asociaciones profesionales… La justicia española necesita jueces independientes, imparciales y con alta competencia técnica. Ojalá sea ese el acuerdo al que se llegue algún día.