28/05/2022 / 15:20
Jesús de Andrés


Imagenes

El Bribón

La Constitución de 1978 sólo cita un nombre propio, el del rey Juan Carlos I, quien entregó su poder para que hubiera democracia a cambio de la legitimidad democrática que el texto constitucional le otorgó a él.


Que la monarquía tiene grandes enemigos en España es algo evidente. Algunos, los menos, por profundo convencimiento republicano, por desear una jefatura del Estado elegida en las urnas. Otros, concentrados en determinadas regiones, por oposición a España y a todo lo español: cualquier argumento es bueno si contribuye al desmoronamiento del Estado y a su estrategia independentista. El resto, por ese afán de estar en la indignación moral permanente, de ser los buenos en todas las películas. Si los motivos de republicanos e independentistas son fáciles de entender, da fatiga, y en ocasiones pudor, escuchar algunos argumentos de los amigos del exhibicionismo moral por su simpleza. Nuestro sistema político es una monarquía parlamentaria, como lo son algunos de los países civilizados más desarrollados del planeta, en la que el monarca desarrolla sobre todo funciones representativas y simbólicas. Ni es una monarquía absolutista, como las de oriente próximo, ni constitucional, como la Marruecos o Jordania, donde los reyes conservan altas cuotas de poder ejecutivo.

Las democracias son sistemas muy delicados que no se sostienen por la fuerza, la violencia o la coacción, sino por el consentimiento de los llamados a obedecer, por aquello que Guglielmo Ferrero llamaba el Genio invisible de la Ciudad: la legitimidad. La Constitución de 1978 sólo cita un nombre propio, el del rey Juan Carlos I, quien entregó su poder para que hubiera democracia a cambio de la legitimidad democrática que el texto constitucional le otorgó a él. Esa fue la clave de la Transición, algo que no parecen entender ni sus críticos a la totalidad, incapaces de reconocer sus méritos, ni sus incondicionales más fanáticos, negados para comprender la fragilidad del sistema, la necesaria honorabilidad que se le exige al Rey. Por ello sorprende sobremanera que algunos pretendidos defensores de la monarquía, quizá de manera inconsciente, sean quienes más contribuyen al descrédito de la institución aplaudiendo los numerosos errores cometidos por el rey emérito, disculpando sus actos ilícitos con argumentos que no van más allá del “y tú más”, que no vean que las regularizaciones merecerían cuando menos una explicación, que un miembro de la familia real no puede residir en una dictadura a expensas de sus sátrapas y que no puede venir ahora a decir que fija su domicilio fiscal en los Emiratos Árabes para evitar pagar impuestos. Ni su soberbia puede ser un argumento de opacidad para su fortuna ni la inviolabilidad que se le aplicó puede justificar la comisión de delitos.

Quienes pensamos que la mejor jefatura posible del Estado es la de Felipe VI no podemos dejar de asombrarnos por todos aquellos que tiran piedras contra su propio tejado. Con amigos que jalean el gamberrismo de don Juan Carlos haciéndose a la mar en el Bribón, contribuyendo al rápido descrédito de la monarquía, no hacen falta enemigos.


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