Movilidad
Tres años estuvo José Luis Ábalos como ministro de la cosa: primero de Fomento y después, cuando se le cambió el nombre, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ahí es nada. Otros tres años Óscar Puente, nombrado en noviembre de 2023.
Dos de los ministros, de todos los que han formado parte de los gobiernos de Pedro Sánchez, que más –que no mejor– recuerdo dejarán. Incluso el más forofo estará conmigo en que en el nombramiento de ninguno de ellos primó un criterio técnico, ni la experiencia de gestión en el área. Se llame como se llame, el de Fomento o Transportes es un ministerio de los importantes. No sólo por el enorme presupuesto que tiene, que también, sino porque entre sus competencias están las carreteras, los puertos y aeropuertos, y los trenes, de tan funesto presente.
En los últimos ocho años, coincidiendo con el mandato de Sánchez, pero sin relación con ello, me ha tocado viajar por toda España de manera permanente. Tanto es así que esta columna que leen ha sido escrita en pleno vuelo, sin bajarme del avión que me regresa de Gran Canaria, compungido aún por las recientes imágenes, todavía vivas, del accidente de Toledo. He cogido el AVE a todas las estaciones posibles, y no una sino varias veces al mes. Al igual que me ocurrió cuando el accidente de Adamuz, hace apenas una semana pase por el trayecto accidentado. Qué importante es el azar en nuestras vidas, un continuo del que no somos conscientes, pero qué valioso es un buen servicio para evitar situaciones de riesgo. En todo este tiempo he sido testigo de cómo ha menguado la calidad del transporte público –y del privado, si hablamos de la conservación de las autovías–. En el caso del AVE, los retrasos, la falta de información, los anuncios de vías en el último momento, las estaciones llenas de trenes que no caben o las carreras para llegar a conexiones imposibles han sido la tónica.
En un contexto así, de falta de mantenimiento, de desborde, de anquilosamiento de los sistemas de seguridad, de improvisación constante, los accidentes eran cuestión de tiempo. Si a ello añadimos la llegada de empresas privadas, como Ouigo e Iryo, que han saturado unas líneas creadas hace décadas, como la de Sevilla, o la corrupción en las contrataciones denunciada por la IGAE y penada en los tribunales, con Koldo negociando las adjudicaciones de Adif… ¿qué podría salir mal? No hay derecho a que los ciudadanos tengamos que estar temerosos a la hora de movernos libremente por falta de seguridad. Alguien debería pagar por ello. Y pronto.