Radiografía de la discriminación: El muro de la vivienda

Tener las llaves de una casa es, para cualquier familia, el inicio de un proyecto de vida, el pilar sobre el cual se construye la autonomía y la seguridad. Sin embargo, para cientos de personas migrantes y refugiadas en nuestro país, ese gesto cotidiano se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por la exclusión y el prejuicio. Coincidiendo con este 21 de marzo de 2026, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la organización Accem ha lanzado una alerta necesaria: la vivienda se ha consolidado como uno de los principales focos de discriminación en España, un escenario donde la alta competencia y los precios desorbitados expulsan con mayor saña a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A lo largo del pasado año 2025, el personal de la entidad atendió un total de 358 incidentes relacionados con la discriminación a través de sus programas de acompañamiento. No se trata solo de cifras en un informe, sino de relatos de denegación de servicios, trabas en el empleo o barreras en la salud, aunque es en el mercado del alquiler donde la barrera se vuelve más opaca y dolorosa. La discriminación que sufren las familias refugiadas no siempre es frontal; a menudo se disfraza de "excusas" administrativas, de viviendas que de repente ya están reservadas o de requisitos financieros que parecen diseñados específicamente para ser inalcanzables. Desde Accem insisten en que garantizar un hogar digno no es solo una cuestión de asistencia social, sino un ejercicio de derechos humanos que el sistema actual está fallando en proteger.

En nuestra región, la respuesta a esta problemática tiene nombres y apellidos a través del Proyecto de Vivienda para la Inclusión en Castilla-La Mancha, que desarrolla su actividad en las provincias de Albacete y Guadalajara. Esta iniciativa trabaja en tres frentes críticos para equilibrar la balanza: el asesoramiento jurídico ante cláusulas abusivas, la mediación directa con propietarios y la sensibilización de las inmobiliarias para que el mercado local sea, de una vez por todas, inclusivo. La realidad es que, según los datos del CEDRE (Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica), la vivienda ya ocupa el cuarto puesto en el ranking de ámbitos con más incidentes registrados a nivel nacional, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos ejercicios.

Esta radiografía del rechazo evidencia que la responsabilidad es compartida. No basta con la labor de entidades como Accem, que en 2025 gestionaron 172 casos a través de su Servicio de Asistencia a Víctimas y otros 186 episodios en programas de prevención y delitos de odio. La eficacia del derecho fundamental a la no discriminación exige un compromiso firme de la sociedad civil y el impulso de políticas públicas que dejen de ver la vivienda como un activo de competencia salvaje y la recuperen como el derecho humano que es. Solo así, el 21 de marzo dejará de ser una fecha de denuncia para convertirse en una celebración de la convivencia real en nuestros barrios.