13/04/2019 / 13:29
Manuel Ángel Puga


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En busca del término medio

Antes del año 2007 nuestro Código Civil reconocía la postestad de los padres para “corregir razonable y moderadamente a sus hijos”. Algo necesario, sensato y justo. Sin embargo se suprimió. 


En los comienzos del Imperio romano la disciplina era muy severa. El “pater familias” solía ejercer con dureza el principio de autoridad sobre los esclavos y sobre sus propios hijos. Los castigos corporales eran severos y frecuentes tanto por parte de padres como de educadores, porque se buscaba forjar un pueblo fuerte y combativo. La disciplina romana estaba basada en el autoritarismo y en el castigo corporal, lo que no favorecía el nacimiento de unos criterios de autodisciplina, es decir, de esos criterios que uno mismo se forja y que le mueven a proceder con rectitud y responsabilidad.

Sin llegar a los extremos de aquella disciplina, yo recuerdo que en mi infancia tanto los padres como los maestros solían pegar. Incluso en ocasiones el castigo del maestro (bofetadas, tirón de orejas, palmetazos en las manos, etc.) era visto con buenos ojos por parte de los padres. No eran corrientes sus reclamaciones ante los maestros, y eso que muchas veces los castigos no se debían al mal comportamiento, sino a no saber la lección o a no haber hecho los deberes… Resulta evidente que este tipo de disciplina era pedagógicamente muy negativo, ya que no favorecía el nacimiento de unos criterios de autodisciplina, que es la meta a lograr para una buena formación. Aquello de antes era un extremo negativo, pero es el caso que ahora nos hemos pasado al extremo opuesto, igual de negativo. Ahora está penalizado pegar al niño cuando desobedece o hace algo malo. Nos hemos saltado el término medio que es donde está la virtud, el sentido de la justicia y la sensatez.

Todo esto viene a cuento por una sentencia que hace poco ha emitido la Audiencia Provincial de Pontevedra. Ya han surgido comentarios y críticas por doquier. Los hechos se remontan al pasado año, pero ha sido ahora cuando se ha emitido sentencia condenatoria contra una madre que, en un momento de nervios, dio un par de bofetadas a su hija de 10 años, porque no quería ducharse. Al parecer, los padres están separados y fue el ex cónyuge quien formuló la denuncia. La Audiencia condenó a la madre a dos meses de cárcel y a permanecer alejada de su hija durante seis meses. Cierto que, como carece de antecedentes penales, la cárcel le será conmutada por trabajos comunitarios.

Conviene recordar que antes del año 2007 nuestro Código Civil reconocía la potestad de los padres para “corregir razonable y moderadamente a sus hijos”. Algo necesario, sensato y justo. Sin embargo, durante el gobierno de Zapatero fue suprimida dicha potestad. Aquí está la raíz del problema, porque no se buscó el término medio, sino que se pasó al extremo opuesto. Lo acertado hubiera sido buscar el término medio y huir de los extremos. La solución a los problemas de disciplina no suele estar en los extremos, es decir, en los castigos corporales indiscriminados  o en la total permisividad. Ni una cosa ni la otra.

Sentencias como la emitida por la Audiencia de Pontevedra no ayudan a buscar ese justo término medio que tanto está necesitando nuestra sociedad. Y no ayudan porque los tribunales de justicia conocerán muy bien el Código Penal y el Código Civil, pero desconocen los criterios que se deben aplicar para una correcta actuación pedagógica y para el nacimiento de la autodisciplina en el menor. Los jueces no son pedagogos. No es bueno un criterio que lleve a niños y adolescentes a sentirse prepotentes e intocables ante padres y educadores.  Esto es algo muy negativo desde el punto de vista pedagógico, porque creará serias dificultades a la tarea educativa.

En este sentido, el Magistrado José Luis Requero dice algo que los jueces deberían tener presente a la hora de emitir sentencias como la emitida por la Audiencia Provincial de Pontevedra. “Por muy desaconsejable que sea la bofetada – precisa Requero – no parece muy acertado que, con unas generaciones cada vez más desbocadas, metamos al Código Penal como guía de las relaciones familiares; ni que se merme aún más la autoridad de los padres, ya de por sí difícil de ejercer, ni que dependan del sentido pedagógico de jueces que generalizan a base de casos patológicos, ni que los padres vivan bajo la amenaza de la denuncia del ex cónyuge o del hijo manipulador” (La Razón, 19-3-2019). Unas palabras razonables y sensatas que no deberían ser olvidadas en un momento como el actual, marcado por la crisis familiar, por la crisis educativa y por la ausencia de valores. 


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